Desde distintas aristas del sector empresario respaldaron la iniciativa del presidente Mauricio Macri de impulsar un acuerdo con la oposición para garantizar 10 puntos básicos vinculados al manejo de la economía. En las últimas dos semanas, representantes de grandes corporaciones y PyMEs ampararon públicamente la decisión del mandatario.

La convocatoria —que, sin embargo, recibió varios cuestionamientos desde la oposición— es también defendida por hombres de negocios de bajísimo perfil, que suelen pasar desapercibidos de la escena mediática. Es el caso, por ejemplo, de Kony Strazzolini, titular de Magna Capital y uno de los accionistas de EcoGas, uno de los grandes jugadores del mercado gasífero en la Argentina. Es controlante de dos de las nueve distribuidoras del país: Gas del Centro y Gas Cuyana.

Strazzolini recibió a EconoJournal en sus oficinas en el último piso del edificio de Barugel Azulay sobre Avenida Figueroa Alcorta, a pocas cuadras de la cancha de River.   

¿Cuáles son, a su entender, los elementos centrales de los 10 puntos que presenta el gobierno para definir agenda económicas de mediano plazo?

Para empezar, esos 10 puntos son los correctos. No me imagino ningún país donde esos 10 puntos se discutan. Es básico. Lo que se debería discutir en cualquier país y también en este es específicamente cómo implementar esos 10 puntos. Pero me parece que es claro si alguien no adhiere a esos 10 puntos, que debieran ser un principio básico para que cualquier país pueda ser sustentable y exista lo que se llama el bien común, estaría yendo por el camino incorrecto.

El acuerdo tiene una pata fiscal vinculada al compromiso de mantener el déficit cero de las cuentas públicas. ¿Qué analiza de ese punto?

Un economista formado en otro país podría argumentar que se puede mantener determinado déficit porque uno puede endeudarse a largo plazo, a una muy baja tasa y hacer roll-over de la deuda utilizada para cubrir el déficit fiscal. En el caso de un país como el nuestro, con el pasado que tenemos y nuestra historia, no es tan fácil. Lo primero es lograr algo de superávit fiscal para que el mundo vea que estamos yendo en la dirección correcta. Que el mundo y nosotros mismos, que somos también quienes invertimos en este país, veamos que hay capacidad de pago. Entonces, sostener el déficit fiscal es un hecho esencial para nuestro país, aunque en otro país eso pueda ser discutible.

Porque uno podría financiarse a una tasa competitiva…

No es el caso de la Argentina, por todo su pasado y su coyuntura.

Y no parece haber demasiadas chances de modificar esa situación en el corto plazo…

No. Debemos generar años de cumplimiento para después empezar a pensar en una política distinta con un déficit pequeño sustentable.

Un segundo punto central de ese acuerdo contempla el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de deuda. ¿Qué enfoque le da a este apartado?

Lamentablemente, tenemos una historia en la que hemos sido defaulteadores seriales. Es lógico que ante una campaña presidencial, todo el mundo, y vuelvo a repetir, no sólo en el exterior sino todos los argentinos, querramos saber si (los compromisos de deuda asumidos) se van a cumplir o, por el contrario, ya hay candidatos que están pensando en romper los acuerdos. Porque es muy difícil establecer una inversión o seguir apostando al país si sabés que el compromiso se va a romper.

Con relación a la cancelación de la deuda asumida con el FMI, existe en un período complejo que se dará a partir de 2021 cuando hay que devolver a razón de US$ 20.000 millones por año. ¿Se puede encauza una agenda con el Fondo para renegociar ese esquema de repago?

En este momento, hablar de que ya hay que empezar a discutir algo no me parece sensato. Primero debemos discutir un modelo de la Argentina en el que se establezcan qué cosas básicas vamos a producir o qué crecimiento puede lograr el país para después, en función de eso, saber qué tenemos que discutir. Lo que claramente no es sustentable es pagar tasas de endeudamiento del 10%, 15% o 18% y crecer al 2 o 3 por ciento. Eso explota. Rápidamente hay que arreglar alguna de la dos variables.
Ahí es donde cobra importancia el acuerdo de 10 puntos que impulsa el gobierno. Si esos ejes estuviesen establecidos y cada uno de los candidatos que está en campaña profundizase sobre esas cuestiones, ya gran parte del riesgo que mundo y los argentinos percibimos, desaparecería. Gane quien gane, habría un riesgo que se eliminaría.

