El trazo grueso de la próxima suba de gas ya está definida: el Gobierno fijó como tope un aumento del 30% en octubre al que se le sumará un incremento adicional del 10% en enero una vez que empiece a saldarse una deuda en favor de las empresas productoras. Medida a enero de 2019 contra el mismo mes de este año, la suba rondará un 40 por ciento.

Sin embargo, aunque esté relativamente claro cuánto va a impactar el aumento en el bolsillo de los usuarios, el proceso administrativo y contractual para dar sustento regulatorio al aumento viene muy demorado. Tanto que el Enargas, el ente regulador del sector, evalúa zanjar la discusión entre privados mediante una resolución que fije ad hoc cómo se aplicará la recomposición tarifaria. Hasta ahora, el organismo que preside Mauricio Roitman se escudó en el marco normativo para no intervenir en el mercado. De ese modo, delegó en distribuidoras y petroleras la responsabilidad de firmar los contratos de abastecimiento de gas para hogares, comercios y PyMEs (las grandes industrias y las centrales térmicas compran el fluido en el mercado mayorista). Pese a las severas distorsiones macroeconómicas provocadas por la apreciación del tipo de cambio, el Ejecutivo optó por mantenerse al margen de las negociaciones entre privados. Incluso cuando las propias empresas reclaman al Estado que tome cartas en el asunto para encontrar una solución tras la escalada del dólar hasta los 40 pesos.

Un alto funcionario de gobierno lo puso en estos términos: “Con esta devaluación no hay ganadores. Es un escenario perdidoso para todos. Lo que hay que ver es cómo se reparten las pérdidas, cuánto asumen las petroleras, cuánto las distribuidoras y cuánto el usuario, que se verá afectado por la caída de la inversión en el sistema de distribución”, admitió.

Desencontrados

La cuenta es sencilla: con la apreciación del 100% del tipo de cambio en lo que van del año, los ingresos en dólares de los actores del sistema se desplomaron. Las petroleras, que en abril habían firmado contratos para cobrar US$ 4,68 por cada millón de BTU entregado al segmento de distribución, hoy están cobrando cerca de 3,10 dólares. Las operadoras saben que es imposible recuperar el nivel de precios que tenían y por eso, es probable que ajusten inversiones en los yacimientos para el año que viene. Pero quieren perder lo menos posible. Por eso, apuntan a que las distribuidoras —Metrogas, Naturgy (ex Gas BAN), Camuzzi y EcoGas— resignen también parte de sus ingresos, que se actualizan en función de la evolución del IPIM para acompañar la evolución de la inflación. Las petroleras entienden que la aplicación del indicador de precios mayoristas no es adecuada, porque la mayoría de los costos de las distirbuidoras se definen en el mercado minorista. Estas últimas alegan, sin embargo, que sus balances se vieron seriamente afectados por la devaluación del peso dado que, como en los últimos seis meses las tarifas se mantuvieron invariantes pese a que el dólar se fue a las nubes, acumularon deudas con las petroleras (dejaron de pagar parte de las facturas de gas) que se anotaron como pérdidas en sus libros contables. Hoy, advierten, las distribuidoras figuran como responsables de una deuda de $ 10.000 millones con las petroleras por como fueron redactados los contratos firmados en noviembre de 2017. Conseguir crédito con un balance tan en rojo para continuar el plan de inversiones es inviable. Por eso, de cara a la próxima actualización de tarifas en octubre, las distribuidoras exigen cambios sustanciales en la redacción de las cláusulas contractuales con los productores para no ser el eslabón que asume el riesgo cuando el sistema falla por una brusca devaluación de la moneda, como pasó este año, y por una eventual decisión de la Justicia.

Contrarreloj

El Gobierno entiende la posición de cada uno de los actores, pero se está quedando sin tiempo para definir y presentar los nuevos cuadros tarifarios que entrarán en vigencia en 10 días. En la última audiencia pública ninguna de los grandes productores —YPF, Pan American Energy (PAE), Total, Wintershall y Pluspetrol, entre otros— convalidó los precios del gas ni la metodología para recuperar en cuotas lo adeudado por las distribuidoras que propuso el Enargas. Sólo la estatal IEASA (ex Enarsa), que inyecta en el sistema el gas que importa desde Bolivia y el LNG que llega por barco, aceptó los términos que propuso el gobierno. Pero eso no es suficiente para encolumnar a las petroleras.

Por eso, la apuesta del ente regulador y de la Secretaría de Energía, que dirige Javier Iguacel, es alinear a YPF, la petrolera controlada por Estado que es la mayor productora de gas del país. Si la empresa que preside Miguel Gutiérrez acepta las nuevas bases y condiciones que impulsa el Ejecutivo, al resto de las petroleras no les quedará otra que avanzar en la misma dirección, razonan en el gobierno. Sin embargo, el Enargas tampoco quiere involucrarse directamente en el proceso de negociación. Marca el camino desde afuera, pero quiere que el acuerdo se firme entre privados. “Hasta ahora ningún funcionario de gobierno se puso al frente del desaguisado que generó la devaluación. Pretenden que solucionemos esto como una negociación más entre privados, pero con los cambios en la macro es muy difícil porque tampoco hay certeza hacia adelante”, responden cerca de YPF.

Quien encabeza las negociaciones en la petrolera es Marcelo Nuñez, su gerente de Gas. La operatoria del ejecutivo quedó en medio de una polémica porque, además de ocupar un lugar estratégico dentro de YPF (le reporta directamente al VP de Gas y Energía, Marcos Browne), Nuñez es también presidente del Directorio de Metrogas, la mayor distribuidora del país. Pivotea, en definitiva, sobre una posición dominante difícil de negar: como hombre fuerte de YPF, negocia con todas las distribuidoras para fijar el precio del gas. Y como titular de Metrogas tiene acceso a las propuestas económicas de los competidores de YPF, como PAE, Total y Wintershall. Nuñez concentra en su persona información diferencial y una capacidad para incidir sobre el mercado de gas que no tiene parangón en el sector. Por eso, el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, presionaba a YPF para que ceda el control de Metrogas, tal como marca la Ley 24.076 (del Gas), que prohíbe que una productora tenga mayoría accionaria en una distribuidora.

Plan de acción

El gobierno va a esperar hasta el lunes o martes para ver si hay acuerdo entre distribuidoras y petroleras. “Los conversaciones son permanentes, estamos buscando una solución”, indicaron a EconoJournal ayer en una petrolera. En el Enargas esperan un entendimiento de los privados, pero si eso no sucede barajan un plan B: sacar una resolución que establezca ad hoc el valor de los cuadros tarifarios del gas a partir de octubre tomando como referencia los términos avalados por IEASA, que preside Mario Dell’Acqua.