El interventor del Enargas, Federico Bernal, reactivó a fines de noviembre los contactos con distribuidoras y transportistas de gas para modificar los cuadros tarifarios. Tal como adelantó EconoJournal el 8 de diciembre, les ofreció una mejora de sus márgenes de entre 31% y 55%, convocó a la audiencia pública del 19 de enero e incluso negoció la letra chica del informe que presentaron las empresas. De este modo, dejó allanado el camino para instrumentar la suba de tarifas y ahora solo resta conocer cuál es el número que validará la primera línea política del gobierno. Por el contrario, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, el otro emergente energético del Instituto Patria, eligió una estrategia institucional opuesta frente a las eléctricas. Si bien fue el encargado de filtrar la semana pasada ante la prensa que los aumentos no superarán el 20% para los hogares, aún no se reunió con Edenor y Edesur, las dos distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires, ni con las empresas eléctricas del interior del país. Tampoco fijó fecha para la audiencia pública.

Diferencias

Entre las empresas de gas, el escenario está relativamente claro. Las empresas plantearon sus necesidades tarifarias para 2022 a fin de poder cumplir con la cadena de pagos (es decir, pagarle el gas que comprar a las petroleras) y reactivar su plan de inversiones. En esa dirección, reclamaron una suba promedio de tarifas del 80% para este año (con la excepción de Camuzzi Gas del Sur que pidió un aumento del 118%), con un impacto final en la factura de los usuarios de entre un 23% y un 30%. Durante los encuentros que mantuvieron en diciembre, Bernal ofreció una mejora del margen de distribución del 31% (menos de la mitad de lo que plantearon los privados). A las transportistas les ofreció un aumento del margen del 55% porque en 2021 sus tarifas se mantuvieron congeladas. Los privados aspiran a conseguir algún punto de aumento más, pero las condiciones de borde de lo que les espera está claro.

Desde el martes a primera hora, el informe con el que cada una de las compañías gasíferas reclama una recomposición tarifaria está colgado en la página web del ente regulador. Cualquiera que quiera analizar los planteos técnico-económicos de las empresas puede descargar los documentos y leerlos.

Para los eléctricos, en cambio, la desorientación es total. Desde la Subsecretaría de Energía Eléctrica, Basualdo controla la operatoria del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE), que formalmente está cargo de la interventora Soledad Manin, una de sus colaboradoras más cercanas. Ni Basualdo ni Manin convocaron aún a los representantes de las empresas distribuidoras. Este medio relevó entre las principales empresas del segmento y todos los directivos consultados negaron haber iniciado algún contacto con funcionarios del área de energía eléctrica del gobierno.

El plazo temporal del proceso burocrático lleva a pensar que será difícil que los aumentos tarifarios de Edenor y Edesur se apliquen el 1 de febrero, como filtraron desde la Subsecretaria. Se requieren, mínimamente, unos 45 días para convocar a la audiencia pública, realizarla y luego confeccionar los informes respectivos antes de implementar los incrementos en las facturas de luz.

“Aún falta mucho tiempo. Primero el ENRE debe convocar a la audiencia e iniciar formalmente el proceso de discusión. Nada de eso pasó. Lo principal para nosotros es discutir un programa técnica para defender la calidad del servicio. Estamos esperando que nos convoquen”, dijeron fuentes cercanas a Edenor, la distribuidora controlada por el grupo liderado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti.

Competencias

La mayor institucionalidad de Bernal puede explicarse por diferentes motivos. Uno central es que la competencia del Enargas es federal. Es decir, la definición de las tarifas de gas —tanto para hogares como para comercios y PyMEs— tiene alcance nacional. “Por eso no puede dejar que se le caiga ninguna distribuidora, porque puede generarle un conflicto político con el gobernador o el poder político de cualquier provincia. El ENRE, en cambio, tiene potestad sólo sobre Edenor y Edesur, sólo importa a Capital Federal y el Conurbano. Políticamente, Basualdo está mucho menos expuesto”, analizó el presidente de una empresa eléctrica.

También inciden estilos de construcción disímiles. Bernal llegó al gobierno con el beneplácito de Cristina Fernández de Kirchner y participa activamente del Instituto Patria, el think tank kirchnerista, pero tiene un rol definido en la estructura de poder del espacio que lidera la vicepresidenta de la Nación. Basualdo, por el contrario, es un cuadro de La Cámpora, está enrolado en la organización que lidera Máximo Kirchner y sus decisiones están validadas por la mesa de conducción de la agrupación.

Bernal juega más libre. Acumula poder desde la estructura del ente regulador, donde sumó personal y fondos por medio de la tasa de fiscalización que les cobra a las empresas gasíferas (distribuidoras como Metrogas y Naturgy y transportistas como TGN y TGS), con las que mantiene una relación cordial y hasta cercana con algunos directivos del sector.

Basualdo no precisa establecer ese tipo de vínculo de proximidad con las empresas. Instrumenta las decisiones que valida previamente con la conducción de La Cámpora en función de una agenda política que cruza variables que exceden largamente las meramente ligadas al sector de energía eléctrica.

Pese a esas diferencias y estilos de gestión diferentes, en 2021 ambos funcionarios terminaron validando una mejora de margen de distribución —tanto de gas como para Edenor y Edesur— del 24% en el año. ¿Se repetirá este año la misma historia o el nivel del aumento de tarifas en uno y otro segmento seguirá patrones distintos?