El secretario de Energía, Darío Martínez, logró destrabar políticamente el lanzamiento del nuevo programa de estímulo a la producción de gas que anunció este jueves el presidente Alberto Fernández desde Neuquén. El funcionario neuquino envió este fin de semana a las principales petroleras el texto final del Decreto que especifica cómo funcionará la iniciativa. EconoJournal accedió en exclusiva a ese texto que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial.

Martínez incluyó —con la anuencia del ministro de Economía, Martín Guzmán— una serie de elementos adicionales para darle un sello propio al programa:

• Incorporó un capítulo de compromisos de inversión (anexo F)
• También sumó un apartado para fomentar el Valor Agregado Nacional (VAN), que consiste en promover el desarrollo de proveedores locales y de reemplazo de insumos importados por otros de fabricación nacional.
• Desagregó el período de duración del programa, que originalmente estaba pensado a cuatro años y ahora será a tres con la posibilidad de extenderlo por un año más (3+1).
• Además, redujo el precio de estímulo máximo, que se fijó en US$ 3,26 por millón de BTU a cuatro años y US$ 3,35 a tres años, que calculado a Valor Presente Neto (VPN) arrojará un precio real cercano a los 3,70 para la cuenca Neuquina durante el primer año (alrededor de US$ 3,40 para la cuenca Austral). Finalmente, casi no hubo diferencia con el precio fijado en un principio, que ascendía a 3,40 dólares. Para que ese recorte casi no se materializara fue clave la posición de YPF, que gestionó hasta último momento la necesidad de establecer un precio competitivo para apalancar su inversión.  

Sin cambios sustanciales

El trazo grueso del esquema es el mismo que se había diseñado bajo el paraguas del Ministerio de Desarrollo Productivo por impulso del subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, y el gerente general de Cammesa, Esteban Kiper. En ese punto, Martínez y Guzmán zanjaron la discusión interna dentro del gobierno y optaron por darle continuidad al plan sobre el que se venía trabajando pese a las críticas del interventor del Enargas, Federico Bernal.

El secretario de Energía logró el apoyo de los gobernadores petroleros y convenció a los funcionarios de Economía que, en un principio, se mostraban renuentes a acompañar por el costo fiscal del plan.

Lo que el gobierno parece haber comprendido es que la inacción era el peor escenario porque a) iba a acentuar la tendencia declinante de la producción de gas y b) fiscalmente sería un problema mayor porque habría que cubrir con subsidios del Tesoro la importación de LNG y gasoil que se pagan en dólares, con el consecuente impacto adicional en la balanza de pagos.

Novedades

A las incorporaciones ya mencionadas, el decreto que envío este fin de semana Darío Martínez a las petroleras suma una serie de puntos para robustecer la confiabilidad del esquema. Entre ellos figuran:

• El punto 40 establece que “el Estado Nacional se compromete a crear un sistema de garantía para respaldar el pago del diferencial entre el precio ofertado y el precio en cuadros tarifarios, el que contará con un procedimiento de liquidación basado en los principios de celeridad y eficiencia administrativas”. Era uno de los pedidos de las petroleras para garantizarse el cobro de las compensaciones que prevé el nuevo Plan Gas. En la misma línea, se fijó —al igual que en la resolución 46— un pago provisorio del 75% de los subsidios correspondientes a cada empresa 30 días después de haber inyectado el gas en el sistema.
• Con el mismo espíritu se incorporó el punto 99, que establece que si el Estado nacional se atrasa en pago de las compensaciones por un plazo de seis meses, las productoras dejarán de estar obligadas a inyectar los volúmenes de gas comprometidos.
• También se acordó con las empresas que en caso de disponer de créditos a cobrar bajo el paraguas del nuevo esquema, esos montos podrán utilizarse como certificados fiscales para cancelar obligaciones impositivas con el Estado. Ese punto, sin embargo, no está incluido en el decreto, pero saldrá vía Ley, según indicaron fuentes privadas a este medio.
• En el punto 51 se especificó que “el diferencial entre el precio determinado por la Autoridad de Aplicación y el precio ofertado estará a cargo del Estado nacional en concepto de compensación”. Fue uno de los planteos de las distribuidoras de gas, que pidieron que esté bien tipificado que el gobierno se hará cargo de cubrir la diferencia entre el precio del gas en boca de pozo que se incluya en las tarifas residenciales y el precio promedio del gas que surja de la subasta.
• El decreto apunta que la licitación entre productores se realice en noviembre, aunque la mayoría de las petroleras advierte que probablemente esa fecha se extienda hasta diciembre por la multiplicidad de procesos administrativos que resta realizar.