La industria petrolera y empresas productoras de biocombustibles mostraron preocupación por la decisión del presidente Alberto Fernández de enviar el proyecto de Ley de Movilidad Sustentable (o Ley de Electromovilidad) para que se trate en sesiones extraordinarias en el Congreso a fines de enero o desde febrero, según confirmaron a EconoJournal fuentes oficiales.

La sorpresiva decisión del gobierno encendió la alarma en la industria de refinación de derivados del petróleo, pero también de productores de biocombustibles y en menor medida, de terminales automotrices. Son sectores que muchas veces no comparten la opinión sobre diferentes temas de agenda, pero que en esta oportunidad coinciden en el análisis. El punto del proyecto que más preocupa a los privados es el que prohíbe taxativamente la venta de autos a combustión interna (fósil) a partir del 31 de diciembre de 2041.

«En un contexto de crisis cómo este, es riesgoso tomar decisiones a largo plazo que luego pueden ser contraproducentes. La flota de autos eléctricos en la Argentina es ínfima y el país prácticamente no tiene desarrollo de infraestructura eléctrica ni tampoco regulatoria para garantizar el suministro eléctrico a futuro. De hecho, las redes de distribución de AMBA están al límite en cada verano», advirtieron desde una empresa petrolera.

Según indicaron fuentes oficiales, la idea en la Casa Rosada es retomar la iniciativa política este año con seis proyectos que el gobierno considera estratégicos, entre ellos el de Movilidad Sustentable. También planea avanzar con los proyectos de Ley de Inversiones Hidrocarburíferas, la Ley de Industria Automotriz, una norma para desarrollar la industria del cannabis, la Ley de Compre Argentino y el régimen de fomento al desarrollo agroindustrial. Es el presidente Alberto Fernández quien impulsa el tratamiento legislativo de esas seis iniciativas.

La norma

El proyecto de Ley de Movilidad Sustentable no tiene estado legislativo ya que todavía no se presentó formalmente en ninguna comisión de Diputados o Senadores. Sin embargo, como la idea del Ejecutivo es tratarlo en sesiones extraordinarias, la norma podría votarse directamente en el recinto sin pasar por comisiones ni precisar dictámenes previos.

Tal como publicó este medio en octubre, se trata de un proyecto de Ley que tiene la intención de reemplazar el parque automotor que funciona a combustión interna por autos eléctricos. Embanderado bajo el paraguas argumental de impulsar la transición energética, busca reducir las emisiones de CO2 y, al mismo tiempo, desarrollar la tecnología y la industria nacional del sector.

«El riesgo del proyecto es que convierta en un cascarón vacío y que sólo quede el prohibicionismo de los autos a combustión. Para avanzar con una iniciativa así, habría que trabajar en conjunto con automotrices, empresas de energía, de infraestructura, distintas carteras de gobierno. No alcanza sólo con escribir una meta recontra ambiciosa (prohibir la venta de autos a combustión en 20 años) para transformar la realidad», cuestionó el directivo de una automotriz.

El proyecto es impulsado por el Ministerio de Desarrollo Productivo, que está a cargo de Matías Kulfas. Abarca metas ambientales para combatir el cambio climático y, además, cuenta con incentivos a la oferta y la demanda de los vehículos eléctricos. La semana pasada el presidente Alberto Fernández se reunió en Casa Rosada con directivos de ADEFA (Asociación de Fabricante de Automotores). Fuentes cercanas al Ministerio de Desarrollo Productivo afirmaron que fue un encuentro ameno en el que se presentaron números de balance de año del sector automotriz y que la Ley de Movilidad Eléctrica no formó parte de la agenda.

Cuestionamientos

Fuentes de la industria petrolera señalan que prohibir la venta de autos a combustibles para 2042 es contradictorio con el proyecto de incrementar la producción de hidrocarburos en Vaca Muerta para apalancar el crecimiento económicos y la generación de divisas frente a la restricción externa que tiene contra las cuerdas a la macroeconomía del país.

«La prohibición absoluta nunca es el camino. Terminan generando fundamentalismos como los que se oponen al offshore sin evidencia técnica, sólo por oponerse. Está perfecto que exista un proyecto de Ley que otorgue todos los incentivos y beneficios para promocionar el desarrollo de autos eléctricos. Pero prohibir lo que ya existe sin que por detrás exista un plan consistente o una hoja de ruta definida, no parece ser el mejor camino», razonaron en una empresa petrolera.

Entre las refinadoras, son varias las que están encarando o terminando proyectos de inversión para mejorar la calidad del combustible que refinan. Son inversiones que requieren un período de repago a largo plazo. Empresas como YPF, Axion Energy y Raízen tienen proyectos en marcha de esa naturaleza.