El ministro de Energía, Juan José Aranguren, recibirá hoy a las 14 a los máximos ejecutivos de la industria petrolera para terminar de definir cómo se moverá el mercado de combustibles durante el segundo semestre del año. Ayer el ministro transmitió una nueva propuesta para hacer frente a la crisis generada por la brusca devaluación del peso (un 24% desde abril) y la escalada del precio internacional del crudo (pasó de 65 a 80 dólares en el último mes y medio y hoy cotiza a US$ 76,82). En un libre mercado como que el que defiende el gobierno de Mauricio Macri, los combustibles en la Argentina deberían haber aumentado en mayo un 25 por ciento. Ante la inviabilidad económica y política de trasladar esa suba a surtidores, Aranguren presentó ayer los lineamientos generales de un nuevo esquema para superar la situación.

El ministro propuso la creación de un fondo compensador con las empresas petroleras que funcionará de la siguiente manera: cuando el precio mundial del petróleo aumente, como ocurre hoy en día, se implementará un precio de venta en el mercado interno que será menor al de la cotización internacional del barril. En tanto que cuando el precio global decaiga, las petroleras locales seguirán cobrando un precio más alto para recuperar la renta que dejaron de percibir en el período de precios altos.

En la coyuntura actual, se implementará un precio medio US$ 69,75 para el crudo que se comercialice en el mercado doméstico. Es decir, las empresas productoras —como YPF, Pan American Energy (PAE), Pluspetrol, Sinopec, Chevron, Tecpetrol y Vista Oil&Gas— cobrarán un 12% menos que si vendiesen el crudo en el mercado de exportación (el Brent vale hoy 76,82 dólares).

La otra pata de la iniciativa esbozada ayer por Aranguren contempla un aumento gradual y sostenido del precio de los combustibles en las estaciones de servicio. Según los números presentados ayer en una reunión con petroleras en el Ministerio de Energía, las naftas y gasoil aumentarán un 3% por mes a partir del 1º julio. La suba se mantendrá invariante todos los meses hasta el final de la presidencia de Macri en octubre de 2019, según explicaron a EconoJournal cuatro fuentes del sector privado sin contacto entre sí. Es decir, el documento que firmará el Ejecutivo con las petroleras contempla un incremento superior al 40% de los combustibles desde julio de 2018 hasta octubre del año que viene.

Esa suba sostenida contribuirá a compensar primero a las compañías refinadoras —como YPF, Axion Energy (una subsidiaria de PAE), Shell y Trafigura (titular de la marca PUMA, que adquirió las estaciones de Petrobras)— y luego, a partir de marzo de 2019, a las empresas productoras de crudo.

“Se estima que en noviembre las refinadoras recuperarán los márgenes que dejaron de percibir por el congelamiento del precio en surtidores firmado en mayo. Las empresas no pudieron trasladar a las pizarras del surtidor el incremento de sus costos originado en el aumento del crudo, que es su materia prima. Con una suba del 3% mensual a partir de julio, en noviembre recuperarían lo que perdieron desde abril”, explicó el gerente general de una productora.

Una vez que las refinadoras recuperen el terreno perdido será el turno de las productores, que recibirán una compensación por vender hoy el petróleo más barato de lo que recibirían en el mercado de exportación. El fondo compensador propuesto por Aranguren —un esquema que ya se utilizó en la Argentina, la última vez a principios de los 2000— es una alternativa intermedia para no abandonar el libre mercado que defiende el gobierno. “Es un pseudo libre mercado porque, en definitiva, el precio del petróleo, que como principal commodity del planeta debería ser el mismo en todos lados, tendrá un tope pero luego nos reconocerán esa diferencia”, analizaron en otra petrolera. “Había otras alternativas peores como la fijación de un esquema de barril criollo como el que instrumentó la gestión anterior o la vuelta de las retenciones a la exportación”, admitió.

Para que la iniciativa que propone Aranguren tenga consistencia será clave lo que suceda con las dos variables que inciden en el negocio del crudo: una doméstica: el tipo de cambio; y otra externa: el precio del barril. En ese sentido, el nuevo acuerdo incluye una proyección de la evolución del dólar futuro (toma los parámetros del ROFEX) y del Brent, la cotización del crudo que se extrae en el Mar del Norte.

Pese a eso, los ejecutivos consultados aclaran que el acuerdo funcionará en la medida que no haya grandes cambios en el mercado petrolero y en la economía argentina. “Si el Brent se desploma o si el dólar sube por encima de lo previsto, el esquema perderá practicidad”, indicó otro ejecutivo.

La propuesta fue aceptada por las empresas con razonabilidad. Los privados saben que la coyuntura es tan compleja que no deja mucho margen de acción. Pese a eso, exigen que el Estado funcione como garante del esquema. Es decir, pretenden que si el fondo compensador entre refinadores, productores y consumidores no alcanza para cubrir las acreencias de las petroleras, el Tesoro subvencione el dinero faltante. “Tiene que quedar por escrito que si para octubre de 2019 no recuperamos lo que estamos dejando sobre la mesa, el gobierno debería cubrir esa diferencia con subsidios o un título del tesoro”, advirtió el gerente comercial de una refinadora.