La división accionaria de las centrales Manuel Belgrano y San Martín, las dos mayores usinas termoeléctricas del país, que fueron construidas con fondos del Foninvemem, quedó envuelta en una fuerte polémica. El pasado 9 de diciembre, un día antes que Mauricio Macri deje la Casa Rosada, el BICE corrigió —por instrucción precisa de Nerio Peiteado, ex jefe de Gabinete de la Secretaría de Energía que dirigió Gustavo Lopetegui— todos los certificados de participación de obras otorgados desde 2005 en línea con lo que pedían los accionistas privados y los habilitó a exigir un 70% de participación de las centrales Manuel Belgrano y San Martín, en lugar del 35% previsto originalmente. La decisión motivó recientemente la intervención directa del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para defender la posición del Estado, aunque la disputa sigue abierta.

• ¿Cómo se configuró el conflicto?

Este martes 7 de enero venció el contrato de la planta Manuel Belgrano, ubicada en Campana, que otorgaba por 10 años su operación técnica a una sociedad integrada por los cuatro mayores jugadores privados del sector eléctrico. Esa misma organización opera la central San Martín, emplazada en Timbúes. Central Puerto es el mayor accionista privado con un 31% del capital social de la sociedad. En los hechos, Puerto posee el control técnico y comercial de San Martín y la italiana Enel de Belgrano.

La finalización del período contractual preveía una discusión para determinar qué participación accionaria le corresponde a los privados y cuánto al Estado nacional, que fue quien solventó y traccionó el financiamiento para costear la mayor parte de la construcción, que demandó una inversión total cercana a los US$ 1600 millones entre 2005 y 2010.

La distribución final de los activos sería un 65% en favor del Estado y un 35% a manos de las empresas, pero el 9 de diciembre la Secretaría de Energía habilitó, por autorización de Nerio Peiteado, mano derecha de Gustavo Lopetegui, a los privados a reclamar el control.

• ¿Qué es el Foninvemen?

El Foninvemem es el fideicomiso conformado en 2005 por el gobierno de Néstor Kirchner con las acreencias que se habían acumulado en favor de las generadoras por el congelamiento de las tarifas residenciales tras la caída de la Convertibilidad en 2001. Fueron años en que como la tarifa no alcanzaba para cubrir el costo real de producción de energía, el Estado acumuló una deuda millonaria con los generadores. Ese rojo se asentó en los balances como «liquidaciones de venta con fecha de vencimiento a definir».
Al momento de su creación, en 2005, el fondo consolidó unos US$ 600 millones que las empresas tenían a cuenta. El Tesoro reconoció ese monto como un crédito a 10 años aportado por las empresas —a tasa Libor más 1%, un interés casi subsidiado en opinión de las compañías que se terminó de pagar a fines de 2019— y con el paso de los años inyectó otros US$ 1000 millones para completar la construcción y cierre de ciclo de las dos centrales de 800 megawatt (MW) de potencia cada una.
Las obras fueron solventadas por distintas vías: un cargo a la demanda en la factura de los hogares, aportes transitorios, reintegrables del Tesoro, financiamiento de la ANSES y una segunda etapa de aportes de privados que optaron por no tener participación accionaria en las usinas.

Reparto de acciones
Por las primeras acreencias de US$ 600 millones que aportaron los generadores, el gobierno reconoció a su favor acciones Clase A por un porcentaje en las centrales.

La discusión que se agudizó en diciembre, pocos días antes del cambio de administración, y se terminó de cristalizar esta semana es, precisamente, por la participación que les corresponderá finalmente a cada uno.

Desde un principio, los funcionarios que pasaron por el área energética de los gobiernos kirchneristas sostuvieron que la participación de los privados no podía ser mayor a su inversión en los proyectos respecto del monto total desembolsado. Por eso, como su contribución inicial fue de US$ 600 millones y las centrales eléctricas terminaron costando cerca de US$ 1600 millones, desde el Poder Ejecutivo siempre dijeron que la distribución final de los activos sería un 65% en favor del Estado y un 35% a manos de las empresas. Eso quedó de manifiesto en agosto cuando Cammesa, la empresa que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), le informó al Banco de Inversión y de Comercio Exterior (BICE), la entidad que administra el Foninvemem, que esa era la proporción accionaria que correspondía a cada uno.

