El gobierno publicó este miércoles la resolución 67 de la Secretaría de Energía, que declaró de interés público la construcción del gasoducto Néstor Kirchner y creó el programa “Transport.AR Producción Nacional” con el objetivo de avanzar en la ejecución de las obras. La norma fue presentada como un avance más de cara a la concreción del proyecto. Sin embargo, en los hechos la licitación del gasoducto, que conectará Tratayén en Neuquén con la localidad de Salliqueló en Buenos Aires, sigue sin avanzar y diversas fuentes consultadas ya descartan que pueda estar listo siquiera para el invierno de 2023.

La apuesta inicial consistía en lanzar el pliego licitatorio del proyecto antes de que finalice 2021. Eso no sucedió. Es más, el Ejecutivo ni siquiera logró publicar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que creará el fideicomiso con el que se financiará la obra, que se realizará bajo la Ley de Obra Pública. Ese fideicomiso estarán fondeado con recursos públicos del Tesoro y también con parte de la recaudado por el Impuesto a las Grandes Fortunas. Este último ítem representa el equivalente a unos US$ 550 millones que están depositados en pesos en una cuenta bancaria a nombre de IEASA, la empresa estatal de energía. Esa normativa está desde hace semanas bajo revisión de la Secretaría Legal y Técnica que dirige Vilma Ibarra, pero se desconoce por qué no se publicó aún en el Boletín Oficial.

Múltiples fuentes públicas y privadas consultadas por EconoJournal coinciden en que el letargo del Ejecutivo es incomprensible y le terminará costando al Estado miles de millones de dólares. El contexto explica esa incredulidad. Con el Gas Natural Licuado (LNG, por sus siglas en inglés) por encima de los 25 dólares y la inyección disponible de gas desde Bolivia en franco retroceso, altos directivos de empresas productoras y transportistas no logran entender cómo el Ejecutivo no acelera el proceso de ampliación del sistema de transporte de gas desde la cuenca Neuquina para poder evacuar más gas de Vaca Muerta hasta los centros de consumo.

«La opción de llegar al 2023 es nula. Y el año que viene hay elecciones presidenciales, por lo que es poco probable que haya avances significativos. En nuestro escenario más realista, el gasoducto podría estar listo recién para 2025«, expresó el director de Planeamiento Estratégico de una petrolera.

Menos gas de Bolivia

La negociación con Bolivia está cada vez más complicada. Este medio publicó que se acordó un cuarto intermedio hasta el 31 de marzo, período en el que Bolivia enviará hacia la Argentina un piso de 7,5 MMm3/día de gas. IEASA quiere que YPFB garantice en el invierno al menos 12 MMM3/día de gas. La cifra es inferior a los 14 MMM3/día de gas que estaban incluidos en la adenda anterior, pero es el mínimo que se necesita, en función de las proyecciones realizadas por Energía, para cubrir el suministro de gas natural en las provincias del centro y norte del país entre mayo y agosto. Sin embargo, Bolivia ni siquiera está garantizando esos 12 MMM3/día.

Por ese motivo, la búsqueda de alternativas que permitan reemplazar, lo antes posible, el suministro de gas desde Bolivia se vuelven imprescindibles. Si la opción es utilizar a tal fin el gas de Vaca Muerta, lo más sencillo es ampliar el sistema centro-oeste de transporte de gas, pero esa no fue la traza que eligió el gobierno. Fue una alternativa que a mediados del año pasado impulsó un sector del gobierno, pero finalmente no obtuvo el respaldo del cristinismo, que optó por construir un nuevo gasoducto desde Neuquén a Bahía Blanca, tal como publicó este medio.

La responsabilidad por el letargo que evidencia el gobierno en cuanto al proyecto más estratégico que tiene por delante el sector de energía recae sobre todo el área económica del gobierno, aunque en particular la competencia de la empresa estatal IEASA (ex Enarsa), que tiene a su cargo la licitación y construcción del nuevo caño troncal y que, a su vez, operará como transportista una vez que el gasoducto entre en funcionamiento.

Lo concreto, por estas horas, es que si el gobierno le hubiese dado prioridad a la obra dentro de la gestión, muy probablemente podría tener la infraestructura lista para el año que viene. Se hubiese ahorrado, de ese modo, la mayor parte de las importaciones de LNG que arriban en invierno hasta la terminal regasificadora de Bahía Blanca. Se estima que este año llegarán a esa planta unos 20 cargamentos de LNG que tendrán un costo aproximado de US$ 1500 millones.

La licitación que no llega

“Estamos a la espera de que salga el DNU que aprueba el financiamiento y la constitución del fideicomiso que administrará la obra. Una vez que se cumpla ese paso, IEASA debería presentar el pliego de licitación”, indicó una fuente oficial. «La publicación de la resolución 67, que crea el programa Transport.Ar es un avance, pero es cierto que todo el proceso viene lento«, admitió.

Fuentes del sector privado admiten el desconcierto. De un relevamiento realizado por este medio durante esta semana, tanto las empresas productoras como las transportistas admiten que la articulación con el Ejecutivo para acelerar los tiempos del proceso es prácticamente nula.

En forma complementaria a la ralentización de la gestión del área energética del Gobierno, el proyecto también se vio afectado por la caída del Presupuesto 2022, que fue rechazado en el Congreso por la oposición. Esa iniciativa preveía una modificación de la Ley que creó el Aporte Solidario a las Grandes Fortunas, que establecía que parte de la construcción del gasoducto se va a solventar con fondos asignados en origen a YPF para desarrollar proyectos de gas.