Pese a estar inmersos en la coyuntura y en la implementación de medidas paliativas de la crisis económica agudizada por el Covid-19, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo empezaron a mirar más allá en el tiempo con foco en un tema particular: asegurar la producción de gas natural a mediano plazo.
La oferta del hidrocarburo —que explica un 52% de la matriz energética del país— es la piedra basal de la balanza comercial energética. Cuando faltó gas, como en 2013, esa balanza cerró un rojo de US$ 6902 millones por la importación de más de 100 barcos de GNL.
Para no repetir esa historia, desde hace varias semanas funcionarios de la cartera que dirige Matías Kulfas discuten internamente cómo reactivar la perforación de pozos de gas, que está casi paralizada. En el primer trimestre del año se perforaron sólo 10 pozos con objetivos de gas, contra 47 en el mismo período de 2019.
La búsqueda del mejor instrumento para promover la inversión parte de una premisa: la necesidad de desacoplar los precios del gas en boca de pozo de las tarifas que pagan usuarios residenciales y PyMEs. Se asume una visión realista: en un contexto de pandemia como este, es muy difícil avalar económicamente y conseguir validación política para aumentar las tarifas domiciliarias, que en los hechos están congeladas desde abril de 2019. Desde entonces se licuaron por la devaluación —el dólar pasó de 41 a 67 pesos— y se reducirán más al ritmo mensual de la depreciación del tipo de cambio.
De poco sirve, en esa praxis, realizar una licitación entre productores, distribuidoras y Cammesa para determinar el precio en dólares del gas. Arrojará un valor —se estima superior a los US$ 3 por millón de BTU— que no podrá trasladarse a las tarifas, dado que al menos por un tiempo seguirán en los mismos valores que tienen hoy.
- Ese es el problema que acarrea realizar una subasta en bloque entre petroleras, por un lado, y distribuidoras y Cammesa, por el otro, tal como propone el interventor del Enargas, Federico Bernal, con la venia de las gasíferas.
Así al menos lo entienden fuentes cercanas al Ministerio de Desarrollo Productivo consultadas por EconoJournal. Más allá de todo, lo concreto es que el ente regulador no posee la facultad regulatoria para negociar mecanismos de fijación de precios de gas con las petroleras.
El vicepresidente de Gas de una petrolera, que participó el lunes de la reunión videoconferencia con Bernal, lo puso en estos términos: “La subasta (que propone el Enargas) va a arrojar un precio que no les va a gustar (por lo alto), por lo que no van a querer trasladarlo a tarifa. Lo que va a suceder, en respuesta, es que nos van a planchar el precio, por lo que se reducirán las inversiones en los yacimientos. Habrá más importación de GNL y el costo será para todo el país, porque habrá que destinar dólares que no tenemos a la compra de un recurso que podríamos producir localmente”.
¿Qué está evaluando el gobierno?
Las fuentes consultadas advirtieron que la materialidad del proceso económico-político, que impide la suba de tarifas, no deja otra alternativa que inyectar recursos del Tesoro para evitar que la oferta de gas decline el año que viene. Un 45% de la producción nacional del hidrocarburo proviene de yacimientos no convencionales, que declina entre un 15% y un 30% anual. Si no se empiezan a perforar nuevos pozos durante el segundo semestre, en el invierno de 2021 será necesario importar más cargos de GNL y hasta tal vez traer nuevamente el buque regasificador de Bahía Blanca. Los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo están al tanto de esa realidad.
Lo complejo es definir cuál es el mejor instrumento para reactivar la inversión de los principales productores, con YPF a la cabeza. Pero cada vez está más claro que el Estado deberá blindar en el tiempo —a través de subsidios— un precio competitivo en dólares que cubra el costo de reposición real de nuevos desarrollos de gas. Sin un paraguas de ese tipo que resista eventuales devaluaciones a futuro, es difícil que las petroleras decidan retomar la perforación.
0 comentarios
La ley del gas 24076 define la contratación libre entre productores y distribuidoras y un control y validación de esos contratos por el ENARGAS para el posterior traslado a tarifas. Nada dice de la intervención del Estado proveyendo gas. La obligación de asegurarse el suministro es de las distribuidoras. Los controles y congelamiento solo llevan a falta de oferta por cortes de producción. Si quieren regular todo, entonces obliguen a YPF que producir todo el gas necesario. Pero importar LNG para cubrir la demanda de base es un castigo a todos los argentinos que pagamos impuestso y un camino abierto hacia nueva corrupción en las compras.
El estado tiene la obligación de desdoblar el consumo y proveer gas a los hogares a una tarifa conveniente no dolarizada y con costos reales, los privados que provean industria y produccion a un costo que tendrán q negociar con los clientes!
No existe conflicto entre por un lado querer sostener la oferta con un su subsidio y por el otro organizar licitaciones o mecanismos basados en reglas de mercado como son las subastas. En realidad podrían ser perfectamente complementarios. Y, de hecho, sería preferible que así fuera. Esto es así por lo siguiente. El problema que se enfrenta, que ha sido modelado en papers, surge del hecho de que va a existir una brecha entre el precio mínimo que está dispuesto a aceptar la oferta y el precio máximo que está dispuesta a pagar la demanda. Pero esos dos valores, para que la solución sea costo efectiva, deben ser como se dice los valores «mínimo» y «maximo» respectivamente. En vez de que eso se determine en un escritorio, se puede organizar una subasta que permuta «descubrir» de modo transparente cuáles son esos valores. En definitiva cual es el subsidio adecuado. Esto no debería causar aversion al riesgo (de reversión regulatoria) por parte de los productores porque existe un mecanismo de subsidio explícito que va a garantizar el precio que los productores ofrecen. Desde un punto de vista de eficiencia dinamica, este sistema de subasta con subsidio facilitaría la opción a futuro de converger a un mercado de subasta sin subsidio. Hacerlo en modo «finger-economics» es decir a dedo va a ser más difícil de revertir porque además no vamos a saber nunca cuan lejos van a estar los precios de demanda y oferta.
Los porcentajes de aumentos fueron extremadamente altos es solo mirar los balances naturgy ban sa distribuidora de gas de la pcia zona norte ganacias netas periodo 2019 fue de 3649 millones si si leyó bien 3649 millones
TGN transportadora de gas del norte mas de 4000 millones por ejemplo . Necesitan aumentar mas las tarifas?
Somos un pueblo incomprensible aumentan 50 % el pan y se quejan todos aumentan 3000% el gas y no dicen nada y lo que es peor hay gente que o defiende sin ver los balances