El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu), uno de los gremios que representa a los trabajadores del sector marítimo, mantiene desde el viernes un paro por tiempo indeterminado en reclamo de una recomposición salarial que afecta la logística de combustibles en la zona centro del país.

En concreto, la medida de fuerza impide la operación en el puerto de Bahía Blanca y en el Río de la Plata, dos de los principales nodos de distribución de derivados del petróleo. La Secretaría de Trabajo dictó el viernes la conciliación obligatoria, pero el Somu no acató la orden gubernamental. Argumenta que no fue notificado en tiempo y forma porque la cédula oficial llegó fuera de horario el viernes por la tarde.

El conflicto se enmarca en la negociación por paritarias que llevan adelante los gremios marítimos, que año tras años suelen llevar adelante una estrategia de diversificación para maximizar sus beneficios. ¿En qué consiste? Los cuatro sindicatos de mayor representatividad negocian por separado con las cámaras empresariales en dos subgrupos. El Somu y Capitanes operan en conjunto, al igual que maquinas y capitanes fluviales.

Como los salarios de los operarios marítimos están definidos “por escala” en los convenios de trabajo, en la medida que uno de los gremios obtiene una mejora de condiciones, el otro está obligado a incorporarla. “Cuando uno o dos gremios cierran un acuerdo, los otros dos lanzan una segunda ronda de negociaciones. Al final, lo que obtienen se homologa para todos”, explicó a EconoJournal el titular de una compañía naviera.

El conflicto con los sindicatos marítimos se destaca este año por dos disparadores:

1. Porque el negocio de las empresas marítimas, que depende en gran medida del transporte de combustibles, está signado por una incertidumbre que se explica por la indefinición estatal para tomar algunas decisiones centrales.
2. ¿Por qué el Somu, cuyo secretario es Raúl Durdos, no acató la conciliación obligatoria que dictó el gobierno? ¿Cuál es la relación del gremialista con Hugo Moyano?

Indefinición estatal

Las compañías marítimas están a la espera de lo que resuelva Cammesa, la empresa mixta que administra el mercado eléctrico mayorista (MEM), que debe definir con cuántos barcos alijadores trabajará este invierno para mover gasoil y fuel oil hasta las centrales termoeléctricas en reemplazo de gas. Cammesa tiene contratados 10 buques, pero en el gobierno entienden que no será necesario utilizar toda esa flota porque la oferta de gas es sólida y como resultado de la crisis económica —que planchó el consumo industrial, de comercios y hogares—, la demanda de derivados líquidos para el sector eléctrico será menor que la del año pasado. El problema, para los armadores marítimos, es que Cammesa no especifica con cuántos alijadores operará este año.

¿Cómo se relaciona esa situación con el conflicto gremial con el Somu y los otros sindicatos marítimos? “Si supiéramos qué nivel de actividad generará Cammesa tendríamos una idea más clara del negocio y, en función de eso, definiríamos qué recomposición salarial podemos afrontar”, explicaron el gerente de otra naviera. “Pero qué sentido tiene otorgar un aumento salarial a operarios que tal vez tenemos que despedir en tres meses”, admitió, brutalmente, un ejecutivo enrolado en la Federación de Empresas Navieras de la Argentina (FENA), que nuclea a las cámaras de la industria (armadores, remolcadores, arena y piedras).

Por la recesión y las benévolas temperaturas registradas en mayo, la empresa estatal IEASA (ex Enarsa) intentó reprogramar para agosto cargamentos de Gas Natural Licuado (LNG) que debían arribar el país el mes pasado. Como la demanda de gas y electricidad está planchada, no era necesario importar esos barcos de gas. Con ese antecedente, Cammesa no termina de saber cuántos cargamentos de gasoil deberá comprar este invierno. Aguas abajo, esa incertidumbre termina impactando en el sector marítimo. «Los 10 barcos contratados por Cammesa generan en forma directa 500 puestos de trabajo», precisan allegados a FENA.

¿Puede el paro dispuesto por el Somu afectar el suministro de combustibles? A priori, no parece probable. El Ministerio de Transporte denunciará hoy penalmente a Durdos por no acatar la conciliación obligatoria. Pero aunque el gremio no acepte la medida, el abastecimiento no se vería afectado. Es que el Somu controla un 60% de los buques de combustibles que transitan por las vías navegables argentinas. Son unos 30 barcos. El 40% está enrolado en otro gremio, el SUPE, que maneja unas 20 embarcaciones y no participa de la medida de fuerza.

Relaciones

En septiembre de 2016, en el primer año de la gestión de Mauricio Macri, la Justicia dictó la presión de Omar ‘Caballo’ Suárez, por entonces al frente del Somu, al constatar múltiples irregularidades en el manejo del gremio. A su vez, el ex Ministerio de Trabajo, a cargo de Jorge Triaca, intervino el funcionamiento del sindicato. La interposición se extendió hasta fines de 2017. En diciembre de ese año, se realizaron elecciones para nombrar nuevas autoridades. Cuando pocos los preveían, Raúl Durdos se impuso en los comicios con un 54% de los votos.

En la industria naviera identifican el gremialista con el líder de Camioneros, Hugo Moyano. Señalan, incluso, que la obra social del Somu es traccionada por la de Camioneros. “Durdos ganó la elección con la ayuda del aparato logístico que le puso a disposición Moyano y con la asesoría legal del estudio en que trabajo Huguito (uno de los hijos del líder gremial”, reconstruyó el presidente de una empresa armadora. Desde su óptica, que es compartida por varios de sus pares privados, la cercanía con la estructura Moyano es otro de los motores que explica el accionar beligerante del Somu.