La destrucción de valor en la industria energética por la expansión del virus COVID-19 se mide en tiempo real. Es inviable –y hasta fútil– pronosticar en términos cuantitativos cuál será el impacto real de los acontecimientos históricos de alcances aún desconocidos. Sin embargo, la excepcionalidad del fenómeno queda de manifiesto cuando se observan cambios paradigmáticos. «El gran acuerdo petrolero con OPEP+ está hecho. Esto salvará cientos de miles de puestos de trabajo en el sector energético de EE.UU.», tuiteó Donald Trump el viernes 9 de abril. ¿Quién hubiera vaticinado que el presidente norteamericano sería el portavoz de un acuerdo para cortar la producción de petróleo con Rusia y Arabia Saudita? ¿Quién hubiera anticipado que el líder de la cuna del libre mercado iba a festejar la colusión entre los principales jugadores de la poderosa industria hidrocarburífera? Trump llegó incluso a discutir con Justin Trudeau, su par de Canadá, la reimposición de aranceles a la importación de petróleo y gas por primera vez en 40 años. Desde el Gobierno de Ronald Reagan en los 80 que no se aplican instrumentos de ese tipo. El coronavirus legitimó pragmatismos impensados para navegar en un mar de urgencias que recrudece. 

En la Argentina, la agenda de prioridades se transfigura a ritmo furioso. Los objetivos sobre los que se discute son desestimados casi sin darse cuenta porque pierden sentido en una realidad que se desmorona. A principios de marzo empezó a debatirse en el Ministerio de Desarrollo Productivo la implementaación de un acuerdo de precio sostén del petróleo en el mercado interno para defender actividad y puestos de trabajo. Pero tras los primeros días de cuarentena obligatoria, que derrumbó la venta de combustibles y por consiguiente de petróleo, las negociaciones por el barril criollo se dilataron. ¿Cuál es el sentido de negociar con la industria un acuerdo para mantener determinado nivel de inversión o actividad si el 80% de los trabajadores petroleros está en su casa aislado por decisión del Gobierno? Lo aconsejable, parecería, es ganar tiempo hasta contar con mayor visibilidad. Lo mismo aplica para el mercado del gas. Hasta antes de la pandemia, el Ministerio de Desarrollo Productivo trabajaba, no sin resistencias internas en las filas del propio Gobierno, en el lanzamiento de una licitación anual para que distribuidoras y generadoras eléctricas compren en conjunto –con la intermediación de Cammesa– el volumen de gas necesario para abastecer a los hogares y al parque termoeléctrico. La nueva conducción del Enargas, que encabeza Federico Bernal, quiso correrse de esa idea y ordenó a las distribuidoras que salgan a contratar gas cada una por su cuenta hasta el 31 de marzo. La iniciativa, un tanto disparatada y de eficacia dudosa, finalmente fue desestimada. ¿Es posible contratar gas a mediano plazo en un contexto excepcional que provocó una caída de la demanda de gas cercana al 30% desde que se decretó la cuarentena? Evidentemente, no. Las urgencias pasan por mantener el barco a flote en medio del vendaval.   

Ruptura de la cadena de pagos

La principal preocupación de los funcionarios del área energética es preservar la cadena de pagos. La cuarentena obligatoria y los errores políticos y de comunicación del Gobierno –que primero filtró que la interrupción en el corte de servicio para deudores de tres facturas alcanzaría a todos los usuarios– derrumbaron la cobrabilidad de las distribuidoras de gas y electricidad. A mediados de abril, solo 4 de 10 clientes domiciliarios habían pagado sus facturas. La morosidad entre Pymes e industriales medios es más alta aún. 

