El secretario de Energía, Darío Martínez, convocó para el 15 de marzo a una audiencia pública donde se discutirá que porción del precio de gas en boca de pozo cubrirá el Estado Nacional a través de subsidios. Sin embargo, no está previsto allí analizar las tarifas que le corresponderán a transportistas y distribuidores. A raíz, el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, evalúa una convocatoria a una segunda audiencia que podría ser citada para el 16 o 17 de marzo.

¿Por qué una segunda audiencia pública?

La realización de dos audiencias públicas para discutir las tarifas de gas expresa las profundas divisiones que existen en el gobierno en torno a qué hacer con las tarifas, disputa que aún no se encuentra saldada.

Si bien el decreto 892/20 que aprobó el Plan Gas 2020-2024 contempla en su artículo 6 la posibilidad de realizar una audiencia pública para determinar qué porción del precio del gas natural en boca de pozo debe afrontar el Estado Nacional. Por lo general, tanto el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) como los márgenes de transportistas y distribuidoras se suelen definir en una misma audiencia pública, como ocurrió en septiembre de 2016 cuando el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, realizó la audiencia pública en la Usina del Arte obligado por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, en este caso, Bernal y Martínez avanzan por carriles diferentes y tienen ideas distintas sobre lo que se debe hacer con las tarifas.

En un gobierno que funcionara de modo más institucionalizado, es de esperar que los interventores del Enargas y del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) reporten al secretario de Energía y al ministro de Economía, tal como lo establece el organigrama vigente de la administración pública. Sin embargo, Bernal y María Soledad Manin fueron puestos allí por la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y le reportan directamente a ella.

El poder real que tienen ambos interventores, más allá de su lugar formal en el organigrama del Estado, quedó evidenciado en diciembre cuando se publicó el decreto 1020/20 que le encargó a ambos entes reguladores llevar adelante la negociación tarifaria y corrió del medio a la secretaría de Energía, organismo que prácticamente no aparece mencionado en ese texto.

Pese a ello, puertas adentro del gobierno continúa una fuerte discusión sobre qué hacer con las tarifas. La vicepresidenta es partidaria de ajustar lo menos posible. Por eso Bernal les informó a las distribuidoras que solo se autorizaría un aumento de entre 7% y 9%.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, en cambio, considera indispensable que las tarifas acompañen a la inflación para que los subsidios se mantengan constantes con relación al PIB. Por eso, busca que las tarifas al menos aumenten un 30% a lo largo del año ya que no hay forma de mantener constantes los subsidios si el ajuste es solo de 7% o 9%.

Guzmán tiene diálogo directo con Cristina Fernández de Kirchner y desde hace tiempo viene insistiendo con la necesidad de que el aumento vaya en línea con la inflación debido a la delicada situación fiscal, según confirmaron a EconoJournal fuentes oficiales. La negociación abierta con el Fondo Monetario Internacional también forma parte de sus argumentos, pero hasta el momento no logró que la vicepresidenta diera el brazo a torcer.

Mientras tanto, decidió jugar la carta de la convocatoria de la audiencia para discutir el precio del PIST, movida que desconcertó a Bernal, quien para negociar el margen de aumento de 7% a 9% les había prometido a transportistas y distribuidoras que el precio del gas en boca de pozo no sufriría cambios.

La convocatoria de Martínez, quien juega alineado con Guzmán, para discutir el precio del gas en boca de pozo, sorprendió no solo al interventor del Enargas sino también a distribuidoras y transportistas, quienes ahora esperan una convocatoria de Bernal para otra audiencia, ya que la que llamó Martínez no las habilita a subir tarifas.

¿Cómo sigue la pelea de fondo?

La pelea está abierta, pero Guzmán la tiene muy difícil, pues hasta ahora no ha logrado convencer a la vicepresidenta y de ello depende que puede avanzar con un aumento mayor al que diseñó Bernal para el gas y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, para la electricidad, hombre que responde a Máximo Kirchner y que conserva su influencia sobre el ENRE intacta.

Cristina Fernández de Kirchner tomó el tema tarifario como uno de sus caballitos de batalla junto con la reforma judicial y el presidente Alberto Fernández parece haber aceptado que son áreas donde el cristinismo marca el paso. Por lo tanto, si Guzmán quiere que el aumento esté en línea con la inflación deberá seguir conversando con Cristina Fernández de Kirchner, ya que ella tiene la llave para poder avanzar por esa puerta.