La decisión del gobierno boliviano, que encabeza Evo Morales, de ejecutar la garantía del Banco Nación por US$ 140 millones por los presuntos incumplimientos de la Argentina en materia de importación de gas desde el país del Altiplano no hizo más que tensionar la relación entre las partes. Fue una decisión que tomó YPFB, la petrolera estatal de Bolivia, a principios de noviembre.

Fuentes cercanas a la Secretaría de Energía explicaron que la posibilidad de recurrir a un arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional (CIC) para solucionar el diferendo se presenta como una alternativa concreta ante la imposibilidad de encaminar la negociación por un terreno más amigable.

De hecho, en la Secretaría de Energía tienen confianza en obtener un resultado positivo en caso de recurrir a la Corte de Arbitraje de la CIC, que tiene su sude en París. “Bolivia incumplió el contrato (se firmó en 2006 por el gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner) mucho antes que nosotros. Desde hace tiempo que no cubre los cupos de producción previstos en el contrato, en especial durante el invierno, ni tampoco está entregando el gas con el poder calorífico acordado originalmente porque extraen los líquidos en su territorio. Somos optimistas en poder ganar un arbitraje internacional”, explicaron allegados a esa cartera. Sin embargo, desde IEASA (ex Enarsa), la empresa que firmó el contrato en 2006, negaron que se esté evaluando seriamente la alternativa de recurrir a un arbitraje internacional e indicaron que están discutiendo con Bolivia una renegociación del contrato de importación en los términos y condiciones previstos en el acuerdo.

Un especialista en Legales que trabaja en un despacho oficial indicó que la Argentina podría fundamentar su posición en base a lo que en derecho se conoce como Teoría de la Imprevisión. Desde esa óptica, se podría para argumentar que no se podía prever que el desarrollo de formaciones no convencionales como Vaca Muerta modificaría tan disruptivamente la proyección de la oferta de gas en el país.

La intención de gobierno argentino es renegociar el contrato de importación de gas firmado con Bolivia en 2006. La Secretaria de Energía, que dirige Javier Iguacel, apunta, por un lado, a modificar los volúmenes del hidrocarburo que llegan desde el país del Altiplano, de forma tal que Bolivia concentre los envíos de gas durante el invierno y los reduzca durante el verano. Por el otro, el gobierno quiere reducir el precio del gas boliviano, que está encalculado en base a un fórmula polinómica que tiene en cuenta la cotización de derivados del petróleo como el gasoil y fuel oil.