**La nota del autor se publica en forma simultánea en EconoJournal y Revista Crisis.

Cuando se toca fondo, todo parece más claro. Fue lo que sucedió hace nueve años, cuando la política energética del Frente para la Victoria colapsó y a la Argentina que no tenía gas natural se le fueron por la canaleta de la importación de combustibles nada menos que 12.000 millones de dólares en doce meses. Entonces, Cristina Fernández de Kirchner decidió avanzar con la expropiación de YPF en un movimiento tardío que escandalizó a los guardianes de la república, pero apartó del área a Julio De Vido y puso al frente de la petrolera de mayoría estatal a Miguel Galuccio, un ingeniero de familia radical que se había formado en la era Estensoro, vivía en Inglaterra y era gerente de la multinacional Schlumberger.

La Presidenta no sólo tomó el tema como una cruzada personal y apostó todo al fracking en Vaca Muerta, la formación rocosa de 36.000 kilómetros cuadrados que abrió la puerta argentina hacia los no convencionales. Además, buscó revertir la imagen del despilfarro con un técnico que conocía la lógica del sector privado y estaba decidido a avanzar con una nueva ley de hidrocarburos que incluía concesiones decisivas para la industria. Poco después, la cuestionada Chevron desembarcaría como socia de YPF y punta de lanza de las multinacionales en la meca del shale. 

A una orientación tan clara como obligada, producto del desabastecimiento y la salida aluvional de dólares, Cristina le sumó su liderazgo político y el armado de una mesa ejecutiva que tenía dos pilares con visiones y trayectorias muy distintas. De un lado estaba Galuccio, del otro el entonces sub-interventor de YPF, secretario de Política Económica y Planificación y futuro ministro de Economía, Axel Kicillof. Con todo el poder del Estado, CFK laudaba y, después de la discusión inevitable y permanente, las decisiones se ejecutaban en tiempo récord.

Tras un primer año difícil -para algunos un calvario-, el pragmatismo, la flexibilidad, la paciencia y la ambición de ese triángulo de bordes irregulares le permitió al gobierno revertir la deficitaria ecuación y rescatar a YPF como nave insignia. Subieron los precios de las naftas, se destinaron fondos adicionales para la industria, se desarmó parte de la política de subsidios que encarnaba De Vido, se incrementó la inversión, aumentaron la exploración y la producción de gas y petróleo, crecieron las reservas y se acabó el desabastecimiento. La crisis terminal y la gran promesa que representaba Vaca Muerta habían ordenado la política energética.

Clausurada la aventura de Mauricio Macri en Casa Rosada, Cristina está otra vez en el poder a partir de un esquema de gobierno que diseñó casi sin consultar a nadie. Mientras la oposición la denuncia de manera obsesiva por estar detrás de todas las decisiones, ella y su círculo más estrecho repiten que Alberto Fernández es el que está a cargo. Sin embargo, su mano se advierte como en ninguna otra en el área de los hidrocarburos, el universo sin el cual no puede entenderse la proyección histórica del kirchnerismo. 

Cristinistas sin estrategia común 

La vicepresidenta incide en el tema a través de una cuadrilla de hombres que le reportan y se reparten roles, funciones e intereses no siempre complementarios. Pero el contexto es tan distinto que aquella mesa ejecutiva con Kicillof y Galuccio hoy genera nostalgia entre los protagonistas del sector. En primer lugar, lo que cambió es el cuadro general: la pesadísima herencia de Macri impacta de múltiples formas porque la bomba de tiempo de la deuda con el Fondo exhibe al gobierno en un estado de debilidad agravado por la pandemia. Los Fernández concluyen su primer año en el poder sin lograr dominar por completo las variables principales de la economía y sin despejar el fantasma de la inestabilidad y la devaluación. En el marco de la pura urgencia, la política energética que demandan con ansiedad los gobernadores petroleros, las multinacionales y los capitales de origen nacional que operan en la esfera hidrocarburífero queda rezagada. La frase que repetían en aquellos años los funcionarios de Cristina como señal de omnipotencia, “la plata la tenemos”, hoy parece un chiste de mal gusto.   

