En los últimos días recrudeció la presión oficial sobre Edesur. La secretaria de Energía, Flavia Royón, amenazó el domingo con quitarle la concesión del servicio de distribución eléctrica y durante el miércoles Economía dejó trascender en algunos medios de comunicación que iba a intervenir la empresa, aunque finalmente solo se anunció la designación de veedores y la aplicación de una nueva multa por la deficiente prestación del servicio. Si bien los cortes de luz vienen siendo un problema recurrente desde hace muchos años, la avanzada oficial en este momento despierta sospechas porque coincide con la decisión de la italiana Enel de desprenderse de sus activos en la Argentina.
Enel anunció en noviembre un plan de desinversión que incluye su salida de Argentina, Perú y Rumania con el objetivo de reducir su deuda neta y centrar su transición hacia energías más limpias. Además de Edesur, la firma italiana puso a la venta todos sus activos en la Argentina, que incluyen las centrales térmicas Costanera y Dock Sud, la concesión de la hidroeléctrica El Chocón y las líneas de transmisión CTM y TESA, que conectan los sistemas de energía eléctrica entre Brasil y el noreste argentino, y Yacylec, que transporta la energía de Yacyretá.
El proceso de venta formal de Edesur comenzará a fines de marzo y la intención empresaria es tener cerrada la operación antes de fin de año. En este contexto, es imposible disociar el anuncio de salida con las amenazas de quita de concesión, intervención e incluso expropiación. No obstante, la avanzada que inicio el ministro Sergio Massa parece más destinada a influir sobre ese proceso de venta que a derivar en una estatización.
Si se decide quitarle la concesión de Edesur ahora, se le estaría facilitando a Enel su salida de esa compañía sin necesidad de conseguir un comprador y luego los italianos terminarían reclamado una indemnización millonaria en el CIADI, un tribunal dependiente del Banco Mundial donde los pedidos de las multinacionales suelen tener buena recepción. Sería insólito que el Estado Nacional tomara esa decisión en este momento luego de haber tolerado durante décadas un servicio lamentable.
En busca de accionistas locales
Más allá de las amenazas que se pronuncian ante los medios de comunicación, en el gobierno son conscientes de esta limitación. De hecho, hay ciertos indicios de que la jugada es a dos puntas y no tiene como objetivo la estatización sino el desembarco de accionistas locales en Edesur, a los cuales les podría favorecer la presión oficial y las reiteradas multas para comprar a un precio más bajo.
EconoJournal confirmó hace algunas semanas que un grupo de empresarios argentinos del sector energético está preparando una propuesta para quedarse con Edesur y Massa está al tanto del tema. Por eso es que algunos analistas conocedores del paño comenzaron a atar cabos cuando la presión oficial recrudeció durante los últimos días.
Otro de los motivos que lleva a dudar sobre la posibilidad de una estatización de la compañía es el deficiente plantel de cuadros técnicos con el que cuenta actualmente la Secretaría de Energía y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Más allá de la responsabilidad estatal por la política tarifaria, Edesur es la primera que tiene que poner la cara cuando se produce un corte de luz. Si ese fusible desaparece, los reclamos irán directamente contra el gobierno cada vez que haya un corte, los cuales no van a terminar mágicamente si desembarca el Estado. Esto también lo tienen claro los funcionarios. Incluso algunos referentes energéticos de La Cámpora que suelen fustigar periódicamente a Edesur, en privado han reconocido más de una vez que el Estado no está en condiciones de hacerse cargo de la empresa en el corto plazo y el costo político de una gestión deficiente sería alto. Por eso nadie quiere dar ese paso, más allá de las amenazas que se oyen cada tanto.
La intervención es diferente porque permitiría tener un mayor control sobre la firma sin llegar a expropiar, pero para eso se necesita un equipo con poder político suficiente para imponer su voluntad. Cuando Roberto Baratta desembarcó en Edesur a fines de 2013 en una intervención de hecho, pero no formal, nadie dudada de que el funcionario contaba con el respaldo incondicional del ministro de Planificación Julio De Vido y de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, en cambio, el gobierno no expresa esa unidad de criterios, las internas atraviesan todas las áreas de gestión y probablemente recrudecerán durante este año electoral. Tal vez por eso se decidió solo designar un grupo de veedores, algo más sencillo desde el aspecto regulatorio, y seguir incrementando la presión hasta que los italianos de Enel finalmente se vayan solos.
