El crudo invierno de 2007 dejó en evidencia una realidad incómoda que el gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner prefería no ver: la declinante producción de gas no alcanzaba para abastecer la demanda de gas local. Ese año el Ejecutivo cortó los envíos del hidrocarburo hacia Chile y restringió el consumo de grandes industrias para priorizar el abastecimiento del consumo residencial. Para robustecer la oferta disponible de gas, el año próximo se apeló a una solución disruptiva, que no estaba en los planes de casi nadie. En tiempo récord, se instaló por primera vez en el país una unidad flotante de regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés) de Gas Natural Licuado (GNL).

La planta —equipada con una tecnología prácticamente desconocida en estas tierras— se montó en el muelle de la empresa petroquímica MEGA, en Bahía Blanca. El proyecto fue liderado desde lo técnico por YPF y la empresa estatal Enarsa. Hubo que certificar condiciones y exhaustivos procedimientos de seguridad para que el barco regasificador pueda amarrar y operar al sur de la provincia de Buenos Aires.

El buque Excelsior, propiedad de la empresa Excelerate Energy, iba a estar en operaciones sólo por un año. Se terminó quedando por 10 y se convirtió en uno de los principales pulmones gasíferos del país. Con capacidad para inyectar poco más de 18 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d), se transformó en la última década una hub clave para abastecer el pico de consumo de gas que se registra en los meses de frío. Sin embargo, esa etapa llegó a su fin.

El contrato de IEASA (ex Enarsa) con Excelerate finaliza en diciembre próximo y no será renovado, según indicaron a EconoJournal dos fuentes gubernamentales. A partir de la recuperación de la producción de gas desde Neuquén con el ingreso del volumen proveniente de Fortín de Piedra (el proyecto de Tecpetrol en Vaca Muerta), la terminal regasificadora se torna innecesaria, según los cálculos que trazó el el gobierno. Así las cosas, sólo quedará operativa la terminal regasificadora de Escobar, que es propiedad de YPF y IEASA.

La decisión del área que encabeza el secretario de Energía, Javier Iguacel, se explica desde lo técnico: con el gas incremental de la cuenca Neuquina, la capacidad de transporte de los gasoductos Neuba I, II y el gasoducto Centro-Oeste está limitada. “Los tramos finales del sistema de gasoductos para traer el gas desde Bahía Blanca a Buenos Aires no alcanza para inyectar también GNL. La decisión del gobierno es consistente”, explicó un consultor. Reportará un ahorro significativo en tiempos en que cada dólar cuenta. El contrato de alquiler anual del buque regasificador le cuesta a IEASA cerca de US$ 50 millones por año. A eso hay que sumar lo que le paga YPF a MEGA por la utilización del muelle de MEGA y otros adicionales. En total, el ahorro para el Tesoro rondará los US$ 100 millones por año.

Algunas voces técnicas advierten, sin embargo, que prescindir de la terminal de LNG de Bahía Blanca acarrea riesgos que el gobierno no debería correr, y menos en un año electoral. Es que, si bien la producción de gas está en aumento (creció un 8% en el año), está lejos de poder garantizar por sí sola el abastecimiento de gas en el mercado interno. Pese a la inyección de gas nuevo desde Vaca Muerta, la oferta local del fluido opera en rangos muy exiguos en el período invernal. Si llega a registrarse alguna complicación en el suministro de un gasoducto troncal, el sistema sufrirá.

Desde el Enargas, el ente regulador del sector, encararán en las próximas semana un estudio detallado para determinar la consistencia en las proyecciones de la producción de gas a corto y mediano plazo. Concretamente, el organismo quiere saber si el sistema puede operar sin el soporte de la terminal regasificadora de Bahía Blanca. “Para el próximo invierno, lo ideal sería poder contar con el buque regasificador al menos 60 o 90 días”, precisó un cuadro técnico del área energética. Pero es difícil que Excelerate acceda a esa posibilidad.