La comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados bonaerense aprobó el dictamen del proyecto de ley presentado por el bloque del Frente de Todos que establece que la administración pública provincial, los organismos descentralizados y autárquicos y las empresas públicas contraten de forma directa a YPF para “la provisión de combustibles y lubricantes para la flota de automotores, embarcaciones y aeronaves oficiales”. El proyecto podría tratarse en el recinto esta misma semana.

El dictamen lleva la firma del titular de la comisión, el legislador oficialista Juan Pablo De Jesús y de su vicepresidente, Daniel Lipovetzky, diputado de Juntos por el Cambio. En los fundamentos del dictamen, los legisladores señalan que “con esta medida se propende a fomentar el crecimiento de una empresa integrante del sector público nacional, que realiza una actividad declarada de interés público en el sector estratégico para el desarrollo económico”.

El proyecto de ley fue presentado por el diputado camporista Facundo Tignarelli. Toma como antecedente de este proyecto el decreto 1189 dictado en 2012 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner “donde se dispone que las jurisdicciones y entidades del sector público nacional deben contratar con YPF Sociedad Anónima la provisión de combustible”. 

La iniciativa del bloque oficialista bonaerense generó malestar en el resto de las empresas refinadoras porque entienden que de este modo la gobernación bonaerense favorece de manera unilateral a YPF, la empresa controlado por el Estado nacional.

Varias compañías como Shell (Raízen), Axion (PAE) y Puma Energy (Trafigura), mantienen actualmente contratos por suministro de combustibles con dependencias estatales provinciales y con esta ley perderían una fuente de ingresos significativa. Por eso dejaron trascender que presentarán un proyecto de amparo si el proyecto es aprobado.

También ha habido reclamos por parte de aquellos estaciones de servicio que comercializan combustibles de otras marcas que no son YPF y que ya vienen duramente golpeados por la caída de las ventas provocada por la pandemia.

El proyecto establece que para el pago por el servicio de provisión de combustible y lubricantes “podrá implementarse un sistema de Tarjeta Magnética Precargable emitida por el Banco Provincia”. A su vez, indica que el Poder Ejecutivo provincial “fijará la autoridad de aplicación”.