“El precio de los combustibles en la Argentina es libre”. La frase, repetida casi como una muletilla por Juan José Aranguren, hoy ministro de Energía, cuando estaba al frente de la petrolera Shell, sirve de disparador para adentrarse en el turbulento mar de fondo que atraviesa el mercado de combustibles. Aranguren apelaba a ese mantra de base legal –en rigor, la regulación local no habilita al Estado a determinar per se los precios en surtidores- para defenderse de los ataques kirchneristas que lo acusaban de fomentar una política de encarecimiento de los combustibles. El salto a la función pública tal vez lleve al ministro a replantear ese posicionamiento. Es que la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia (CNDC) acaba de iniciar una investigación sobre las tres principales petroleras del país –YPF, Axion Energy y la propia Shell- para dictaminar si los privados incurrieron en algún tipo de irregularidad, cartelización o práctica oligopólica en la fijación de precios minoristas de las naftas y el gasoil. El proceso comenzó formalmente a fines de diciembre con un pedido de información a las empresas refinadoras.

Según indicaron fuentes privadas y gubernamentales ante la consulta de PERFIL, la iniciativa de la CNDC, que es presidida por Esteban Greco, fue motorizada por un informe redactado por Sebastián Scheimbert, ex secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Energía, y se da en una coyuntura de tirantez entre las petroleras –lideradas por YPF, la mayor petrolera del mercado, que es controlada por el Estado- y algunos actores de gobierno por el precio de la nafta. La escalada del valor internacional del barril –el viernes cerró por encima de los 70 dólares- y la devaluación del peso presionan en surtidores. Las petroleras incrementaron en enero un 5% el precio de los combustibles, pero por lo bajo los privados alegan que la suba tendría que haber sido mucho mayor. YPF fue la última en aumentar. La petrolera hizo una propuesta al gabinete económico para reducir un 10% la carga impositiva sobre naftas y gasoil, que representa casi la mitad del precio final que pagan los consumidores. Todavía espera una respuesta oficial, aunque las mayores chances van por la negativa. En ese caso, con un tipo de cambio que orilló esta semana los $ 20 (por ser un commodity, el crudo se paga en dólares), es probable que en febrero haya un nuevo retoque en las pizarras.

Defensa a la Competencia quiere saber cómo funciona en detalle el mercado de combustibles para entender en base a qué variables las petroleras mueven sus precios. En la nota enviada a las empresas, reclama expresamente a los privados que expliquen por qué algunas estaciones vendieron productos Premium más caros que el precio de paridad importación. “La decisión de la Comisión no responde a una instrucción política del gobierno. El organismo funciona como un ente autárquico casi sin vinculación con los estamentos del Ejecutivo”, explicaron allegados a la CNDC que están al tanto la investigación en curso.

En la industria, el proceso cayó como un balde de agua fría. El contexto hace el resto: justo cuando el precio internacional del petróleo está en alza, el gobierno envió mensajes para que las petroleras -en especial YPF- morigeren las subas para atenuar el impacto inflacionario. Coincidentemente, la CNDC inicia por primera vez desde que Cambiemos es gobierno una investigación sobre ese mercado. “Es difícil creer que no hay relación”, advirtió el gerente financiero de una petrolera.

Simultáneo.

El mercado de combustibles está signado por el incremento, en simultáneo, de los tres grandes ejes que determinan su nivel de precios: a) el valor internacional del crudo, que esta semana superó los 70 dólares (a principios de diciembre cotizaba a 55 dólares); b) el dólar, que se encareció desde diciembre casi un 10 por ciento; y c) la carga impositiva que grava la venta de productos fósiles, que se elevará a partir de marzo por la reforma fiscal que impulsó el Gobierno.

El alza conjunta de estas tres variables ejerce una fuerte presión sobre los precios de las naftas y el gasoil en surtidores y, por consiguiente, traslada ese efecto sobre la inflación. Frente a ese escenario, YPF planteó reducir, de forma excepcional, la carga impositiva sobre el expendio de combustibles. Se trata, en la práctica, de la variable endógena sobre la que el Ejecutivo puede operar con mayor facilidad.

El artículo 5 de la Ley 23.966 –que determina el esquema tributario de la industria- autoriza al Ministerio de Energía a reducir, sin la necesidad de obtener el aval del Congreso, hasta un 10% el valor del impuesto a la transferencia (ITC), que en el caso de las naftas representa hoy un 62% del precio a la salida de refinerí