Burford Capital, el fondo especulativo que en 2015 inició un juicio millonario contra YPF y la Argentina por la expropiación de la petrolera en 2012, hizo su primera aparición en la Bolsa de Nueva York el lunes 19 de octubre. Se convirtió así en el primer fondo de financiamiento de litigios que cotiza en Wall Street. No obstante, la salida bursátil podría significarle un paso en falso en el litigio que lleva adelante la jueza del distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, sucesora de Thomas Griesa.
Los riesgos de cotizar en bolsa
Según el informe de una consultora internacional al que accedió Econojournal, basado en documentación que Burford presentó ante la Securities and Exchange Commission (SEC), el propio fondo reconoce que el juicio contra YPF es riesgoso. “El riesgo está presente en la demanda de Petersen (…) es posible que el reclamo se pierda o no produzca una recuperación», aseguró el fondo.
El litigio que adquirió Burford a la firma Petersen Energía, de la familia Eskenazi, tiene un protagonismo relevante en el valor de mercado de la acción de la compañía porque es uno de los principales activos que tiene. Con la salida bursátil, la SEC podrían considerar que sus activos están sobrevaluados en relación con el valor reflejado en los libros por los escenarios de riesgos que el mismo fondo admite en sus documentos.
La apuesta original de Burford en esta demanda millonaria fue la de avanzar sobre un juicio corto y con una rápida cobrabilidad. Es el mecanismo que tienen los fondos especulativos que adquieren litigios en países en vías de desarrollo como la Argentina.
Pero esta estrategia se vio seriamente afectada. El juicio se demoró y el escenario mundial cambió radicalmente a partir de este año. Hay mucha incertidumbre sobre lo que realmente pueda suceder en el corto y largo plazo. Por la pandemia, la economía mundial tuvo una caída histórica y las acciones de YPF también perdieron significativamente su valor.
Debilidad relativa
En el primer trimestre de este año Burford dio a conocer que pretendía cobrar un monto que va entre 1.700 y 9.000 millones de dólares. Incluso llegó a vender una parte del juicio a otra firma por 236 millones de dólares. Ahora, el fondo tiene dificultades en mostrar una posición robusta y esto podría volverse en contra en el litigio que tiene contra YPF y la Argentina. Es decir, reconoció riesgos de perder la demanda o de terminar cobrando bastante menos dinero del que pretendía.
El informe destaca que la evaluación de la SEC sobre la empresa podría concluir en que el juicio contra YPF está sobredimensionado. Además, los análisis financieros de los activos de Burford podrían evaluar un alto riesgo sobre el resultado del juicio contra YPF, ya que por debido al impacto de la crisis económica en la compañía petrolera se ve reducida la cobrabilidad por parte del fondo.
Es muy difícil que Burford cobre por el juicio un valor superior a lo que vale hoy la propia YPF, ya que la actual capitalización de mercado de la compañía controlada por el Estado es menor a 2.000 millones de dólares.
Además, una sentencia en contra en los tribunales estadounidense podría incentivar a YPF a concursarse para buscar que el reclamo deba verificarse en el concurso y el eventual cobro se dirima en tribunales argentino.
Los buitres sin límites
Un factor que podría complicar a Burford son las presiones de diversos agentes para intentar ponerle un límite a los fondos especulativos que compran deuda solo con el objetivo de litigar. Esta postura, expresada en la sección 489 de la ley del poder Judicial de Nueva York, se conoce como doctrina Champerty y postula que “… ninguna persona natural o jurídica (…) puede comprar documentos de crédito vencidos (…) con la intención y el propósito de interponer una acción o un proceso judicial con respecto a la misma”. Sin embargo, hubo un antecedente del fondo Elliott contra Perú por bonos en default donde la Cámara de Apelaciones de Nueva York se pronunció en 2004 a favor del primero anulando la aplicación de esa doctrina sobre deuda soberana.
El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y el ahora ministro de Economía argentino Martín Guzmán escribieron un paper en 2014, cuando Argentina resistía el embate de los fondos buitre, donde advirtieron que «el negocio de los buitres fue habilitado, en parte, por el litigio sobre la llamada doctrina Champerty”. Entonces Stiglitz y Guzmán remarcaron la conveniencia de retomar esa doctrina, pero su reclamo no tuvo éxito.
YPF y el Estado Argentina apelaron nuevamente a esa doctrina durante el juicio, pero esa estrategia fue desestimada en la instancia más alta de los tribunales norteamericanos. Existe hoy cada vez mayor consenso internacional sobre la necesidad de crear un marco legal multilateral para los Procesos de Reestructuración de Deudas Soberanas para evitar o minimizar el accionar de los fondos buitres sobre los países, pero por ahora los fondos parecieran no enfrentar límites.
