La Secretaría de Energía, el Enargas y la Anses venían trabajado en los últimos meses en una depuración del universo de hogares que recibe la tarifa social de gas. En concreto, la iniciativa apuntaba a retirar el beneficio a unos 300.000 usuarios residenciales que hoy están alcanzados por el plan, según indicaron a EconoJournal fuentes gubernamentales.

El programa de Tarifa Social beneficia a casi 2 millones de usuarios, casi un 25% de los más de 8 millones de hogares con gas natural que existen en todo el país.

“Confirmamos que existen usuarios que, pese a cumplir con los requisitos para acceder al beneficio, pueden pagar la factura plena de gas. Hay muchos jubilados, por ejemplo, que viven en Recoleta y otros barrios de alto poder adquisitivo, que reciben tarifa social y podrían pagar una factura más cara”, señaló allegados a la Secretaría de Energía, que dirige Gustavo Lopetegui.

El recorte que preparaba el gobierno alcanzaba a un 15% de ese universo. Pero finalmente, por el eventual impacto político de esa decisión, la cartera que dirige Gustavo Lopetegui desistió de avanzar en esa dirección. Así se definió en una reunión del secretario de Energía con directivos de la Anses hace 10 días.

“No es fácil desarrollar sistemas para aplicar un ajuste del padrón de usuarios que reciben la Tarifa Social en función de estudios de georreferenciación que realizó la Anses. Fue otro elemento que incidió en la decisión de aplazar el recorte, más allá de la especulación política”, señaló un técnico que venía trabajando de la iniciativa.