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En Chubut
La estrategia del Gobierno para destrabar un proyecto minero de US$ 900 millones
Mar 27
febrero 2018
27 febrero 2018
El subsecretario de Desarrollo Minero, Mario Capello, evaluó como positiva la reunión que mantuvieron con intendentes de Chubut para destrabar el proyecto Navidad, de Pan American Silver, vedado por una legislación local. Pese a eso, el gobernador Mariano Arcioni no accedió a abrir el debate y se teme que la empresa operadora, no conserve a Navidad entre sus prioridades.
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Si bien Chubut no accedió a modificar la ley provincial aprobada en el año 2003 (Ley 5001), que prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de cianuro en el procesamiento de minerales, desde el ministerio de Energía y Minería de Nación no dan el tema por cerrado. Luego de la reunión que encabezó la semana pasada el titular de la cartera, Juan José Aranguren, con autoridades de la provincia patagónica, el gobernador Mariano Arcioni descartó que la revisión de la medida para impulsar la minería durante su mandato. Aún así, los funcionarios nacionales mantienen la apuesta.  

“Trabajamos para destrabar la prohibición que imposibilita al proyecto Navidad; y nos fue muy bien en Chubut”, evaluó el subsecretario de Desarrollo Minero, Mario Capello, en diálogo con EconoJournal.  Como parte de la comitiva, acompañó la presentación de Aranguren, quien además sugirió aplicar audiencias públicas en la provincia, con datos sobre los beneficios económicos que podría generar la puesta en marcha del proyecto de la empresa Pan American Silver. Para la explotación del reservorio de plata, plomo y cobre, se prevé una inversión inicial y un capital de sostenimiento de 921 millones de dólares, y se ocuparían unos 2000 trabajadores para la etapa de construcción, de dos años de duración, y unos 850 nuevos empleos directos y al menos unos 2800 indirectos para la operación, que se extendería 17 años.

En tanto, los intendentes chubutenses que asistieron a la reunión, principalmente los de los departamentos de Gastre y Telsen, en donde se asentará el proyecto, tomaron nota de las importantes inversiones y los empleos que podría generar Pan American Silver y pidieron luego al gobernador que se agregue a la Ley 5001 un capítulo que hable de “zonificación” y permita la actividad minera en algunas áreas puntuales de la provincia.  

 

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En el marco de un escenario de crítica situación financiera y de política económica provincial, los planteos que llevaron Aranguren y el equipo de la Secretaría de Minería repercutieron entre los alcaldes de las localidades lindantes al reservorio como una oportunidad. El contexto es apremiante: la semana pasada el Gobierno nacional debió auxiliar a Arcioni con 708 millones de pesos para que pueda refinanciar una deuda con Letras del Tesoro, y apenas unas horas después todo su equipo económico renunció a sus cargos de manera indeclinable, tras fracasar una sesión extraordinaria de la Legislatura local para que se apruebe el Pacto Fiscal y la emergencia económica.

De todos modos, Arcioni no dio lugar a la propuesta de Aranguren ni al pedido de los intendentes, quienes temen que Pan American Silver, la empresa operadora, que cuenta con otros emprendimientos importantes en Estados Unidos, México, Perú y Bolivia, no conserve al proyecto Navidad por mucho tiempo más entre sus prioridades. Si bien dijo a la prensa local “hay que saber y respetar las voces de todos”, el gobernador fue contundente con su decisión: “No habrá minería en mi mandato.  No está barajada desde ningún punto de vista la consulta popular.”

Según la Subsecretaría de Desarrollo Minero de la Nación, los proveedores de bienes y servicios nacionales y los empleados de la empresa minera, serían quienes del pago de los costos de construcción y operación reciban la mayor parte de lo que genere la mina. De concretarse, solo durante la operación, serían captados por esos actores un promedio de 75 millones de dólares por año.

En tanto, el Estado en su conjunto (provincial, más nacional, más municipal) también se beneficiaría a través del impuesto a las ganancias (35%), regalías (3 %) y fondo de desarrollo productivo e infraestructura (1,5%). Además, recaudaría de modo indirecto de empleados y proveedores un adicional que se estima en 1,35%.  De ese modo, el beneficio total para el Estado ascendería a 539 millones de dólares durante toda la operación, si el proyecto se desarrolla.

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