Fuentes de Cammesa, la empresa que planifica el despacho eléctrico, explicaron que el objetivo, súper ambicioso, es lograr que un 50% de las distribuidoras pague la energía que toma del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Hoy, tras las primeras cuatro semanas de cuarentena, la cobrabilidad se ubica en torno al 20%. «El departamento de Cobranzas (de Cammesa) va a tener que trabajar mucho para llegar al 50%. El nivel de pago de las facturas es muy bajo y las distribuidoras van a priorizar la cancelación de sueldos y gastos fijos antes que abonar la energía que consumen», admitieron desde una empresa eléctrica. 

El presidente de una distribuidora gasífera siguió la misma línea. «Hasta ahora (15 de abril) pagó su factura solo un 30% de los usuarios. Para cubrir los salarios de nuestros empleados precisamos un 36%. Será difícil pagar el gas a los productores», se sinceró. 

Aguas abajo, las petroleras saben que en los próximos meses se agudizará su rol de financista de última instancia del sistema. No solo las distribuidoras incumplirán sus compromisos (en abril pagaron apenas el 15% del gas que compraron). Cammesa también tiene problemas para cancelar sus obligaciones en los tiempos previstos. Abonó solo un 22% de la factura en un primer pago. IEASA (ex Enarsa) enfrenta una situación similar.

Las petroleras aspiraban a cobran parte de otras acreencias que tienen con el Estado. Es el caso, por ejemplo, de las compensaciones económicas que prevé la Resolución 46/2017 del Ministerio de Energía. Desde el cambio de Gobierno, el Estado dejó de pagar los subsidios a los productores que inyectan gas desde yacimientos no convencionales. Las empresas venían trabajando con la Secretaría de Energía con vistas a empezar a regularizar los pagos a partir de abril, pero frente a este escenario los privados admiten que las probabilidades de que eso suceda son muy bajas. «Los fondos del Tesoro seguramente se redireccionarán a Cammesa para cubrir los costos del sector eléctrico», aceptó, resignado, el gerente comercial de una petrolera. 

Sin actividad

La perforación de pozos está suspendida desde que comenzó la cuarentena, el 20 de marzo. Todos los equipos de drilling están parados, al igual que la gran mayoría de los workover. Solo quedaron activas algunas unidades de pulling emplazadas en campos estratégicos. A partir del lunes 20 de abril se empezó a retomar la actividad en algunos yacimientos de Neuquén. Pero hoy es imposible saber cuál será el nivel de actividad que tendrá la Argentina una vez que la cuarentena se empiece a flexibilizar. Con el Brent por debajo de los u$s 30 –incluso después del histórico acuerdo de la OPEP+ y EE.UU. para recortar la producción mundial de petróleo en un más de 10 millones de barriles–, la ecuación económica para extraer petróleo de Vaca Muerta está en rojo. Hoy no es un problema porque el consumo de crudo se desplomó como efecto de la cuarentena. Las ventas de naftas cayeron un 80% en abril. Tanto que las grandes refinerías del país comenzaron a frenar totalmente sus plantas. Hoy operan al 30% o 40% de su capacidad instalada, al límite operativo por cuestiones de seguridad. En YPF proyectaban una recuperación para mayo, pero con la extensión del aislamiento habrá que esperar. «Calculábamos que la demanda en mayo sería un 40% inferior que la de febrero. En junio proyectábamos que será un 25% inferior. Pero hoy el escenario es más sombrío», indicaron. 

Problemas asociados

La exportación de petróleo y el cierre de pozos constituyen la única alternativa para palear la situación. No será sencillo. El crudo Medanito, que se extrae en la Cuenca Neuquina, no se exporta desde hace casi 20 años. Cuando sondearon el mercado, a las petroleras con activos en Vaca Muerta se les puso cuesta arriba el relevamiento comercial. El precio de compra que recibieron fue bajísimo. «Sobra petróleo en todos lados. El mejor precio que conseguimos fue Brent menos un descuento de u$s 18», comentaron desde una petrolera. Bajo ese esquema, las petroleras que exportaron terminarán recibiendo un precio neto entre u$s 10 y 15 dólares por barril. 

