El viernes pasado, en una de sus pocas intervenciones en el plenario de la Mesa de Vaca Muerta que se realizó en la quinta de Olivos con la presencia de Mauricio Macri, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, precisó que Cammesa funcionará como off-taker de última instancia del gasoducto troncal a Vaca Muerta que el gobierno prevé licitar a fines de mayo.

¿Qué significa eso? Que la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista (MEM), que es controlada por el Ejecutivo, contratará capacidad para transportar 7 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) de gas por la nueva tubería, según indicaron fuentes oficiales a EconoJournal. En un principio, la intención de Energía era que fuesen las empresas privadas (generadoras, productores de gas) las que contribuyan a repagar la inversión contratando los volúmenes de gas que permitirá transportar el gasoducto que conectará, en una primera etapa, a Neuquén con Salliqueló (cerca de Bahía Blanca), y luego, en una segunda, con San Nicolás. Sin embargo, la fragilidad de la macroeconomía argentina, evidenciada en la escalada del riesgo país y del dólar, convenció a los funcionarios de la necesidad de respaldar desde el Estado (y en última instancia a través de aportes del Tesoro inyectados a Cammesa) la construcción del nuevo caño.

¿Por qué es necesario apelar al respaldo del Estado? Aunque todavía no está definido el detalle fino de la traza del nuevo gasoducto, tres de los cinco proyectos presentados en la convocatoria prevista en la resolución 82/2019 de la Secretaría contemplan el mismo recorrido. En cualquier caso, un proyecto de este tipo demandará una inversión superior a los US$ 1500 millones. A grandes rasgos, existen tres alternativas para financiar una obra de esa escala:

• Que la solvente el Estado con fondos propios o por medio de alguna empresa controlada, en este caso Cammesa.
• Que la paguen todos los usuarios del sistema, incluidos los hogares. Esa es la opción que propusieron algunas petroleras como YPF. En la jerga, implicaría realizar un roll-in entre los usuarios residenciales, un mecanismo que está previsto en la Ley 24.076 (del Gas).
• Que la paguen las generadoras de energía, que utilizan gas para producir electricidad en sus plantas termoeléctricas.

La Secretaría de Energía parece inclinarse por la tercera opción, porque interpretan que el gas que se transportará por el nuevo gasoducto desplazará el consumo de combustibles líquidos por parte de las centrales termoeléctricas durante el invierno, cuando el crecimiento estacional de la demanda residencial obliga a los generadores a quemar gasoil y fuel oil. Por eso, como el mercado de generación energía aún es modulado por el Estado porque lo que pagan los usuarios no alcanza a cubrir el costo real de la electricidad (lo que no permite la libre contractualización entre los actores), se optó por incluir como off-taker de última instancia a Cammesa.

Algunas petroleras defendieron ante funcionarios del gobierno que es mejor repagar la construcción entre todos los usuarios residenciales, que se verán beneficiados porque se dejará de importar Gas Natural Licuado (LNG) durante los meses más fríos del año. Sostienen que el cargo extra en la factura para cubrir el costo de distribución prácticamente no impactaría si se lo distribuyera en los más de 8 millones de usuarios residenciales que existen a nivel nacional. En el fondo, es una discusión con ribetes jurídico-filosóficos. “No es una cuestión de cuentas. No corresponde rollear la obra entre los hogares, que históricamente han tenido derecho a consumir gas producido localmente. El gas del nuevo caño reemplazará combustibles líquidos que usa el segmento de generación y por eso debe ser repagado por el sector eléctrico”, explicaron desde un despacho oficial. “Esa alternativa tiene, además, complicaciones en el plano regulatorio, porque no es sencillo actualizar en el tiempo una tarifa residencial en dólares”, complementó el gerente de Gas de otra petrolera.  

La decisión final, sin embargo, no está tomada porque en el Ministerio de Hacienda hay quienes se inclinan por apelar a la segunda opción y solventar el costo del gasoducto a Vaca Muerta entre todos los usuarios domiciliarios.

Decreto presidencial

Técnicos de la Secretaría de Energía están terminando de redactar la letra chica de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que será firmado por el presidente Mauricio Macri para despejar el encuadramiento regulatorio de la obra, en la práctica si bien el gasoducto se construirá bajo el paraguas de la ley 24.076 (del Gas), es necesario especificar las características particulares del proyecto, dado que desde se sancionó esa norma, de 1992, que permitió la privatización del sector, es el primer gasoducto que será tendido por una empresa privada y no directamente a través del estado.

En ese sentido fuentes privadas al tanto del texto indicaron que, entre otras cosas, se aclarará:

• Que se creará una tercera transportista a cargo de la operación y mantenimiento de la tubería.
• Que como el gasoducto transportará gas para el sector de generación no estará por un período de tiempo determinado afectado abastecimiento del segmento regulado de distribución (residenciales, pequeñas industrias y comercios).
• También se precisará el tiempo de recupero de la inversión del proyecto.