La repartición definitiva del capital accionario de las centrales térmicas Manuel Belgrano y San Martín, las más modernas del parque eléctrico, continúa sin resolverse. Las plantas fueron construidas durante el kirchnerismo y se acordó con las generadoras que la deuda que el Estado había acumulado con ellas por el congelamiento de tarifas se capitalizaría en esas usinas. Como la acreencia era por 600 millones de dólares y las centrales terminaron costando 1600 millones, el gobierno dejó en claro en enero que el Estado Nacional controlará el 65% de la usina Belgrano y el 68% de la San Martín. Sin embargo, las empresas advirtieron que si el Estado es controlante mayoritario la ley prohíbe la distribución de dividendos. Por eso, Central Puerto, Pampa Energía y Enel acercaron una contrapropuesta para concentrar el capital accionario en una de las dos centrales. De ese modo, se quedarían con la mayoría accionaria (cerca del 70%) en una de las plantas (con una minoría estatal) y el Estado se quedaría con el 100% del capital social de la otra usina. En el gobierno entienden el punto y quedaron en analizar el caso.
- Límite al reparto de dividendos
El conflicto surge porque la ley 24.065, sancionada en 1991, que regula el sector eléctrico establece en su artículo 37 que “las empresas de generación y transporte de propiedad total o mayoritaria del Estado nacional tendrán derecho a recuperar solamente sus costos operativos y de mantenimiento totales que les permitan mantener la calidad, continuidad y seguridad del servicio, cuyo concepto y metodología de determinación serán establecidos por la Secretaría de Energía”.
“Los excedentes resultantes de la diferencia entre dicho valor y el precio de venta de la energía generada conforme al artículo precedente, así como los que resulten entre este último y el precio de venta de la energía generada por los entes binacionales conforme sus respectivos convenios, o resultantes de interconexiones internacionales, integrarán un fondo unificado, cuyo presupuesto será aprobado anualmente por el Congreso de la Nación y será administrado por la Secretaría de Energía, la que deberá atender con el mismo los compromisos emergentes de deudas contraídas hasta el presente y las inversiones en las obras que se encuentren en ejecución a la fecha de vigencia de esta ley que determine la Secretaría de Energía”, dice luego el artículo 37. Esto significa que las empresas con participación mayoritaria del Estado Nacional tienen prohibido por ley el reparto de dividendos.
¿Qué sentido tiene para los privados aceptar una participación en una central si no podrán liquidar las ganancias resultantes de ese negocio?
“Por eso planteamos como alternativa la posibilidad de concentrar las acciones de los privados en una de las plantas. De ese modo, las empresas tendríamos mayoría y no regiría el límite que marca el artículo 37 para la liquidación de dividendos”, señaló uno de los directivos consultados por EconoJournal. Otro, sin embargo, le quitó relevancia a la cuestión. “La realidad es que en medio de esta crisis, con demoras para cobrar las transacciones mensuales de Cammesa, la liquidación del Foninvemem no es una prioridad”, señaló el vicepresidente de una generadora.
- El conflicto
La ley que regula el sector eléctrico es de 1991 y el fideicomiso, denominado Foninvemem, y conformado con las acreencias que existían a favor de las generadoras, es de 2005. Sin embargo, en ese entonces todavía no estaba claro cuánto iban a terminar costando las centrales y qué porcentaje accionario les iba a corresponder. Además, en aquel tiempo era la única vía disponible para intentar recuperar ese dinero.
La central térmica Manuel Belgrano se inauguró en 2008 y la central San Martín en 2010, pero recién en enero de este año venció el contrato de la planta Belgrano que había otorgado por 10 años su operación técnica a una sociedad integrada por los cuatro mayores jugadores del sector eléctrico: Central Puerto, Pampa Energía, Enel y AES. La finalización del período contractual preveía una discusión para determinar qué participación accionaria le corresponde a los privados y cuánto al Estado Nacional que fue quien solventó y traccionó el financiamiento para costear la mayor parte de la construcción.
Las empresas buscaron a fines del macrismo que se les reconociera el control de las centrales. Lo que hizo el BICE en diciembre, por orden de la secretaría de Energía, fue corregir todos los certificados de participación de obras otorgados desde 2005 en línea con lo que pedían los privados y los habilitó a exigir un 70% en lugar del 35% previsto. Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández intervino en enero y abortó la jugada, tal como publicó EconoJournal en enero de este año.
El planteo acercado ahora por algunas generadoras busca terminar de saldar esa discusión. Los asesores legales del gobierno quedaron en responder con dictamen que clarifique la cuestión.