En segundo lugar, a la hora de la toma de decisiones, el contraste con el período 2012-2015 no puede ser mayor. El Presidente no domina los temas, no conoce de manera específica el mundo de los hidrocarburos y sólo registra como antecedente el trabajo de asesoramiento que hizo para la familia Eskenazi a partir de 2008: según Fernández declaró en su momento, por pedido de Néstor Kirchner y en tiempos de la fallida “argentinización”. Más importante que eso, el área está balcanizada entre actores de poco peso que exhiben criterios contradictorios y logran muchas veces anularse unos a otros. Después de largos meses de pujas internas, dos de los funcionarios que estaban a cargo de la política para el sector fueron desplazados. El inexplicable Sergio Lanziani se fue a su casa y el ministro de Producción Matías Kulfas, que había impulsado el Plan Gas contra la resistencia del Enargas, se vio obligado a resignar su influencia en el área y cederle esa potestad a Martín Guzmán. 

Desde el minuto cero, CFK tuvo injerencia en el área energética a través de los interventores en el Enargas y en Enre, Federico Bernal y Federico Basualdo. Aún con distintas trayectorias y diferentes modos, “los Fedes” constituyeron de entrada lo que en otras oficinas del ancho oficialismo se denomina la “línea congeladora for ever” que lleva el sello del Instituto Patria. Atentos a las ganancias descomunales de las eléctricas y las gasíferas durante la temporada de tarifazo que consumó una violenta transferencia de ingresos, los dos funcionarios expresaban el rechazo a nuevos aumentos que comenzaron a reclamar las empresas del sector poco tiempo después de que los Fernández asumieran el poder. En esa dirección, milita también Mariano Lovelli, el abogado platense que es director de Relaciones Institucionales del Senado y tiene entre sus especialidades la cuestión energética.

El apartamiento de Kulfas y de Lanziani redundó en mayor incidencia de Cristina. El ministro de la Producción que la vicepresidenta aún no logra digerir dejó el área en manos de Guzmán y el neuquino Darío Martínez se convirtió en secretario de Energía sin antecedentes en el rubro pero con un claro objetivo político: ir por la gobernación de su provincia en 2023. Martínez mantuvo parte de la línea técnica que escoltaba a Lanziani y se acoplaron a su esquema dos leales a CFK provenientes de distintas generaciones. Basualdo pasó del ENRE a subsecretario de Energía y la abogada neuquina Ofelia Cedola -con la credencial de haber presentado a Néstor y a Cristina en los años ‘70 y haber secundado a Carlos Zannini en la secretaría de Legal y Técnica- comenzó a trabajar de manera sigilosa desde la Fundación YPF para la campaña.

Con la misión de frenar el fuerte declino de la producción que se inició en 2019 y la importación de gas que ya comenzó aunque en niveles por ahora controlables, Martínez impulsó en poco tiempo el lanzamiento formal del Plan Gas para las petroleras que había heredado de Kulfas. Las demoras de la implementación final se atribuyen al rechazo de Guzmán de incrementar los subsidios en el marco de la asfixia económica. Mientras el ministro de Economía está gobernado por la urgencia y la presión del Fondo, el secretario de Energía ensaya una alianza que beneficie a las empresas del sector y a su provincia entre las petroleras. Los que conocen el rubro afirman que no sólo falta la mesa ejecutiva; se siente, sobre todo, la ausencia de una estrategia común producto de la restricción múltiple y cada paso se inscribe en una táctica sin garantía de continuidad. 

La pesada herencia en YPF

Junto con los entes reguladores, Energía y Economía, el cuarto actor de la composición oficial es YPF. Fundamental en los años del último cristinismo, ahora aparece desdibujado y muy condicionado por una deuda que ronda los 7.500 millones de dólares. La petrolera estatal se vino a pique durante los años del macrismo sin que las almas nobles del Circulo Rojo se escandalizaran por los números desastrosos que dejó Miguel Gutiérrez, un financista que era dueño del fondo de inversión Rohatyn Group y había aterrizado en la cúpula de la petrolera estatal con el solo mérito de ser amigo de Nicolas Caputo. Con la resolución 46 que firmó el accionista de Shell Juan Jose Aranguren, la política principal del macrismo a favor de Vaca Muerta benefició a Paolo Rocca como a nadie y perjudicó a YPF de manera ostensible. Diseñado como un programa que remuneraba la producción, parecía a la medida de Fortín de Piedra, el yacimiento estrella de Tecpetrol.

