Los máximos referentes del sindicalismo petrolero de todo el país se dieron cita este martes en Buenos Aires para definir una posición común sobre un tema excluyente: el alcance de la modificación sobre el Impuesto a las Ganancias que introdujo el gobierno en la Ley Bases que se aprobó la semana pasada en el Congreso, que podría provocar que unos 30.000 trabajadores petroleros de todo el país pasen a estar alcanzado por el tributo, tal como adelantó este medio el 10 de abril de este año.
Con ese telón de fondo, la cúpula del gremialismo sectorial se reunió ayer por la mañana en la sede que el sindicato de Santa Cruz posee en el centro porteño para delinear un plan de acción frente a la medida. Del encuentro participaron Marcelo Rucci, secretario del sindicato de petroleros privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa; Jorge ‘Loma’ Ávila, de Petroleros Privados de Chubut; José Lludgar, de petroleros Jerárquicos de Patagonia Austral (Santa Cruz y Chubut); Manuel Arévalo, de Jerárquicos de Neuquén; Julián Matamala, de petroleros privados de Mendoza, y el anfitrión Rafael Guenchenen, del sindicato de Santa Cruz, según pudo constatar EconoJournal de fuentes privadas.
El texto de la norma aún no fue promulgado, pero de no mediar modificaciones se estima entre el 70% y 80% de los operarios de la industria hidrocarburífera empezarán a pagar Ganancias, por lo que su salario real podría reducirse en más de un 20%. De ahí que los gremios esperan algún gesto del Ejecutivo para amortiguar ese impacto en el bolsillo de los trabajadores.
Empresas y sindicatos, alineados
Paradójicamente, a contramano de lo que suele suceder cuando se discuten temas de la agenda sindical, en esta oportunidad los intereses de las empresas petroleras y de los gremios están alineados. Las principales compañías productoras de hidrocarburos —con YPF, PAE, Tecpetrol, Vista y Pampa, entre otras— saben que si el gobierno no tomar alguna acción atemperadora lo más probable es que sean los privados quienes tengan que solventar con recursos propios la recomposición del salario de los trabajadores post-aplicación de Ganancias.
La mayoría de las fuentes consultadas comparte una lectura: es casi imposible, en términos políticos, que se pueda aplicar un recorte efectivo en la práctica del sueldo de los trabajadores petroleros y menos en un momento en el que el gobierno pretende que las empresas incrementen la inversión en Vaca Muerta para elevar la actividad y la exportación de hidrocarburos.
Desde esa óptica, lo que pase a recaudar el Estado por la eliminación del régimen especial de Ganancias creado en 2005 por la Ley 26.176 —o al menos una parte importante de esa corrección— tendrían que reponerlo las compañías petroleras de su bolsillo. El ‘costo-empresa’ sería millonario. De ahí que tanto los gremios como los privados esperan alguna señal del gobierno.
