El Gobierno seguirá interviniendo, al menos por dos años más, el mercado del gas natural, principal insumo de la matriz energética del país, pese a la expiración a fin de este año de la Ley de Emergencia Económica y a recientes declaraciones públicas del ministro de Energía, Juan José Aranguren, en torno a la necesidad de normalizar el libre funcionamiento del mercado.
Será el Poder Ejecutivo quien fije los precios de venta del fluido a la demanda residencial, considerada como prioritaria para el sistema; establecerá la cuota de producción que deberá asignar cada petrolera a cada una de las nueve distribuidoras del sistema; y dictará las pautas de despacho del mercado de gas. Eso es lo que se desprende de un paquete de acuerdos entre el Ministerio de Energía, las empresas productoras, distribuidoras y Enarsa, la empresa estatal que está a cargo de la importación de gas desde Bolivia y de Gas Natural Licuado (GNL). EconoJournal tuvo acceso a esos documentos, que aún no se hicieron públicos.
En retrospectiva, lo que hizo Aranguren fue replicar el acuerdo con productores que había firmado el gobierno anterior bajo el paraguas de la resolución 599/2007 de la Secretaría de Energía, por entonces dirigida por Daniel Cameron. Los acuerdos rubricados ayer –denominados Bases y Condiciones para el abastecimiento de gas– fueron respaldados por los grandes jugadores del mercado. Por el lado de las petroleras firmaron los ocho mayores productores con YPF, Pan American Energy (PAE), Total, Wintershall, Pluspetrol y Pampa Energía, a la cabeza. Por las distribuidoras, Metrogas, Gas Natural Ban, Camuzzi y EcoGas, entre otras.
El Ministerio de Energía aseguró a través de un comunicado que “vuelve a tomar plena vigencia la Ley N° 24.076 la cual prevé que el precio de los acuerdos de suministro del gas natural será aquel que se determine por la libre interacción de la oferta y la demanda”, aunque más adelante aclaró que el objetivo de los acuerdos es garantizar “el adecuado abastecimiento de gas natural, a fin de asegurar el suministro a los consumidores finales y la continuidad del sendero gradual y progresivo de reducción de subsidios considerado en el marco del proceso de normalización del mercado de gas natural, presentado en tres audiencias públicas”.
La discusión de la letra chica del documento –cuya redacción corrió por cuenta de Marcos Porteau, subsecretario de Exploración y Producción del Ministerio- no estuvo exenta de fricciones con los privados. En las últimas tres semanas se corrieron varias modificaciones al texto original redactado en Energía por pedido de los privados. Aún así, existe disconformidad en la mayoría de las empresas productoras por el camino elegido por el gobierno.
“El ministro tenía la posibilidad de liberar el mercado para que productores y distribuidores negocien pautas comerciales, precios y condiciones de pago, entre otros muchos aspectos que marcan una relación biunívoca entre agentes del mercado. En cambio, eligió por regular desde el Ministerio cómo funcionará el despacho de gas para el segmento residencial. El efecto no deseado de esa política es que se termina generando una cartelización ad hoc de los productores, donde el riesgo comercial queda desactivado”, cuestionó el gerente financiero de una de las mayores petroleras del país.
El Ente Regulador del Gas (Enargas) quedó en una posición incómoda. En los papeles, es un organismo autárquico que debe fiscalizar las decisiones que toman los privados. Como será el Estado quien dicte las pautas de funcionamiento del mercado, el rol del Enargas queda un tanto desfigurado. Por lo pronto, desde el ente se apuraron a respaldar la iniciativa de Aranguren, tal como queda de manifiesto en una carta enviada el ministro que lleva la firma de Daniel Perrone, vicepresidente del Enargas.
Fuentes cercanas al Ministerio de Energía indicaron que “el sector no está del todo maduro para ir a una apertura total del mercado”. En el Ejecutivo temen que una apertura irrestricta desemboque en un aumento del precio mayorista del gas que no sea trasladable a los cuadros tarifarios de las distribuidoras. Por eso, los acuerdos firmados ayer –que estarán vigentes en 2018 y 2019- contemplan que los productores vendan gas a las distribuidoras al precio de referencia que figura en el sendero de precios presentado por Energía en la audiencia pública realizada hace dos semanas. Ese cronograma contempla que el precio actual del gas en boca de pozo es de 4,19 por millón de BTU.