La resolución Aranguren era hiper rentable para las empresas que partían de cero porque toda su producción era nueva y recibían 7,50 dólares por millón de BTU de manos del Estado. A YPF, que tenía casi todas sus áreas con producción iniciada, no le servía pero sí a Rocca, que se favoreció además por la curva de aprendizaje que había sido costeada por la petrolera estatal durante los últimos años de Cristina.

Funcionarios y empresarios coinciden en la descripción. Cuando YPF empezó a perforar en Vaca Muerta, un pozo costaba 25 millones de dólares; cuando Tecpetrol decidió hacer su propia apuesta, el costo se había reducido 11 millones de dólares. Así fue que Techint invirtió U$S 2500 millones con un riesgo mucho más bajo, una ganancia allanada por la ventaja en eficiencia que había dejado la era Galuccio para el conjunto de la industria y los subsidios del Estado que le aportó Macri hasta 2019, cuando el déficit cero lo obligó a cerrar el grifo y desató un pleito judicial que todavía subsiste por lo adeudado hasta la llegada de Fernández al gobierno. 

Tecpetrol, que no integraba el ranking de los mayores productores de gas (YPF, PAE, Total, Wintershall, Pluspetrol, Pampa), se convirtió en dos años en uno de los cuatro más grandes. A la inversa, YPF no sólo quedó al margen del festival de subsidios sino que tuvo pérdidas estimadas en U$S 2000 millones en apenas tres años. Perdió incidencia en el mercado, fue apartada de todos los programas de estímulo, quedó rezagada ante el lobby de la industria y terminó siendo para muchos la empresa boba del sector.

Alberto Fernández le dio a Guillermo Nielsen el premio consuelo de ser el presidente de YPF, pero el ex secretario de Finanzas confirmó en su nuevo cargo que lo único que le interesaba era ser ministro de Economía. Dos semanas después de asumir funciones, ya el Presidente lo había sido desautorizado por su intento de subir las naftas antes de tiempo.

Nielsen promocionó una ley pro Vaca Muerta que nunca entró al Congreso y desde marzo pasado nadie en el rubro petrolero se explica cómo sobrevive. Fue Cristina la que eligió a Sergio Affronti como gerente general en abril después de que Galuccio le presentara una terna de candidatos para conducir la compañía. Las fuentes coinciden: la vicepresidenta comparó aptitudes y decidió, pero lo hizo sin reunirse con el elegido, tarea que delegó en el Presidente.

Con línea Galuccio pero con perfil más bajo y sin el respaldo político que tuvo en su momento el ahora dueño de Vista Oil & Gas, Affronti logró cuatro aumentos de las naftas desde abril y piensa avanzar con más. Además, reestructuró U$S 1000 millones de su deuda y comenzó un proceso de ajuste de personal en una situación de alta fragilidad. Por un cúmulo de razones, Cristina se encuentra ahora imposibilitada de volver a andar el rumbo que planteó a partir de 2012 con YPF, cuando se revirtió el declino de la producción de gas, se trazó una política a favor de la industria y se salió del desabastecimiento.

La alianza del gas (no convencional)

En el primer año de gobierno de los Fernández, el poder compartimentado redundó en tensión interna, demoras interminables a la hora de tomar decisiones y una política del paso a paso que no ayuda a dibujar un horizonte. Todos tienen influencia y son las circunstancias cambiantes las que definen qué criterio prima y hasta cuándo.  

Sin embargo, el escenario es, en un aspecto mucho, más claro. Cuando Cristina decidió expropiar YPF, hizo una apuesta para recuperar la producción pero no había garantía absoluta de que existieran los recursos necesarios para abastecer el mercado local. Hoy en cambio se sabe que Vaca Muerta tiene 308 trillones de pies cúbicos (TCF) en recursos de gas natural no convencional. Eso implica 193 años de consumo local abastecido y la posibilidad de exportar, según la estimación de Nicolás Arceo, ex vicepresidente de Administración y Finanzas de YPF durante la era Galuccio -en representación de Kicillof- y hoy director de la consultora Economía & Energía.

