El Gobierno se apresta a tomar una decisión salomónica. Aceptará que las empresas generadoras de energía que se adjudicaron la construcción de centrales eléctricas en una licitación oficial realizada en 2016 abonen en cuotas y en un plazo considerable las multas millonarias que les corresponde por haber incumplido los tiempos de instalación previstos en la compulsa.
En concreto, un grupo de cinco empresas eléctricas recibieron multas por más de US$ 100 millones por demorar la conclusión de sus proyectos termoeléctricos. Las bases y condiciones previstas en la resolución 21/2016 del Ministerio de Energía preveían que las compañías en falta tenían que cubrir en un pago las multas aplicadas por la cartera de dirige Juan José Aranguren. Pero ante la envergadura de la cifras en juego, el Ejecutivo eligió salirse del libreto: cobrará las multas aplicadas, pero financiará a los deudores en cuotas en un plazo de pago de entre 5 y 10 años.
“Lo que se decidió y se anunciará en los próximos días es que las empresas ganadoras que hayan incumplido los plazos de ingreso al sistema de sus centrales puedan desagregar el pago de las multas durante todo el tiempo de duración del contrato”, explicaron allegados a Energía. Así, por ejemplo la norteamericana APR Energy, la firma que recibió las sanciones más onerosas, podrá pagar en cuotas una multa de US$ 48,5 millones mediante un descuento de la remuneración por potencia que cobrará una vez que sus dos plantas térmicas –una en Matheu y la otra en Pilar- estén en actividad.
La planta de APR Energy en Matheu –con capacidad para generar 215 megawatt (Mw)-tendría que haber ingresado al sistema el 31 de diciembre de 2016. Es decir, lleva más de siete meses de retraso. La empresa norteamericana argumentó que la demora obedece a trabas administrativas de la Aduana que retuvo durante meses equipos importados e impidió la construcción de la central. A raíz de eso, APR planteó razones de ‘fuerza mayor’ para justificar su falta. “Aún cuando el Ministerio haga lugar al pedido, parece improbable que acepten que una demora de más de siete meses responde únicamente a la burocracia de la Aduana. Podrán descontarle algún mes pero no toda la deuda”, aventuró un alto ejecutivo del sector.
El pliego incluido en la resolución 21 fija una penalidad máxima equivalente a seis meses de remuneración por potencia para las empresas que demoren más de 60 días en conectar su proyecto al sistema desde la fecha prevista en el contrato de compra de energía (PPA, por sus siglas en inglés) firmado con Cammesa, la empresa que administra el mercado mayorista. Es decir que por más que Energía le descuente algún mes como resultado del mal manejo de la Aduana, la multa de APR Energy continuaría invariante. Es más, si la normativa se aplica a rajatabla, el Gobierno está en condiciones de rescindir el contrato con la empresa norteamericana y ejecutar la garantía crediticia para cobrar las multas. Pero Aranguren no quiere incurrir en una decisión tan disruptiva. Es la primera licitación eléctrica que lanzó el gobierno de Mauricio Macri y se trata de no enviar malas señales a los inversores internacionales. Menos cuando está involucrada una compañía de capitales de EE.UU.
“Exigir el pago en una cuota hubiese implicado la quiebra de la aseguradora de APR Energy, que probablemente también se negaría a pagar las multas de casa US$ 50 millones aplicadas a la empresa. Se optó por la opción intermedia de financiar la sanción económica en cuotas. Así, APR, cuyo contrato es por cinco años, terminará recibiendo una remuneración por potencia de sólo cuatro años y medio, porque los ingresos por los restantes seis meses los destinará al pago de las multas”, detallaron allegados a Aranguren.
La decisión fijará precedente para otras empresas en falta como MSU Rio Energy, del empresario Manuel Santos Uribelarrea, que acumula casi 160 días de demora para conectar una central de 138 Mw de potencia que originalmente iba a ser instalada en la localidad bonaerense General Rojo, pero deberá ser relocalizada por cuestiones municipales.
MSU recibió una multa de US$ 21 millones. En tanto que a SO Energy le corresponde una multa de más de US$ 23 millones por haber demorado el ingreso al sistema de dos centrales Río Tercero (Córdoba) y Salto (Buenos Aires). Y a Centrales de la Costa le aplicaron una multa de US$ 16,2 millones por demorar 61 días en terminar una planta de 88 Mw en Mar del Plata.
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Los incumplimientos pueden deberse a pobre planificación de las obras y/o de los flujos financieros, lo que es responsabilidad del empresario. También a eventos imprevistos, caso demoras excesivas en el tramite aduanero respecto del previsto en el Plan de Trabajos. Pero mas alla de que sean causas justificadas o no, el que cinco oferentes hayan incurrido en demoras, no habla bien del proceso de selección que el Comitente debio realizar previo a las adjudicaciones. Esperemos que en el futuro su desempeño sea mas eficiente para evitar estas situaciones conflictivas.