Hay un tercer punto que tiene que ver con la transparencia, comprometerse a que no haya corrupción…

Tenemos una experiencia muy clara en la que se están revisando muchas cosas negativas que se han hecho en el último tiempo, no solamente del gobierno pasado sino también desde más atrás, y que esperemos que no estén ocurriendo ahora. Sería esencial también, para poder tener más crédito a largo plazo —y no me refiero sólo a que nos presten plata sino a que confíen en nosotros como un país donde invertir—, que todas esas irregularidades sean de alguna manera descubiertas y se establezcan políticas para que no se vuelvan a repetir. Hay inversores que no quieren invertir en un contexto donde no se pueden hacer negocios de forma transparente.

Muchos funcionarios del gobierno anterior, la mayoría del Ministerio de Planificación, enfrentan procesos judiciales en su contra por presuntas irregularidades en el manejo de la industria energética. ¿Se debería discutir más en el sector sobre transparencia e institucionalidad?

No discutiría sobre un sector en particular, creo que la transparencia es un tema nacional y a todo nivel. No lo enfocaría solamente en el sector energético.

El acuerdo que plantea el gobierno también plantea la necesidad de avanzar en una reforma del sistema previsional y del laboral. ¿ Cuál debería ser el vector para encauzar esa discusión en la Argentina?

No tengo la respuesta de cómo avanzar con esa agenda. Lo que sí, es evidente que el sistema previsional está quebrado. Pasamos de un sistema privado a un sistema estatal, pero en el medio el gobierno anterior incorporó a unos 4 millones de jubilados nuevos que prácticamente no habían realizado ningún aporte. Y después, esta administración sumó a un millón más. Al final de todo, lo que no es justo para el país es que si una persona aportó al sistema durante 40 años a partir de su trabajo, después se quiera pagar lo mismo a otros cinco que no aportaron nada. Los que no aportaron durante 40 años, no merecen lo mismo que los que sí lo hicieron. ¿Tenés que dejar a ese sector en la calle? No. Tenes que buscar una forma estatal de cubrirlos pero no pueden cobrar lo mismo que el que sí aportó. Si no, no hay premios y castigos.

En cuanto a lo laboral, algunos empresarios como por ejemplo Marcos Galperín de Mercado Libre, proponen una reforma para modificar los modelos de contratación de personal. ¿Cuál es tu visión como accionista de una empresa del sector de distribución de gas?

Creo que algo empezó a cambiar en Vaca Muerta con el tema de la productividad. La productividad es algo que hay que mejorar en todos lados porque no sólo facilitaría una mejora de los costos, sino que facilitaría la alineación entre el empleado y el empleador. No es lo mismo un empleado que sólo quiere que pase el tiempo para devengar y cobrar que otro que piensa que va a cobrar más si rinde mejor. Es un concepto básico de la economía, pero que acá no se aplica.

La adenda al convenio colectivo de trabajo de Vaca Muerta requirió un proceso importante de discusión con el sindicato de Neuquén. ¿Se podría hacer lo mismo con el sindicato del gas y con los gremios que participan del sector de distribución?

Creo que si. En el fondo, el sector gasífero se mueve en una economía regulada donde la variable de mejora son solamente los costos porque el resto los precios los define el Estado. Las inversiones son obligatorias y lo único donde uno puede manejar realmente el negocio son los costos y la productividad. Para eso, precisamos que los procesos sean cada vez más productivos. Con lo cual, evidentemente sí hay espacio como para poder hacer algo.

¿Qué lectura realiza, como conclusión, de los 10 puntos planteados por el gobierno?

