Las principales petroleras del país intentan evitar el colapso de la cadena de pagos del negocio del gas. Necesitan, para eso, encontrar primero un interlocutor que entienda lo que está en juego. Tras la inabordable experiencia de Sergio Lanziani, que se fue de la Secretaría de Energía casi sin dejar rastros de gestión, las productoras de gas enviaron ayer dos cartas al ministro de Economía, Martín Guzmán, para solicitarle que intervenga personalmente en el creciente conflicto que existe en el seno de la industria gasífera a raíz de la decisión de Metrogas de dejar de pagar el gas que consumen los usuarios residenciales.
La misiva firmada por Carlos Magariños, presidente de la CADE, a la que accedió EconoJournal, advierte que las petroleras evalúan iniciar acciones legales contra las distribuidoras que incumplan los contratos de compra de gas firmados con los productores.
“Señalamos que la insistencia en la pretensión de financiarse en forma compulsiva con los proveedores de gas natural podría derivar en la promoción de acciones legales para el cobro de los créditos impagos, así como la suspensión de entregas, y eventualmente, la rescisión por culpa del deudor, de los contratos de suministro”, anticipa al texto dirigido también a Federico Bernal, interventor del Enargas, Juan José Carbajales, subsecretario de Hidrocarburos, y María Tettamanti, presidente de Adigas, la asociación que nuclea a las distribuidoras.
Interlocutor se busca
La urgencia del momento no dejó lugar para preámbulos. Sin esperar presentaciones de protocolo o introducciones formales, las petroleras zanjaron la discusión y pusieron su reclamo en cabeza de Guzmán. La cadena de mando en el área de energía sigue desvencijada. La designación de Darío Martínez al frente de la Secretaría aún no se oficializó. Podría concretarse esta semana si la Cámara de Diputados acepta hoy la renuncia a la banca del neuquino.
Tanto en la carta que le envío la CADE como en la que redactó la Ceph (la cámara de los productores), los grandes productores de gas —PAE, Total, Wintershall DEA, Tecpetrol y CGC— dejan en claro que no están en condiciones de seguir oficiando como los financistas en última instancia del sistema de gas, tal como publicó La Nación. No sólo las distribuidoras le deben a las petroleras. También Cammesa, la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista (MEM), como la estatal IEASA (ex Enarsa), que cubre los subsidios al gas que se vende más barato en la Patagonia.
“Los productores de gas natural nucleados en esta Cámara no están en condiciones de continuar financiando las entregas de gas natural ni a Metrogas, ni al resto las prestadoras del servicio público de distribución de gas natural, ni a cliente alguno”, afirma la carta firmada por Carlos Seijo, titular de la Ceph en representación de la francesa Total.
Detonante
Es curioso. El detonante que evidenció la crisis de la industria del gas fue la decisión de Metrogas, una empresa controlada indirectamente por el gobierno, de no pagar el gas que les compró a las petroleras en junio, julio y agosto. Las petroleras temen que el falta de Metrogas decante en la desobediencia generalizada del resto de las gasíferas. “Dada la relevancia de Metrogas en su sector, debemos enfatizar que existe el riesgo cierto de que su incumplimiento sea imitado por las demás distribuidoras con quienes se han celebrado contratos de suministro de gas”, admite la carta de la CADE.
Metrogas, la mayor distribuidora en el área metropolitana, es propiedad de YPF, la petrolera tiene como principal accionista al Estado nacional. Alejandro Fernández, gerente general de Metrogas, explicó ayer en una videoconferencia con los máximos directivos de las petroleras que por el congelamiento tarifario la compañía no tiene fondos para cumplir con sus obligaciones comerciales. Hizo un repaso detallado por la frágil situación de caja de la compañía y concluyó que la recomposición económica de la distribuidora —igual que la de otras empresas del segmento regulado— depende de que el Enargas autorice una suba de tarifas o un asistencia financiera para las empresas.
Paradojas
El círculo se cierra con una paradoja: las petroleras le solicitaron ayer a Guzmán que solucione un problema que otros actores que dependen del gobierno —como YPF, el Enargas y la propia Metrogas— no pudieron revertir.
“La conducta de Metrogas revela una clara desaprensión respecto a sus obligaciones como licenciataria del servicio público de distribución de gas natural al pretender desvincularse de los riesgos asumidos y propios de tal servicio y trasladárselos a los productores de gas”, critica la carta de la CADE firmada por Magariños, ex embajador de Brasil.
Si la situación no se corrige podría desembocar en un absurdo: que alguno de los productores de gas demande judicialmente a la distribuidora controlada por YPF, el mayor jugador del negocio de gas. Las esquirlas visibilizarían la inacción del gobierno, que aún no definió qué quiere hacer con el sector de gas.
¿Qué es lo que está en juego?
Las petroleras observaron por escrito que si la ruptura de la cadena de pagos por parte de las distribuidoras se agudiza podrían interrumpir la entrega de gas al segmento residencial. Es difícil pensar que esa advertencia se materialice. No hay antecedentes que vayan en esa dirección. El impacto político de cortarle el gas a los hogares sería demasiado alto. Pero sí está claro que las petroleras endurecieron el tono en que se comunican con la administración del Alberto Fernández.
En última instancia, lo que realmente está en juego es cuál será el nivel de los desembolsos que destinarán las empresas a la producción de gas durante 2021. La variable de ajuste frente a la caída de los precios relativos del fluido es siempre la misma: la inversión que se necesita para reponer la oferta del hidrocarburo que declina de forma natural hoy más rápido que en el pasado por la performance de los yacimientos no convencionales.
El misterio se extenderá, como mucho, por tres meses más. En ese punto ya estará claro si las petroleras retomarán la inversión o si, por el contrario será necesario recontratar otro barco regasificador para importar más LNG.
Un comentario
Opino que es imposible llevar adelante la producción de gas sin el cumplimiento de los contratos que los ligan. Los contratos se firman para cumplirlos. Es el principio de la buena fe.
Desde luego que es desde el gobierno, particularmente los funcionarios del área de Energía, que no asumen sus responsabilidades, generando un desorden jurídico, empresario y del servicio de gas que va a ser cada vez mas complejo de solucionar.
Espero que el Ministro de Economía y el Sr. Presidente Alberto Fernández se involucren en este tema para encontrar una salida razonable de sentido común antes de que sea demasiado tarde