La destrucción de valor en el negocio petrolífero genera, además, un efecto secundario en el mercado de gas. Además del cierre de pozos de crudo que se registró en abril –YPF, por ejemplo, bajó la mitad de los pozos de Loma Campana, su mayor desarrollo de shale oil–, la producción de gas se ve afectada porque buena parte de los pozos cerrados de petróleo traen gas asociado. 

En la antesala del invierno, no es un tema para pasar por alto. Y menos si los problemas físicos para evacuar crudo, gasolina y condensados complejizan aún más la situación. «Si el consorcio que opera el offshore de Tierra del Fuego (liderado por Total) no logra colocar su producción de petróleo Hydra que viene asociado al gas (antes se lo vendía a la refinería de Raízen), tendrá que bajar su oferta de gas. Hay varios millones de metros cúbicos diarios de gas que se perderán por no poder evacuar los líquidos asociados», explicó el director de Gas de una petrolera con base en la Cuenca Austral. Se estima que, a nivel nacional, podrían perderse unos 15 ó 20 MMm3/d de gas por el cierre de pozos de petróleo y por la incapacidad física de evacuar condensados y líquidos asociados, como sucede en el offshore de Tierra del Fuego. 

Son escenas impensadas de una pandemia que en abril transformó de manera radical la fisonomía de la industria energética. ×

En primera persona

TRAMA entrevistó a tres altos ejecutivos para transmitir un análisis de primera mano del impacto de la pandemia del COVID-19 en los distintos segmentos de la cadena de valor energética. A continuación, los testimonios de Martín Genesio, titular de la norteamericana AES, uno de los cuatro grandes jugadores del mercado de generación de energía; Ricardo Torres, presidente de Edenor, la mayor distirbuidora eléctrica del país; y Alejandro Macfarlane, principal accionista y presidente de Camuzzi, la distribuidora que más gas despacha en el país. 

Martín Genesio (AES) 

«Es fundamental sostener las cadenas de pago durante la tormenta inyectando dinero donde sea necesario»

Las distribuidoras eléctricas publicaron un comunicado en el que remarcan la importancia de intentar mantener
la cadena de pagos en el sector. ¿Cómo afecta esa situación a las generadoras?

—El sector, como cualquier otro, necesita mantener su cadena
de pagos. En el segmento de generación, la importancia de mantener la cadena de pagos es radical, ya que es el último eslabón. Si esa cadena de pagos se rompe, el sector de generación estaría financiando parte de la cadena hacia abajo, lo cual es, primero, injusto, y segundo, impracticable en este contexto. Es fundamental que los actores del sector y las autoridades nos aboquemos a mantener la cadena de pagos. 

Frente a una crisis inédita como esta, ¿qué tipo de medidas de contingencia implementó AES?

—En AES nos hemos preparado desde hace años para una situación como esta. La empresa está altamente digitalizada, con lo que todas nuestras tareas administrativas y no esenciales para la operación se están haciendo en modalidad home-office incluso desde una semana antes del dictado
de la cuarentena obligatoria. Respecto de la operación, nuestros héroes (personal operativo de las plantas) trabajan
en turnos mínimos bajo un estricto protocolo de higiene y seguridad. Hay que prestarle toda la atención a este punto en particular; la salud, higiene y seguridad de nuestros operadores de planta es absolutamente lo más importante y relevante, tanto para ellos como para nosotros y para el sistema eléctrico. 

Asumiendo que una crisis tan profunda como esta provocará una significativa destrucción de valor en la industria energética, ¿qué visión se puede aplicar en la Argentina para intentar mitigar la pérdida de valor? 