Sin embargo, los generadores —con Central Puerto, la empresa controlada por accionistas locales como Guillermo Reca, Eduardo Eskasany, Nicolás Caputo y Guillermo Perez Moore, a la cabeza— impugnaron ese balance.

Intervención del BICE

Lo llamativo es lo que sucedió después. A pedido de las eléctricas, el BICE —que durante el gobierno de Mauricio Macri fue dirigido por José Luis Morea, un ex Central Puerto—, contrató a un especialista en fideicomisos de uno de los principales estudios jurídicos de la city porteña — para que emita una tercera opinión sobre la cuestión. El especialista indagó sobre documentación aportada por los privados y por la Secretaría de Energía, en ese momento era dirigida por Gustavo Lopetegui, y concluyó que de los US$ 1000 millones que traccionó el Estado sólo US$ 260 millones eran fehacientemente computables porque se obtuvieron de un cargo que pagó la demanda residencial. Su opinión estuvo en línea con la de los generadores, que entienden que para quedarse con una mayor participación de los activos, el Estado quiere convertir en capitalizables aportes que no lo eran en un principio, fundamentalmente los créditos de la Anses.

El BICE tomó el dictamen, avalado por el especialista en fideicomisos, y rectificó con una nota los estados contables de las dos usinas controlada por el Foninvemem. Con fecha del 9 de diciembre, corrigió los certificados de participación otorgados desde 2005 y habilitó a los privados a exigir un 70% de participación en las centrales Manuel Belgrano y San Martín, en lugar del 35% previsto originalmente.

“En el caso de la central Manuel Belgrano reconoció aportes capitalizables por US$ 430 millones, de los cuales 300 millones correspondían a los privados y 130 millones al Estado. Hubiese sido una locura que los privados se queden con el 70% de los activos porque el espíritu del Foninvemem siempre fue que el Estado terminara obteniendo la mayoría accionaria de las centrales”, explicó un funcionario que lleva años siguiendo el tema.

El gerente general de una de las empresas involucradas reconoció que es “horroroso” que el BICE haya actuado apenas un día antes de la asunción de Alberto Fernández, porque se presta a todo tipo de suspicacias, pero afirmó que Morea, que hasta junio de 2017 se desempeñó como gerente de Planeamiento Estratégico de Central Puerto, la principal generadora involucrada en el conflicto, prácticamente no tuvo injerencia en el tema. Consultado por este medio, Morea, que renunció al BICE en diciembre, indicó que “no estaba operativo en esos días (por el 9 de diciembre, cuando se firmó la nota que motivó el conflicto). De todas formas, no participé en nada relacionado al Foninvemem mientras estuve en el BICE”. “Es un tema que manejó el directorio”, aclaró.

Desde el organismo, se limitaron a aclarar a EconoJournal que “BICE no determina la participación en la sociedad generadora, sino que sólo emite los certificados de participación correspondientes a los aportantes al fideicomiso, con la información provista por Cammesa, el Comité y la Secretaria de Energía”. A su vez, intentó responsabilizar puntualmente a Cammesa al afirmar que “en septiembre de 2019 BICE emite los estados contables del ejercicio 2018, en los cuales (vía nota a esos estados contables) reporta la información actualizada que le fue provista por Cammesa”.

La orden de Kulfas

Ni bien se concretó el cambio de administración, el tema se posicionó rápidamente en agenda. Como Lanziani no estaba nombrado (su designación recién se oficializó esta semana), Kulfas tuvo que atajar la cuestión en forma personal. Con el input de la línea técnica del área eléctrica del Estado, a fines del mes pasado el ministro envío una nota al BICE intimándolo a que deje sin efecto la nota firmada el 9 de diciembre que convalidaba la posición de los generadores. El banco hizo lugar a ese pedido el 2 de enero y rectificó lo actuado. “Se realiza la rectificación, siguiendo las instrucciones del Comité ejecutivo, lo cual dio por resultado un beneficio mayor para el Estado”, agregó el BICE.
Con ese aval, ayer se firmaron los contratos de operación y mantenimiento de la Central Manuel Belgrano y se constituyó la nueva sociedad controlante. El Estado pasó a tener un 65% del capital social. Los privados, el 35% restante. Cuando en los próximos días se firme un contrato similar para la Central San Martín, la repartición será 68% y 32% respectivamente.