En un contexto atravesado por la pandemia, la crisis macroeconómica y el atraso tarifario, la discusión respecto de los subsidios energéticos se posiciona fuerte en la agenda. A quién subsidiar y bajo qué modalidad aplicar los instrumentos de prestación constituyen los interrogantes cuyas respuestas posibilitarán la aplicación de políticas públicas eficientes en materia de subsidios. Juan José Carbajales, ex subsecretario de Hidrocarburos de Alberto Fernández; Nicolás Gadano, ex jefe de asesores de Nicolás Dujovne y ex gerente general del Banco Central durante el macrismo; y Alejandro Einstoss, economista jefe del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, debatieron sobre este tema el jueves pasado en el foro online «Subsidios a la energía en Argentina», organizado por Energy Forum y moderado por el ingeniero Daniel Dreizzen.
“El Estado paga el 60% del costo de la energía eléctrica y el 45% por ciento del costo del gas. Ese dinero representó el 1,7% del PBI en 2020, es decir unos US$6000 millones. En el último año el saldo negativo de importaciones menos exportaciones de gas, en volumen, aumentó un 53% y todavía no llegó el invierno”, introdujo Dreizzen para dar pie a los participantes.
Juan José Carbajales, ex subsecretario de Hidrocarburos del gobierno de Alberto Fernández, explicó que “si se trata de un servicio de carácter económico costeado por un prestador privado, la regulación debe prever las bases para el recupero de la inversión permitiendo prestar el servicio en condiciones de calidad, confiabilidad y expansión de las redes y asegurar una ganancia justa y razonable al operador que no debe ser nula ni exagerada. Y en el extremo opuesto de la cadena habrá que asegurarse de que el derecho social de quienes no pueden pagar el costo del servicio esté garantizado. El acceso al bien indispensable será universal en tanto el brazo protector de la ayuda estatal se presente allí donde es crudamente necesario”.
Por su parte, el economista jefe del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, Alejandro Einstoss, subrayó varios puntos a tener en cuenta a la hora de diseñar una política de subsidios: “El servicio eléctrico tiene una cobertura de prácticamente el 100% de los usuarios. Sin embargo, el servicio de gas natural por red alcanza a poco más del 60% mientras que el resto tiene que recurrir al gas envasado. Entonces el acceso a la red es fundamental”.
Por otro lado, el economista agregó: “En un mercado de competencia, cuando se presta un servicio homogéneo, el precio que se cobra debería ser único y de ahí deriva la prohibición explicita del marco regulatorio vigente a la aplicación de subsidios cruzados. Con esto quiero decir que hay reglas de juego y si se piensa en modificar la estructura de aplicación de los subsidios en referencia a la capacidad patrimonial como lo expresó el Poder Ejecutivo en su último mensaje a la Asamblea Legislativa, habrá que modificar la normativa vigente”.
Nicolás Gadano también participó del evento virtual. El ex gerente general del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri sostuvo que el subsidio generalizado que rige actualmente, contribuye a la mala asignación de recursos y genera derroches de energía. “Los subsidios, sobre todo en el caso del gas natural, provocan una injusticia distributiva, son pro-ricos. Lo sabe el gobierno, lo dijo el ministro de Economía. El 34% de los hogares en Argentina no están conectados a la red de gas. Entonces, ¿cómo puede beneficiarse de una tarifa de gas subsidiada un hogar que no tiene acceso a la red? El 30% de la producción más rica se lleva 2/3 del subsidio no sólo porque están todos conectados sino también porque tienen un consumo promedio más alto”, afirmó economista quien también se desempeñó como jefe de asesores del ministro de Economía de Macri, Nicolás Dujovne.