—En una crisis como esta, habrá pérdida de valor. Es muy difícil no sufrir esa pérdida mientras dure la tormenta sanitaria, pero se pueden aplicar visiones que permitan mitigar, o incluso ganar valor cuando esta pase. Mi visión radica en que es fundamental sostener las cadenas de pago durante la tormenta inyectando dinero donde sea necesario. Una vez salidos de ella, la estrategia debería incluir una esterilización en el tiempo de ese dinero inyectado para evitar un espiral inflacionario. Respecto de las prioridades a defender, seguramente cada actor de cada sector sienta que lo suyo es prioritario, y es entendible que así sea. Más allá de eso, creo que la prioridad general radica en la salud de la sociedad, y en nuestro sector en particular vuelvo a poner como prioridad la cadena de pagos, donde un rompimiento de esta complicaría mucho el escenario.

Ricardo Torres (Edenor)

«La cuestión tarifaria quedará para cuando superemos la coyuntura de la pandemia»

A fines de marzo, Adeera, la asociación que nuclea a las distribuidoras, publicó un comunicado en el que remarca la importancia de intentar mantener la cadena de pagos en el sector. ¿Cómo impacta esa situación en el caso de Edenor?

—Creemos que es muy importante, como dice el comunicado de Adeera, que aquel que pueda pagar lo haga. No solo estamos preocupados por la operación de la compañía, sino también por las más de 500 Pymes que son proveedoras de Edenor y las más de 10.000 familias –entre empleados y terceros– que dependen de la empresa. Comprendemos que hay dificultades por los cierres de bancos y otros lugares de pago, y también gente que tiene problemas de ingresos irregulares que no están percibiendo. Para ellos, el Gobierno determinó ciertos beneficios que nosotros hemos ampliado, dado que no nos resulta fácil identificar a estos beneficiarios y preferimos que ante la duda se le aplique a más gente. Pero insisto en que una parte importante de nuestros clientes está en condiciones de pagar y debe comprender que en las actuales circunstancias
es una actitud solidaria hacerlo.

Frente a una crisis inédita como esta, ¿qué tipo de medidas de contingencia implementó Edenor? ¿A qué aspecto de la operación hay que prestarle más atención en este momento?

—Además de asegurar la continuidad en las condiciones de seguridad que impuso la pandemia para nuestros equipos técnicos, buena parte del plantel está cumpliendo tareas desde sus casas a través de la modalidad de «home work» o teletrabajo. También hemos puesto el foco en la ampliación y refuerzo de las plataformas digitales para que todos nuestros clientes puedan seguir en contacto con nosotros canalizando sus necesidades de trámites, consultas y pagos a través de edenordigital.com y/o la App para telefónia móvil. Pero quiero aprovechar su pregunta para agradecer a todos y cada uno de nuestros empleados y contratistas que realizan tareas consideradas esenciales y salen cada día a mantener, reparar
y operar la red para que las 10 millones de personas que viven en nuestra zona de concesión puedan hacer su cuarentena o aislamiento con el servicio eléctrico necesario.

La situación de excepcionalidad probablemente termine motivando una nueva postergación de la actualización tarifaria que está pendiente desde febrero de 2019.
¿Qué nivel de flujo de caja posee la empresa para garantizar la operación del sistema?

—La cuestión tarifaria quedará para cuando superemos la coyuntura de la pandemia. Es un tema a conversar. Recuerde que desde febrero de 2019 no recibimos ajuste de nuestros ingresos, la inflación del período superó el 60%, y que las dificultades de pago de nuestros clientes y la caída de la demanda por la paralización de actividades son todas circunstancias que reducen los ingresos de la empresa mientras aumentan los costos de operar.

Alejandro Macfarlane (Camuzzi)

«La situación de Camuzzi es crítica»

Las distribuidoras eléctricas remarcan la importancia de intentar mantener la cadena de pagos en el sector.
La misma lógica podría aplicarse al gas natural. ¿Cómo impacta esa situación en el caso de Camuzzi?

