La petrolera bajo control estatal inició una acción legal contra empresas gasíferas para cobrar una deuda millonaria acumulada durante el año pasado como consecuencia de la crisis de tarifas que enfrentó el Gobierno. A fines del año pasado YPF promovió una medida cautelar contra la mayoría de las distribuidoras –un grupo liderado por Metrogas, Gas Natural Fenosa y Camuzzi- para cobrar un monto superior a los $ 3500 millones, correspondientes a facturas de compra de gas que las gasíferas dejaron de pagar el año pasado cuando empezó a judicializarse el primer aumento tarifario instrumentado por el Ministerio de Energía en abril de 2016.

Como resultado de esa judicialización, que desembocó en la decisión de la Corte Suprema de anular esas subas en agosto, las distribuidoras redujeron significativamente sus ingresos por lo que no pudieron afrontar sus compromisos con los productores. En los hechos, la judicialización trajo aparejado la ruptura de la cadena de pagos del sector. En total, las nueve distribuidoras acumularon una deuda total con las petroleras de más de $ 8000 millones. Por ser el mayor productor de gas, las acreencias de YPF superan los $ 3500 millones.

En un movimiento poco usual que causó sorpresa en la industria, la petrolera que preside Miguel Gutiérrez demandó judicialmente a la mayoría de las distribuidoras. Fue la táctica que eligió su vicepresidente de Gas y Energía, Marcos Browne, para presionar a las compañías gasíferas a negociar. La posición generalizada en el sector es que el conflicto se resolverá en una instancia previa a la propiamente judicial. En ese sentido, para esta semana está convocada una mediación entre las partes para intentar llegar a un acuerdo.

Marcos Browne, VP de Gas de YPF, quiere cobrar lo adeudado por gasíferas“No hubiera llevado las cosas al ámbito de la Justicia porque las distribuidoras tienen voluntad de pago y dejaron de pagar sólo cuando sus ingresos se pulverizaron cuando la Justicia frenó los aumentos de las tarifas residenciales. Es decir, se vieron afectadas por un problema que las excedía”, comentó a EconoJournal el titular de otra petrolera, bajo la reserva de nombre. Desde YPF evitaron realizar comentarios sobre el tema.

El objetivo de la principal petrolera de la Argentina es negociar un plan de pagos en cuotas con las gasíferas. Las distribuidoras están dispuestas a avanzar en esa dirección. La discusión se centra en la tasa de interés que se aplicará. “Todos queremos darle un cierre a esta situación. Tenemos el desafío de sanear nuestros balances para volver a ser sujetos de crédito confiables para el mercado financiero. A nadie le sirve extender este tema mucho tiempo más”, reconocieron desde una distribuidora.

La principal deudora de YPF es el grupo Camuzzi, controlado accionistas locales e italianos. Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur, que brinda el suministro de gas en la Patagonia y es la distribuidora que más gas despacha en el país, adeudan cerca de $ 1500 millones y $ 600 millones respectivamente. Camuzzi fue la gasífera más afectada el año pasado porque la judicialización de los aumentos tarifarios comenzó con amparos de primera instancia concedidos en las provincias patagónicas. Más atrás vienen Gas Natural Fenosa, Metrogas (paradójicamente controlada por YPF, que es su principal accionista) y EcoGas.