Las petroleras enviaron dos cartas al ministro de Economía para solicitarle que se involucre personalmente en el ordenamiento de la cadena de pagos del gas, que está al borde del colapso. La decisión expone el fracaso de la gestión de instancias gubernamentales intermedias.
Las empresas manifestaron su malestar por la demora en el cobro y advirtieron que la derogación del decreto que impulsa el oficialismo en el parlamento no afecta sus derechos adquiridos.
El líder petrolero busca que los principales actores de la industria se reúnan, junto con los representantes del gobierno nacional y las provincias petroleras, para explorar alternativas.
Las operadoras y empresas de servicios aspiraban a pagar una suma fija de entre 60.000 y 80.000 pesos a los trabajadores sin actividad. Pero faltó liderazgo para encarar la negociación con los sindicatos. Se prorrogaría hasta el 31 de julio el acuerdo firmado en abril.
La carta le apunta específicamente a algunas distribuidoras. “Al día de la fecha, no han siquiera efectuado pago alguno a los productores nucleados en la CEPH por sus consumos de enero de 2020.
Lo conformarán representantes del Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, las cámaras empresarias y los sindicatos. Comenzará formalmente a trabajar a partir de abril.
El valor del barril que se tomará como referencia pasa de $45,19 a $46,69. Además, habrá un subsidio para productores de $2,81 por dolar que eleva el precio a $49,50. También liberan precios en el canal mayorista.
La Cámara que reúne a las principales firmas del mercado criticó, en una carta a la que accedió EconoJournal en exclusiva, las reglas del concurso de precios que se llevará adelante este jueves a las 11 horas para el abastecimiento de gas en firme convocado por Cammesa.
Las productoras pidieron por carta a Lopetegui que, antes de avanzar con la licitación del nuevo gasoducto a Vaca Muerta, releva la capacidad de transporte remanente en el sistema. Sugieren que existen obras inconclusas en el sistema de TGS que ya fueron pagadas durante el gobierno anterior. Advierten que es más económico ampliar ductos existentes que construir uno nuevo desde Neuquén.