“Si el Enargas está interesado en relanzar el Mercado Electrónico del Gas (MEGSA), por qué adhiere a esta fijación de precio del único segmento (el residencial) que regula”, reflexionó un ex funcionario que pasó por el ente. “Por qué, en lugar de adherir a este acuerdo, no trasparenta la forma de evaluar los contratos que firmen las distribuidoras, dado que esa sería la forma de entender por qué se autorizan diferentes precios de gas a incluir en las tarifas”, continuó.
Lo concreto es que la opción del gobierno fue seguir interviniendo, al menos por dos años más (un período que el acuerdo denomina “de transición”), la relación entre productores y distribuidores de gas. La puesta en vigencia del acuerdo con productores implicará, en la práctica, la anulación de los contratos de compra-venta de gas entre petroleras y gasíferas que se firmaron en los últimos meses. En lugar de propiciar la recontractualización del mercado tras más de una década de intervención durante las administraciones kirchneristas, el Ejecutivo avanza con una solución parecida a la implementada por Cameron en 2007.
Uno de los drivers del acuerdo, desde la óptica gubernamental, es la desigualdad estructural en que se encuentra Camuzzi Gas del Sur, la distribuidora que brinda el servicio en la Patagonia, que vende el gas más barato que el resto (un 72% de lo que pagan los hogares de la región sigue siendo subsidiado por el Estado). Desde el Ejecutivo alegan que ninguna petrolera quiere contractualizar su gas con Camuzzi porque la empresa gasífera –que es propiedad de un grupo empresario que encabeza Alejando Macfarlane- paga precios más baratos que el resto. Las petroleras responden, en cambio, que no quieren vender gas a Camuzzi por la deuda de más de $ 3000 millones que la distribuidora acumuló con las petroleras (en especial, YPF) por la decisión de la Justicia de suspender en 2016 la suba de las tarifas de gas. Lo que pasó, frente a la decisión del Poder Judicial, que frenó los aumentos, fue que Camuzzi dejó de pagar el gas que compró a los productores porque no tenía ingresos suficientes para pagarlo. Los hechos parecen darle la razón.
Lo que sucede es que, en más de un año, el Ministerio de Energía no propició ninguna negociación entre las partes, siendo que la Justicia anuló las subas el año pasado por un error de Energía (no convocar a audiencia públicas) y los privados no alcanzan una solución. Camuzzi Gas del Sur se ve también perjudicada por un desbalance fiscal: la compañía está obligada a pagar el IVA correspondiente a la factura de compra de gas a las distribuidoras. Pero, cuando cobra los subsidios del Estado, no cobra el porcentaje correspondiente a esa carga impositiva. Solucionar ese desequilibrio estructural también es responsabilidad del Estado. De hecho, lo más probable es que se incorpore una solución para este caso particular en la reforma fiscal que se está tratando en el Congreso.
Lo concreto es que, en lugar de propiciar una mejora de la condición comercial de Camuzzi Gas del Sur, el Ministerio de Energía optó por transferirle a Enarsa la responsabilidad de abastecer de gas a esa compañía con gas importado desde Bolivia y GNL. Así queda de manifiesto en una instrucción enviada esta semana por Aranguren a Hugo Balboa, presidente de Enarsa, a la que también accedió este medio.
El Gobierno tomó la decisión, a su vez, de incrementar el cargo del subsidio patagónico, que pasará de 4 a 9 pesos por usuario a fin de incrementar la recaudación del Tesoro y garantizar el pago de la subvención de Camuzzi.
En la industria admiten que el acuerdo no está en línea con los preceptos de la Ley 24.076 (de Gas). “Por ejemplo, no se autoriza el pass through automático a tarifas del aumento de los costos por inflación o la devaluación del tipo de cambio, tal como marca esa norma”, criticaron desde una distribuidora.
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El consumidor de gas es un cliente cautivo de la distribuidora que le toca en suerte. Esta a su vez tiene limitadas posibilidades de adquirir el gas a las productoras, las posiciones geograficas de clientes y proveedores, marca una limitacion «competitiva» al distribuidor.
Habiendo perpetuado los criterios de Cameron, el «descontento» de los distribuidores y productores con relacion a lo que hoy se esta comprometiendo, es mas una «respuesta obligada» como para demostrar que no hubo un acuerdo preferencial. Es cierto que el problema es complejo – demasiados intereses en pugna – pero tambien es cierto que no se trata el mismo desde un enfoque totalmente nuevo, hay arrastre de situaciones que rompen el libre trato por parte del gobierno con los distribuidores y productores. Regular siempre dejara alguna de las partes descontenta.