El Gobierno buscará hoy lunes darle forma a un esquema de financiación de las facturas de gas del invierno, que llegarán a costar, en algunos casos, el doble que el año pasado. Es el analgésico que ofreció la Casa Rosada para descomprimir la tensión política que se vivió la semana pasada con Elisa Carrió y el radicalismo, socios minoritarios de Cambiemos, que criticaron el cronograma de aumentos tarifarios diseñado por el ministro de Energía, Juan José Aranguren.
El ex titular de Shell recibirá hoy por la tarde a los representantes provinciales que integran el Consejo Federal de Energía, según publicó PERFIL. Allí presentará formalmente qué alternativa baraja el Ejecutivo para amortiguar el impacto de las subas. En los hechos, es una iniciativa en la que distribuidoras y productoras trabajan desde el mes pasado por auspicio del Enargas, el ente regulador del sector. En el organismo existe preocupación por el alcance de una eventual judicialización —a esta altura, más que factible, según admiten entre las empresas— de los aumentos tarifarios. Según una carta de intención firmada el 27 de marzo, las empresas petroleras están dispuestas a financiar las facturas de gas de los bimestre mayo-junio y julio-agosto, los más fríos del año, en tres cuotas con una tasa de interés simbólica siempre y cuando el Estado garantice que el remanente permanezca dolarizado.
El documento establece que el importe a financiar no podrá a superar el 25% del total de la factura. Pero fuentes de gobierno admitieron que, a raíz de la escalada de la semana pasada, esa alícuota podría trepar al 30 o al 35 por ciento de cada boleta. Lo que sí está claro es que la el diferimiento tendrá un carácter opcional, que correrá por cuenta de cada usuario. Es un pedido de las asociaciones de consumidores.
“Es una discusión política. Se instaló un debate cuando aún no hizo frío en los centros urbanos, las estufas no se prendieron y abril termina en Buenos Aires con temperaturas de 25 grados. Es un sinsentido”, lamentaron en un despacho oficial.
Judicialización
El fantasma que una a privados y al gobierno es la judicialización de los aumentos, que totalizan un 800% desde diciembre de 2015 a la fecha. Las empresas están dispuestas a ceder con tal de evitar un freno en Tribunales. “La discusión por la tasa de interés es menor. Cuando empezamos a negociar, algunas petroleras propusieron que el monto a financiar se actualice a Libor más 2%. Una locura. Lo importante a esta altura es pasar el invierno. Con un 1% simbólico estamos bien”, admitió el presidente de una de las mayores petroleras de país.
En la Casa Rosada quieren cerrar el capítulo legal con empresas distribuidoras y transportistas que aún tienen reclamos pendientes en la Justicia y en el Ciadi por la pesificación de tarifas en 2001. “Esta semana nos reunimos con diputados de todo el arco político para transmitirles ese mensaje.
Si pasamos este invierno sin una crisis judicial, nos sacamos una mochila que cargamos hace 17 años”, afirmaron allegados a la Jefatura de Gabinete.
Aún así, por el momento el gobierno no parece estar dispuesto a ceder demasiado. Planteó la financiación como una alternativa novedosa cuando en realidad se discute desde fines de marzo. Y contempla la posibilidad de retrotraer los beneficios del programa Tarifa Social a noviembre de 2017, es decir, antes del recorte anunciado en diciembre. El costo de esa vuelta atrás ronda los $150 millones en el año. Es factible que el ministro de Energía acceda a ese planteo.
Desde algunos vectores de la política plantean, además, reducir la carga impositiva que grava las facturas, que representan casi un 30% del monto total de las boletas. El proyecto de Ley redactado por el senador Miguel Ángel Pichetto en representación del peronismo no kirchnerista plantea esa posibilidad.
Es probable que Aranguren mencione esa posibilidad con los representantes provinciales, pero más para medir su reacción que por tener la vocación de avanzar en esa dirección. “Para bajar el IVA, un impuesto coparticipable, habría que negociar con los gobernadores y sacar una ley. Es complicado”, advirtió un legislador del PRO.
