Cammesa, la empresa que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), realizará la semana que viene una nueva subasta para comprar el gas para abastecer la demanda de las centrales termoeléctricas durante el mes de febrero. A diferencia de la licitación anterior de fines de diciembre, que generó polémica en la industria del gas por la controversial estrategia de YPF, esta vez la Secretaría de Energía está estudiando modificar algunas condiciones de la compulsa que se realiza de forma online bajo la órbita del MEGSA.
La licitación del 27 de diciembre, que concursó la compra del fluido para enero, contempló contratos interrumpibles sin ningún tipo de obligación de cumplir con las ofertas concretadas en la subasta. Las empresas —productores y comerciaizadoras— pueden no entregar el gas prometido a Cammesa sin que eso les genere ningún perjuicio o penalidad. Eso provoca que las ofertas de precios sean más agresivas —con precios más bajos— porque no acarrean riesgo económico alguno. El esquema se empezó a utilizar a fines de 2018 y desde entonces es cuestionado por las petroleras, que entienden que obtura la señal de precios a mediano plazo por lo que afectará los niveles de inversión.
A raíz de este, la cartera que dirige Sergio Lanziani tiene previsto incluir algunas modificaciones para limitar, en parte, el accionar especulativo de las comercializadoras.
En concreto, el gobierno está evaluando incluir una cláusula de deliver or pay en las ofertas de gas. Eso significa que los oferentes estarán obligados a entregar al menos un porcentaje del volumen de gas comprometido en la subasta. O en su defecto pagarán una multa económica equivalente al valor del producto no entregado.
“Es probable que incluyamos una cláusula de ese tipo”, indicaron a EconoJournal allegados a la Secretaría de Energía, que debe validar a través de una nota a Cammesa los cambios en las condiciones de venta del gas para usinas.
- ¿Qué gana el Estado con estos cambios que probablemente permitan un mayor precio del gas?
Favorecerá cierta previsibilidad temporal. Los contratos interrumpibles por poco tiempo (un mes) contribuyeron a la spotización del precio del gas. El precio bajó en parte por la sobreoferta de gas durante el verano pero también porque el gobierno no realiza subastas a mediano plazo (de uno a tres años) con transporte en firme y deliver or pay.
Si el Ejecutivo quiere que la inversión en gas se mantenga en niveles que al menos peritan reemplazar la declinación de la producción actual de gas es preciso que otorgue una mayor visibilidad de precios a futuro.
