El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, intimó a través de cartas documento a un conjunto de empresas mineras que operan en la provincia por no cumplir con una normativa que las obliga a detallar cuál es su red de proveedores locales. Cerca del mandatario —que con su triunfo en las elecciones de octubre del año pasado terminó con más de 30 años de dominio ininterrumpido del kirchnerismo en la provincia— sospechan que un sector de la política santacruceña financió parte de su estructura provincial a través de un conjunto de empresas locales que brindan servicios para las grandes mineras. Por eso, no descartan realizar presentaciones en la Justicia para regularizar la situación. En el fondo, el objetivo de Vidal es redefinir el sistema de compras del sector minero, la segunda usina de inversiones privadas en la provincias después del sector de hidrocarburos.
Uno de los apuntados por el entorno de Vidal es Leonardo Álvarez, ex jefe de Gabinete de Ministros de Alicia Kirchner, quien renunció a su cargo en septiembre de 2021 tras la derrota en los comicios legislativos de ese año por diferencias con la conducción de Máximo Kirchner, líder de La Cámpora. El pasado empresarial de Álvarez, sin embargo, se remonta desde antes de su llegada a la política, dado que encabezó una compañía familiar que desde hace 30 años tiene fuerte presencia en el segmento de transporte y logística. Con el tiempo se expandió hacia otros rubros y hoy tiene participación en empresas de perforación y fibra óptica, entre otras, que prestan servicios a empresas mineras.
Cerca de la gobernación aseguran que buscan transparentar el sistema de contratación de proveedores mineros para eliminar cualquier tipo de discrecionalidad que eventualmente puede favorecer a empresas que cuenten con el guiño del poder político. En rigor, tanto en la minería como en el sector petrolero, el funcionamiento del segmento de proveedores de servicio está constantemente bajo sospecha porque está extendida la percepción entre privados en torno a que cada administración busca incidir —con mayor o menor sutileza— en la contratación de determinadas empresas en desmedro de otras.
En falta
La Dirección Provincial de Comercio de Santa Cruz analizó las declaraciones juradas presentadas por las empresas mineras y concluyó que solo Cerro Vanguardia y Patagonia Gold cumplieron en tiempo y forma con el envío de los datos que exige la ley provincial 3616 y que permitiría exponer este sistema de financiamiento.
Minera Santa Cruz, Yamana (adquirida recientemente por Pan American Silver) y Triton, quienes también operan en la provincia, realizaron sus presentaciones, pero, según se informó desde la gobernación, lo hicieron con los datos ya procesados por la empresa, es decir, en un formato que no sirve a los fines previstos en la norma. Minera Don Nicolás, en cambio, ni siquiera presentó su declaración.
“Si bien se realizaron reclamos por correo electrónico y telefónicamente, solicitando el reenvío de la información en el formato requerido, no se obtuvo respuesta hasta el presente. Habiendo agotado estas instancias de reclamo informal y considerando además que Minera Don Nicolás no realizó ninguna presentación, considero pertinente iniciar las acciones legales correspondientes, mediante el envío de intimaciones”, aseguró un informe de la Dirección de Comercio al que accedió EconoJournal donde se analizan los datos presentados por Cerro Vanguardia y Patagonia Gold.
Información clave
El informe discrimina los montos y porcentajes correspondientes a compras realizadas por ambas compañías en Santa Cruz, en el resto del país y en el extranjero. Luego incorpora un ranking de los 20 principales proveedores que corresponden al total de compras y también a cada uno de los subgrupos. Por último, se analizan las compras declaradas para Santa Cruz contrastando la nómina de proveedores informada con el Registro Único de Proveedores de Actividades Económicas (RUPAE), a fin de verificar que los mismos estén inscriptos, condición excluyente para su cómputo dentro del porcentaje de compre local, y la categorización establecida por el índice porcentual al momento de concretar su inscripción.
En el caso de Cerro Vanguardia, por ejemplo, de los 29.400 millones de pesos que destinó a compras el 31,9% fueron operaciones con proveedores de Santa Cruz, el 59,5% con empresas del resto del país y apenas el 8,7% con firmas del exterior. A su vez, se informó que de los 534 proveedores con los que trabaja la firma, 109 son de Santa Cruz y 54 figuran en el RUPAE. Luego se informó que el porcentaje de compre local de la firma en bienio 2022-2023 fue del 28,56%, sin considerar a los no inscriptos en el RUPAE.