—Si bien la problemática de fondo es la misma y está relacionada principalmente con la caída abrupta de las cobranzas que estamos percibiendo como consecuencia de la pandemia del coronavirus y las distintas medidas que se tuvieron que implementar en todo el país, en el sector del gas natural esta misma problemática adquiere una complejidad adicional.
Uno de los mayores costos que tiene la compañía es justamente la compra del gas natural que luego distribuimos. A diferencia del eléctrico, en el sector de gas adquirimos la energía a un grupo amplio de empresas privadas. Ante un escenario de contracción de los ingresos y sin posibilidad de acceder al mercado de capitales, sería muy complejo mantener la cadena de pagos y, tal como sucedió en el pasado, comenzaríamos a contraer nuevamente deudas con los productores de hidrocarburos. Vale la pena destacar que en la actualidad continuamos regularizando esta deuda histórica. Cuando se efectuó la Revisión Tarifaria Integral (RTI) y se aprobaron nuevos cuadros tarifarios, además de dar cumplimiento a las distintas inversiones trazadas tuvimos que iniciar un profundo proceso de renegociación de deudas, al tiempo que cancelábamos los volúmenes de gas corriente. Volver a un escenario como este pondría a las compañías en una situación de enorme fragilidad.

Frente a una crisis inédita como esta, ¿qué tipo de medidas de contingencia debe implementar el segmento de distribución? 

—Tenemos un doble desafío. En primer lugar, necesitamos sostener los ingresos, dado que el margen de distribución es la única fuente de recursos que tenemos para llevar adelante nuestra actividad. Por eso estamos tomando todas las medidas a nuestro alcance para evitar que la morosidad se dispare. Contamos con un amplio abanico de bocas de pago, entre las presenciales, las telefónicas y las digitales. En paralelo, y detectando que estábamos teniendo inconvenientes con la logística de las facturas, a contrarreloj hemos creado una plataforma para que todos los usuarios puedan descargar la factura, propia o de un tercero, y autoenviarla por email o mensaje de texto, justamente para favorecer a que la facturación no se detenga. Si bien la tecnología nos está brindando herramientas muy ágiles, también necesitamos que los usuarios adopten estas opciones y actúen responsablemente abonando el servicio que utilizan. Los usuarios más vulnerables frente a esta pandemia están protegidos con el DNU 311, que se publicó en marzo. El resto debería abonar su factura tal como lo venía haciendo, más aún con todo el abanico de opciones que le brindamos.

El segundo desafío está vinculado con la operación. Distribuir gas natural es una enorme responsabilidad, por eso debemos garantizar el mantenimiento de la infraestructura para que el servicio se sostenga en condiciones operativas seguras.

 La situación de excepcionalidad probablemente termine motivando una nueva postergación de la actualización tarifaria que está pendiente desde febrero de 2019. ¿Qué nivel de flujo de caja posee la empresa para garantizar la operación del sistema?

—La situación de Camuzzi es crítica. A la falta de reconocimiento de la variación del IPIM en octubre 2018 ante la aplicación de una polinómica, se le sumó luego el diferimiento y posterior suspensión de la adecuación semestral de tarifas correspondiente a octubre de 2019; la introducción de cambios regulatorios no contemplados oportunamente en la Revisión Tarifaria Integral (como por ejemplo los cambios en la modalidad de facturación o las modificaciones en los plazos de pago del gas); distintas medidas judiciales dictadas y, en el caso de Camuzzi Gas del Sur, la falta de resolución de la problemática del subsidio patagónico a los consumos residenciales. Estas variables, sumadas a la coyuntura macroeconómica, tuvieron un fuerte impacto en el flujo de ingresos de la compañía.

Para poder hacer frente a este escenario, nos vimos en la obligación de llevar adelante diversas acciones para mitigar el impacto de la reducción de los ingresos. Por un lado, tuvimos que adecuar el Plan de Inversiones en curso y reducir los gastos operativos al mínimo indispensable para cumplir los estándares de seguridad y los indicadores regulatorios. 

Si ya el punto de partida para este año era complejo, esta pandemia terminó modificando completamente el curso trazado.