Es el cuadro opuesto al que vivió CFK en el marco de un sistema que, según algunos consideran, estaba basado en la escasez. Para exportar, por supuesto, es necesario que las empresas destinen millones de dólares a la inversión en infraestructura que hace falta para sacar el shale, la variable que cayó de manera pronunciada desde el segundo trimestre de 2019, cuando Macri dio de baja su política de subsidios y el Estado comenzó a pagar 3,5 dólares por millón de BTU, menos de la mitad de lo que obtuvo Techint para el desarrollo de Fortín de Piedra. Si en el invierno de 2019 la producción en Vaca Muerta era de 44 millones de metros cúbicos de gas por día, este año descendió hasta los 26 millones de metros cúbicos de gas por día. Eso hizo que ya en el primer año de los Fernández en el gobierno faltara gas y se importara por 100 millones de dólares, una cifra escasa pero sintomática, más aún si se tiene en cuenta que la cotización estaba en niveles mucho más bajos que lo habitual. 

Saldada hace tiempo la discusión a favor del fracking como método de extracción del no convencional tanto en el gobierno como en la industria, lo que no se explicaban en las esferas del poder real era por qué se dilataba durante meses el lanzamiento del Plan Gas, el esquema de incentivos a la producción vía subsidios y subastas. Recién en octubre pasado, el Presidente fue a Vaca Muerta para anunciar un programa que se discutió durante la mayor parte del año y, casi un mes después, el último 13 de noviembre, firmó el decreto 892 para su implementación. El objetivo oficial es llevar la producción del fluido a 30.000 millones de metros cúbicos en cuatro años, generar un ahorro fiscal de U$$ 2.500 millones y evitar la salida de divisas por U$S 9.200 millones.

A la objeción del mundo Cristina en torno a Kulfas, se sumaron después los reparos de Guzmán al aumento de subsidios en el marco del ajuste estricto que impone el programa que amasa el Fondo. Los promotores del plan dentro del gobierno se quejaban de la disparidad de criterios en el propio oficialismo que destinó durante 2020 fondos millonarios a subsidiar la energía para frenar el aumento de tarifas. 

Resistido por el cristinista Enargas -que cuestionaba el precio máximo de U$S 3,7 por millón de BTU para las petroleras y proponía un tope de U$S 2,8- y finalmente impuesto por el cristinista Darío Martínez -que promueve la alianza con la industria en función de su propia candidatura a gobernador en Neuquén-, el argumento principal en su favor es que se pasa de importar gas desde Bolivia y perder dólares a estimular la producción de gas nacional y promover la generación de empleo.

De acuerdo a la definición de uno de los funcionarios que trabajó en su elaboración, el programa “se paga solo” porque es más barato producir en el país que importar. Según el cálculo que hacen en Energía, sólo el primer año el esquema va a ser deficitario porque se destinará una cifra superior a los U$S 1500 millones que el Estado se ahorrará en importación. En el mediano plazo, la meta es aumentar la exportación, favorecer el ingreso de dólares en una economía sedienta y aumentar las regalías que cobran los gobernadores petroleros.

Si los pronósticos se cumplen, el Plan Gas puede dibujar una alianza fuerte entre Cristina y un sector estratégico de indudable poder económico. Un esquema en el que la política y los negocios se reconcilien detrás del rédito mutuo. Así lo explica uno de los funcionarios que ve un múltiple saldo ganador: “Le cierra a la burguesía petrolera argentina, le cierra a las provincias, le cierra al Estado nacional y podés encolumnar a un sector pesado que puede empezar a decir que el gobierno de Alberto le sirve. No hay una contradicción: beneficia al país, al gobierno y a los tipos”. En el contexto de la restricción múltiple, la pandemia y la recesión profunda, en torno a los que apuestan a la resurrección de Vaca Muerta predomina un optimismo excepcional que, por supuesto, depende de que la economía salga del espiral de inestabilidad. Se piensa que es posible aumentar U$S 5000 millones las exportaciones anuales de petróleo y gas en los próximos dos años hasta llegar a los U$S 10.000 millones en 2022.

Frazada corta para el verano

Pero el desarrollo de Vaca Muerta trae adjunto otro capítulo más ingrato, cuyo formato todavía parece en discusión: el aumento de tarifas en el año electoral. En un país que avanza hacia el ajuste obligado y tiene desde la década del noventa en gas, luz y otros servicios esenciales lo que el economista Carlos Leyba denomina la nueva oligarquía de los concesionarios, los márgenes de acción estatal son de los más estrechos. Guzmán quiere reducir los subsidios que, según fuentes del sector, en el primer año de los Fernández en el poder demandaron U$S 2000 millones adicionales para compensar la tarifa congelada. En 2020, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) destinó para eso el equivalente a U$S 7500 millones como parte de un operativo de contención que resulta insostenible.