Dos casos ilustrativos: el Plan Gas.Ar y el Programa Hogar
La oferta energética, que abarca tanto al segmento de hidrocarburos como al de generación eléctrica, es objeto del destino de fondos públicos a modo de estímulo. En palabras de Carbajales: “vale la pena fomentar la producción y garantizar un precio superior al del mercado porque, en definitiva, la energía más cara es la que no se tiene y el subsidio más ineficiente es el que se destina a un consumo que no puede realizarse. Por eso, hay que avanzar en una segmentación que haga más eficiente el uso de los recursos estatales. Dos casos de focalización de destino de los fondos públicos para hacer que aparezca el recurso, que se pague su costo y que quien no pueda pagar obtenga una ayuda estatal son el Plan Gas.Ar y el Programa Hogar”.
El esquema de estímulo a la producción de gas 2020/2024 asegura, por un lado, que los productores reciban el precio ofertado en un concurso público y que dicho costo sea afrontado por la demanda prioritaria de hogares y comercios y por las usinas térmicas de Cammesa, la administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Si persiste un diferencial, es asumido por el Tesoro mediante recursos presupuestarios. Qué porcentaje recaerá del lado del usuario y qué porcentaje del lado del Estado es una decisión de política pública y cabe tener en cuenta que, en cada momento histórico, el modo en que el Estado afronta el pago del subsidio varia en modalidad, destinatario, alcance y gradualidad.
Asimismo, el Programa Hogar constituye una política de subsidios que reintegra directamente una parte del costo de la garrafa de Gas Licuado de Petróleo (GLP) vía tarjeta Anses a más de 2 millones de usuarios en estado de vulnerabilidad que no están conectados a la red de gas natural. De este modo, el prestador invierte y mantiene el servicio, el consumidor asume el costo económico y hace una utilización racional y eficiente, y quien no pueda afrontar su peso económico recibe una ayuda directa del fisco para que la pauperización en que se encuentra no se vea agravada por la falta de acceso a condiciones de vida dignas.
La tarifa social
“Para que la eficiencia en materia de subsidios sea exitosa debe existir un mecanismo de focalización bien aceitado a partir de la herramienta que hoy tenemos disponible que es la tarifa social”, indicó Alejandro Einstoss. “Hay un porcentaje grande de la población que está en la economía informal en Argentina y es un grupo difícilmente identificable. Ahí es necesario complementar el mecanismo de tarifa social con sistemas de comprobación directa de medios de vida o georreferenciación que incluya a las personas que no responden a la característica social por ingresos, pero sí por características de entorno y vivienda”.
Además, el miembro de la comisión directiva del IEA Mosconi destacó que “Hay que ampliar la base de prestación de la tarifa social y salir del congelamiento vigente que tiene un costo fiscal enorme y pone en jaque el funcionamiento de la cadena de valor del sector energético porque la política de tarifas y de subsidios siempre es tributaria de la política macroeconómica”.
En esta línea, Nicolás Gadano, quien fue directivo de YPF en la década del 90 y asesor de Miguel Galuccio luego de que el Estado tomó el control de la firma en 2012, también se refirió a la tarifa social: “La herramienta ya existe. Es perfectible, con lo cual se puede ampliar o acotar. Este instrumento ya demostró que puede proteger a determinados sectores para asegurar un umbral de consumo y el acceso a niveles estándares de vida mínimos”.
A modo de cierre, Carbajales, quien también fue vicepresidente de Enarsa entre 2012 y 2015, habló de reformular explícitamente el contrato social y decidir de qué estamos hablando: “Si se trata de un derecho humano avancemos con la luz y el gas para todos y todas. Si convenimos que se trata de una actividad económica sujeta a reglas de mercado, avancemos hacia un esquema donde el prestador opere de manera eficiente, reciba una retribución justa y razonable y el usuario pague el costo pleno del servicio. Y si uno o muchos no lo pueden pagar será el Estado quien afronte ese diferencial. No sólo porque es un derecho universal sino porque es una obligación de la administración ayudar al sector más vulnerable en un contexto de agudos niveles de pobreza, alta inflación y pérdida del poder adquisitivo del salario”.
