El presidente Alberto Fernández aseguró en la Asamblea Legislativa que enviará al Congreso un proyecto de ley para “desdolarizar” las tarifas, aunque sin dar mayores precisiones. EconoJournal consultó a diversas fuentes oficiales y confirmó que puertas adentro del gobierno circula un borrador que contempla la pesificación de contratos eléctricos firmados especialmente durante la presidencia de Mauricio Macri con la intención de abaratar el costo de la generación de energía y así reducir subsidios.

El corazón del texto, sin embargo, apunta a establecer los criterios metodológicos y regulatorios que se emplearán para segmentar las tarifas residenciales de gas y electricidad en función de la capacidad adquisitiva de cada usuario.

Los contratos en la mira

En diciembre de 2015, en la misma semana en la que asumió su cargo, el entonces ministro de Energía Juan José Aranguren declaró la emergencia energética y avanzó con un programa de acciones destinado a garantizar el suministro eléctrico. Como parte de ese plan, en marzo de 2016 dictó la resolución Nº 21/16 destinada a ampliar el parque de generación térmica. Allí se les permitió a las empresas interesadas ofertar un precio en dólares de la energía para repagar los proyectos de inversión.

Lo mismo ocurrió en mayo de 2017 cuando se sancionó la resolución 287/17 mediante la cual se abrió la licitación para proyectos de co-generación y cierre de ciclo combinado sobre equipamiento ya existente.

A esas dos resoluciones que fijaron precios de la energía en dólares, se le sumaron todos los contratos del programa RenovAr, que también están dolarizados. Y también contratos anteriores firmados durante los gobiernos kirchneristas bajo el paraguas de la resolución 220/2007 de la Secretaría de Energía y de los programas Foninvemem y Energía Plus.

El gobierno tiene en la mira esos contratos en dólares porque han encarecido el costo monómico de generación, según precisaron las fuentes consultadas. Por ejemplo, a fines del año pasado el costo monómico estaba en torno a los 60 dólares por MWh, pero el precio promedio de la energía provista por los contratos firmados en el marco de la resolución 21/16 era de 215 dólares por MWh.

«Se apunta a ordenar la remuneración del segmento de generación eléctrica. Hay que lograr una consistencia porque la mayor parte del parque de generación recibe una remuneración en pesos», explicó un colaborador del secretario de Energía, Darío Martínez.

Los riesgos de la “desdolarización”

La pesificación de esos contratos expresados en dólares podría ayudar a reducir el costo de generación, pero antes de avanzar hay dos cuestiones a tener en cuenta:

1) Las empresas que operan esas centrales emitieron deuda en dólares para financiar esas obras y si el gobierno les pesifica su ingreso automáticamente deberían darse vuelta y decirles a sus acreedores que no pueden cumplir con su deuda. Muchos de esos acreedores son los mismos fondos de inversión que pugnaron recientemente con YPF cuando la petrolera propuso un canje de su deuda. De hecho, la petrolera controlada por el Estado sería una de las perjudicadas si se avanzara con la desdolarización porque YPF Luz, su subsidiaria en el negocio de generación eléctrica, fue una de las empresas que más contratos térmicos y renovables se adjudicó durante la gestión anterior.  

El problema, además, es que en varios de esos documentos el Estado Nacional salió como garante y a su vez, algunos cuentan con garantía del Banco Mundial. Por lo tanto, un incumplimiento de las empresas podría terminar teniendo un costo para el erario público y disparar una serie de reclamos en el Ciadi, tribunal arbitral de Nueva York, por el cambio de las condiciones originales establecidas en los contratos.

2) El diseño de la política macroeconómica puede operar como un desincentivo para la desdolarización. Cualquier pesificación iría de la mano de algún tipo de indexación a partir de una fórmula polinómica que contemple, por ejemplo, la evolución de la inflación. Si el gobierno confía en mantener un dólar relativamente planchado en 2021 para encarar la agenda electoral, la pesificación de los contratos no sería tan determinante para reducir los subsidios y generaría un ruido innecesario en el mercado energético.

Estos dos puntos son los que están analizando puertas adentro del gobierno antes de elevar un proyecto al Congreso Nacional.

Segmentación tarifaria

El trazo grueso del borrador en el que trabaja el gobierno —que cuenta también con contribuciones redactadas por colaboradores del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa— apunta a edificar regulatoriamente un esquema de segmentación tarifaria según el poder adquisitivo de la población.

• La intención oficial, según pudo averiguar este medio, es separar a los usuarios en tres grandes grupos: un 20% de alto poder adquisitivo que pagaría la energía prácticamente sin subsidio, un 40% de ingreso medio que pagaría hasta el 80% del costo de la energía y otro 40% que pagaría hasta un 60% del cuadro tarifario aplicado al primer grupo.

“Por el momento, se están avanzando sobre algunos borradores. No hay nada definitivo. Lo central es la gegmentacion, es decir, establecer tarifas que vayan evolucionando en función de cómo fluctúen los ingresos de cada sector poblacional”, explicó una fuente de la Secretaría de Energía.

La implementación de esa idea es compleja porque es necesario saber cuánto gana cada hogar para ver cuánto se le cobra y las distribuidoras repiten que ellas no son la AFIP como para ir pidiéndoles un detalle de ingresos a sus clientes. Para el gobierno tampoco es fácil acceder a esa información debido al secreto fiscal. Por eso están evaluando que el proyecto de ley que se enviará al Congreso contemple alguna manera para que puedan acceder a esa información blindada por salvaguardas que protegen a los datos tributarios y bancarios de los contribuyentes.

En Economía sostienen que no les interesa tener acceso al detalle de ingresos de cada usuario sino al menos que la AFIP les diga quién pertenece al 20% de ingreso alto, al 40% de ingreso medio y al otro 40% de ingreso bajo para de ese modo poder avanzar.

Pese a todo, la instrumentación de un esquema segmentado o estratificado de tarifas demandará varios meses. “En el mejor de los casos, podríamos implementarlo dentro de un año, es decir, en 2022”, concluyó una fuente cercana a la Secretaría de Energía.