«Queremos trazar un túnel de 10 centímetros que lleve fibra óptica desde el Data Center de la Central de Intercambio de Kansas hasta los servidores de la Bolsa de Valores de Nueva York”, afirma Vincent Zaleski. El objetivo es transmitir el precio de las acciones en 16 milisegundos, un milisegundo antes que la competencia y así ganar millones. “Es una propuesta tentadora”, le responde el inversor Bryan Taylor, quien acepta financiar la obra. Será un túnel recto de 1600 kilómetros que deberá atravesar ríos, pantanos e incluso los montes Apalaches, un área protegida en el este de los Estados Unidos. La idea está clara y los beneficios son evidentes, pero cuando la construcción comienza todo se complica: una comunidad amish no acepta que el cable pase por su terreno ni siquiera a cambio de 230 mil dólares. “No creemos que más rápido sea mejor”, le responden a Zaleski cuando este les cuenta los beneficios de la fibra óptica. Además, no logran perforar el granito de los montes Apalaches en los tiempos previstos. El proyecto comienza a encarecerse cada vez más y encima la competencia amenaza con arruinarlo todo al montar unas torres de microondas que prometen una velocidad de transmisión mayor. La película se llama “The Hummingbird Project” y si bien es una ficción muestra lo difícil que es encarar una obra faraónica de esas características donde nunca nada sale exactamente como se lo había planeado.  

Antonio Pronsato, mano derecha del ministro de Planificación Julio de Vido durante más de 10 años en materia de gas, tenía claro que el proyecto del gasoducto Néstor Kirchner es una obra compleja que deberá enfrentar numerosos imprevistos durante su construcción. En estos casos, el presupuesto inicial nunca termina siendo el monto final desembolsado, aunque no hayan irregularidades ni corrupción. Las readecuaciones del presupuesto son habituales —más en una economía inflacionaria como la argentina— y muchas veces el Estado se ve forzado a convalidar sobreprecios porque los privados se cubren frente a la posibilidad de que no les paguen.

El hecho de que el gasoducto se llame Néstor Kirchner suma una complicación adicional. Está claro que la oposición va a poner la lupa sobre la obra por todo lo que significa y si el año que viene hay un cambio de gobierno van a terminar auditando hasta el último centavo en busca de sobreprecios y de cualquier tipo de malversación que sirva para alimentar las tapas de los principales diarios. No sería extraño, en ese contexto, que los funcionarios a cargo de decidir las adjudicaciones deban recorrer los tribunales durante varios años.    

El ex interventor del Enargas entre 2005 y fines de 2015 era plenamente consciente de esa situación, pero estaba convencido de la necesidad de avanzar y venía reclamando, sin éxito, mayor celeridad hasta que finalmente decidió renunciar a Enarsa. Fiel a la escuela de De Vido, Pronsato cree que la obra se tiene que hacer rápido más allá de lo que diga la oposición o incluso de las denuncias que puedan presentar, pero los directivos de Enarsa que tienen que poner las firmas como Agustín Gerez y Gastón Leydet, gerente y subgerente general, no están tan convencidos. Lo mismo ocurre con el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, a quien ambos reportan. Esas dudas se explican en parte porque son timoratos, pero además porque hay dos hechos ocurridos en los últimos años que justifican esos temores como nunca antes.    

Soltarle la mano

De Vido fue, sin duda, el mayor exponente de una forma de gestionar que siempre antepuso las directivas recibidas por sobre su propia opinión y que no dudó en firmar todo lo que hiciera falta para llevar adelante los proyectos encomendados, por más polémicos que fueran. Tanto que al finalizar el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner enfrentaba varias denuncias en la Justicia por presuntos actos de corrupción y fue uno de los primeros en caer preso. Para que eso fuera posible el 25 de octubre de 2017 la Cámara de Diputados votó su desafuero por 176 votos a favor, una abstención y ningún voto negativo ya que el bloque del Frente de Todos le soltó la mano y ni siquiera se presentó en el recinto para defenderlo.

Uno de los dos pedidos de desafuero había sido presentado por el juez federal Luis Rodríguez en una causa por una serie de contratos que Yacimientos Carboníferos Fiscales había firmado con la Universidad Tecnológica Nacional. Rodríguez había rechazado inicialmente el pedido de detención de De Vido aclarando que no había motivos para pedir su desafuero porque todavía no había sido indagado. Estaba citado a indagatoria para el 28 de noviembre de ese año, pero el fiscal Carlos Stornelli apeló a la Cámara Federal, la cual sorprendió al ordenarle al juez que determine el pedido de desafuero y la detención.

El otro magistrado que pidió en ese momento el desafuero fue Claudio Bonadío en una investigación por compra de gas licuado entre 2008 y 2015. En esa causa De Vido había sido procesado una semana antes y, a diferencia de lo ocurrido con otros legisladores, el Congreso no esperó que hubiera condena firme, lo que en este caso nunca hubiera ocurrido porque el ex ministro de Planificación fue finalmente sobreseído en abril de este año.

Más allá de la responsabilidad que tuvo De Vido en estas o en otras causas, el caso se cita aquí solo para dejar en claro como el Frente de Todos dejó librado a su suerte a uno de los hombres de mayor confianza de Néstor y Cristina Kirchner, quien fuera ministro desde mayo de 2003 hasta diciembre de 2015. Si le soltaron la mano a De Vido, ¿qué pueden esperar los que ahora tienen que avanzar con obras que saben que van a ser cuestionadas por la oposición e incluso judicializadas?   

Judicializar la política

La judicialización de la política es el otro hecho que paraliza la gestión pública por el riesgo legal que implica firmar resoluciones. Cambiemos avanzó en esa dirección a fines de 2015 cuando los diputados Mario Negri y Federico Pinedo presentaron una denuncia penal contra el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, por realizar operaciones de dólar futuro, las cuales estaban dentro del menú de herramientas de política monetaria de dicha institución. Aquella denuncia terminó con el procesamiento de Vanoli, el entonces ministro de Economía Axel Kicillof y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, los cuales recién lograron ser sobreseídos en abril de 2021.

El mismo camino siguió el interventor del Enargas, Federico Bernal, cuando acusó al ex ministro de Energía, Juan José Aranguren y a otros funcionarios del gobierno de Mauricio Macri de pactar precios con las gasíferas, violando la ley que regula la industria del gas, para garantizarles un ingreso superior al que supuestamente hubiera surgido de la oferta y la demanda del mercado.

Bernal aseguró que Aranguren no tenía una protección legal que lo autorizara a fijar los precios del gas en boca de pozo porque la Ley de Emergencia Económica, sancionada en 2002 que habilitó al Ejecutivo a intervenir sobre los precios del mercado energético, había expirado el 31 de diciembre de 2017. Es decir, acusó a Aranguren de incumplir la Ley del Gas 24.076, que el kirchnerismo no aplicó nunca en sus 12 años de gobierno. De ese modo, condicionó también a la propia administración de Alberto Fernández y casi hace fracasar el Plan Gas porque el precio incentivo que fija ese programa tampoco surge de la oferta y la demanda del mercado y aquellos que lo impulsaron podrían ser denunciados en el futuro con los mismos argumentos que Bernal utilizó para acusar a Aranguren.

Por todo esto, la construcción del gasoducto Néstor Kirchner es vista, desde la óptica de muchos funcionarios de Energía, como una especie de mancha venenosa que podría devenir en un complejo derrotero judicial.