Manuel Arévalo, el sindicalista díscolo que se rehusaba a ratificar la adenda al convenio colectivo de trabajo para campos no convencionales de Neuquén, finalmente suscribió ayer el documento en la sede porteña del Ministerio de Trabajo. La negativa del líder del Sindicato de Petroleros Jerárquicos de Neuquén frenaba la aplicación real del acuerdo de mejora de productividad para Vaca Muerta, anunciado por el presidente Mauricio Macri el 10 de enero pasado. Lo que resta ahora es que la cartera que dirige Jorge Triaca concluya el proceso de homologación del convenio, pero se trata de un trámite administrativo. El último obstáculo político quedó saldado con la rúbrica de Arévalor concretada ayer.

Arévalo reclamaba que YPF –o en su defecto el Estado- trasfiera fondos adicionales para la obra social petrolera. Junto con Guillermo Pereyra, líder del sindicato de petroleros de base de Neuquén, exigían cerca de $ 27 millones, que surgen de pagar a lo largo de los próximos seis meses $ 3.000 mensuales por cada trabajador despedido por empresas contratistas de la petrolera bajo control estatal. Son cerca de 1.500 personas de gremio de petroleros de base que conduce Guillermo Pereyra, y en menor medida del sindicato que lidera Arévalo. Pereyra logró el compromiso de que la plata para ofrecer cobertura de salud a los afiliados de su gremio llegarán en las próximas semanas. La posición de Arévalo es más frágil.

De hecho, con la firma ayer, el dirigente renunció tácitamente a buena parte de sus exigencias. Aún así, sigue reclamando el pago de $ 1000 mensuales por cada trabajador del gremio jerárquico cesanteado en los últimos meses. “Arévalo intentó negociar durante el último mes, pero cuando Pereyra se desmarcó su posición quedó muy debilitada”, explicó a EconoJournal un ejecutivo que siguió de cerca las tratativas.

Con el aval de Arévalo, el camino para implementar el nuevo convenio colectivo quedó allanado. Aunque aún resta cerrar la ejecución de los bonos del programa de Reconversión Productiva (RePro) del Ministerio de Trabajo con que se subsidiará a los 1.500 trabajadores desvinculados de empresas contratistas de YPF.  Por ese concepto, el Estado deberá desembolsar cerca de $ 195 millones.

En tanto que por la exención del Impuesto a las Ganancias para el adicional por zona desfavorable que está previsto como anexo del nuevo convenio colectivo, el Tesoro dejará de recaudar en el año cerca de $ 335 millones, que surgen de calcular a razón de $ 1.000 por los 28.000 trabajadores afiliados por los sindicatos petroleros de Neuquén (22.000 en el de Pereyra y alrededor de 6000 en el de Arévalo). En total, la implementación del nuevo convenio colectivo de trabajo para mejorar la competitividad de Vaca Muerta le costará al Estado –directa e indirectamente– en torno a los $ 500 millones en el año.