La historia se repite: cuando las distribuidoras de luz como Edenor de Marcelo Mindlin, Edesur de los italianos de Enel, Edemsa de José Luis Manzano y otras que están en manos de Estados provinciales como en Córdoba y Santa Fe no pueden aumentar la tarifa, dejan de pagarle el abastecimiento de energía a Cammesa, no invierten y empiezan a acumular una deuda gigantesca con la Nación como forma de financiarse. Este año, la empresa estatal vió crecer la incobrabilidad hasta el 25% y dejó de percibir unos 110 mil millones de pesos. De ser estricta, Cammesa debería embargarles las cuentas, bajar la tensión y cortarles la luz. Pero las distribuidoras argumentan siempre lo mismo: sus costos suben, el Presidente pide que las tarifas sigan congeladas y la única opción es no pagar. Como parte del mismo esquema difuso, Cammesa empieza a deberle a los generadores y transportistas de energía. Conclusión: sin cambios en el corto plazo, los Fernández volverán a andar la senda que en 2015 terminó en el colapso de los U$S 12.000 millones en subsidios eléctricos, 3 puntos del PBI.

El Presupuesto 2021 prevé recortar el déficit fiscal a 4,5% y mantener el nivel de subsidios en 1,8% del PBI. Según dicen los empresarios de AEA que se reunieron con él a principios de noviembre, Guzmán anticipó su intención de que el recorte sea mayor, a tono con lo que pretende el Fondo. Pero el aumento de tarifas gradual y en línea con la inflación -que ayudaría a recortar subsidios- genera cortocircuitos en el oficialismo, incluso en la nueva sintonía fina que promete una parte del gobierno para que paguen más los que más tienen. La mudanza de Federico Basualdo del ENRE a la subsecretaría de Energía Eléctrica parece ser un dato clave para entender hasta dónde piensa avanzar el Frente de Todos con el descongelamiento. 

Quienes conocen el debate interno afirman que el peronismo gobernante quedó preso de una campaña electoral que tuvo como eje la crítica a la temporada de tarifazos que impuso Macri y ahora enfrenta grandes dificultades para romper esa promesa, sobre todo en un marco en el que los salarios acumulan tres años en picada y la pandemia sepultó la promesa de encender la economía vía mejora de ingresos y reactivación del mercado interno. 

Así como Guzmán pretende recortar subsidios para alinear la discusión con el Fondo, los entes reguladores que responden a Cristina ponen objeciones a la suba que reclaman las empresas. Después del shock de beneficios para los concesionarios, Macri se vio obligado también a lanzar su propio congelamiento en el inicio de 2019 y en el gobierno un sector reconoce que las tarifas están hace tiempo atrasadas. En 2020, el resultado de las diferencias internas fue por lo general la parálisis, producto de señales contradictorias. Mientras algunos dentro del gabinete remarcan que la tarifa es la más baja de América Latina, otros replican que también los salarios son hoy los de más escaso poder adquisitivo en la región y que el 40% de la población que está debajo de la línea de la pobreza no puede pagar el costo de la energía que pretenden las empresas.

La fecha de inicio para los incrementos es marzo, pero la frazada es corta para el verano que viene. A diferencia de otros años, es probable que el coronavirus impida la baja de consumo habitual en los grandes centros urbanos en los meses de verano. Si la demanda se mantiene firme en diciembre, enero y febrero como se prevé, el riesgo es que no se enfríen los cables de distribución y los cortes de luz se propaguen con el calor. El antecedente más reciente es el de 2013 cuando 800 mil usuarios se quedaron sin servicio en el conurbano bonaerense. 

En todo está Vaca Muerta, que representa hoy el 40% de la producción de gas y el 20% de la producción de petróleo. Además, el costo de generación de energía eléctrica depende en un 40 o 45% de los combustibles. Aunque existen otros componentes, la suba del precio de gas natural para favorecer la producción, impacta también vía tarifa o vía subsidio en la luz. Así, la formación rocosa que se extiende entre Neuquén, Mendoza, Río Negro y La Pampa impacta en todo el cuadro tarifario: gas, luz y naftas. A la vuelta de los años, Cristina tiene otra vez la obligación de saldar la discusión que divide al gobierno y expresa la puja de intereses en un sector considerado estratégico, pero postergado por la restricción y la crisis general.