Todos los puntos son esenciales como para que cualquier economía sea sustentable y me parece que todos los candidatos deberían, por lo menos, concordar en esos ejes para tener un sentido desde de dónde partimos. Lo que sí entiendo es que no hay un sólo camino para resolver cada uno. Y justamente me parece que el valor agregado es ver cómo cada uno los resuelve. No solamente adherir a un documento general porque, a decir verdad, eso no implica ninguna resolución. Ahora, si ni siquiera se adhiere es como decir “no firmo el bien común”. Y ahí, el problema es mayor.

Esa necesidad de lograr consensos en términos macroeconómicos y políticos, ¿la traslada también al sector energético en el plano regulatorio?

Creo que sí porque, de hecho, hoy muchas de las normas que nos rigen fueron establecidas en los años ‘90 cuando existía la Convertibilidad. Hoy, buena parte de esa regulación habría que escribirla de cero porque ese régimen no existe más. Debemos lograr una regulación que matchee la oferta con la demanda de gas. Hoy, existe una oferta (los productores) que quiere cobrar en dólares —después discutimos si es correcto o incorrecto—, pero la demanda efectivamente no puede pagar dólares porque genera pesos. Hay que ver cómo se soluciona ese punto. Eso no quiere decir que la demanda residencial posea  tarifas que no cubran los costos. Eso no puede ser así, y el gobierno ha hecho un gran avance al respecto. Lo que no se puede pretender es que la demanda pague dólares cuando no los genera.

Sobre este punto, algunos plantean abiertamente la necesidad rediscutir la Ley del Gas. ¿Está de acuerdo?

Salvo que alguien vuelva al régimen de Convertibilidad, es algo que definitivamente tendría que ocurrir.

¿Eso aplica también para el sector eléctrico?

Sí, para todos los segmentos regulados que enfretan costos cuyo origen, en una parte, no en todo, está expresado en dólares y una demanda que en la Argentina sigue generando pesos.

Balance

¿Qué balance realiza de estos tres años y medio de gobierno en el que se actualizaron significativamente las tarifas de gas y electricidad?

El gobierno hizo una tarea fenomenal en cuanto a la recomposición de las tarifas y la baja de los subsidios. En definitiva, no hace más que volver al punto en el que no podés tener un país sin equilibrio fiscal. Fue un ejercicio muy positivo, (Juan José) Aranguren puso la cara en el peor momento, después vino (Javier) Iguacel, que también hizo su contribución con la primera subasta de gas para lograr precios competitivos, y después (Gustavo) Lopetegui, que terminó de implementar más licitaciones avanzar más en la misma dirección.

Aún así, creo se cometieron errores tanto en el sector eléctrico como en el de gas, que tienen que no alcanzar un esquema en el que realmente se minimice el costo para los consumidores a través de la máxima eficiencia del lado de la distribución, el transporte y la producción. Para eso, hay que matchear la oferta y la demanda de gas. Ese es un trabajo que todavía falta hacer.

Hay un denominador común en el sector energético que está dado por la escasez de empresarios locales, en especial en el upstream de hidrocarburos. ¿A qué responde ese fenómeno?

Todos los países tenes empresarios locales y empresa multinacionales, que juegan un papel importante en el sector energético a nivel mundial. Es bueno tenerlas porque en algunos casos mejoran los niveles de tecnologías y optimizan los procesos. No creo que el energético sea un sector particularmente difícil. O no más que la mayoría de las negocios en la Argentina, que de alguna manera, siempre estuvo muy regulada. Por ejemplo, hoy cuando se discuten precios de retail acordados, de alguna forma se está regulando. O cuando te ponen una tasa en las importaciones o retenciones en las exportaciones. Me parece que la discusión es cuánto tenés que regular la economía para poder absorber las ineficiencias que están planteadas en el esquema productivo actual.

En materia de inversión, el gobierno debería ofrecer incentivos a la inversión. En Uruguay, por ejemplo, si invertís en el país tenés seis años de beneficio fiscal. En algún momento habrá que discutir que si la Argentina no logra inversión, habrá que dar incentivos para atraerla.