La crisis cambiaria que originó una fuerte escalada del dólar hirió severamente a la política energética del Gobierno. Un emergente de ese fenómeno: esta semana las empresas productoras de gas comunicaron a las distribuidoras que pretenden facturar el gas que inyectan en las redes a un tipo de cambio más alto que el establecido en los contratos entre unos y otros suscriptos a fines del año pasado bajo el paraguas de un acuerdo general apalancado por el Ejecutivo. En rigor, según esos documentos, las distribuidoras deben pagar la factura por el gas que consumieron en febrero a un tipo de cambio de $ 18,33. Las petroleras consideran que esa referencia quedó totalmente desactualizada después del corrimiento de las últimas dos semanas. “Nos están pagando el gas a un dólar un 35% más barato que el actual, que hoy (por ayer) cerró a $24,80”, se quejó el presidente de una petrolera.
Lo que está en juego es una de las piedras angulares de la política diseñada por Juan José Aranguren: la dolarización del sector gasífero, una de las apuestas a las que apeló el ministro de Energía para incentivar las inversiones tanto en el segmento de distribución como en el de exploración y producción de del recurso. “Así como están redactados, los contratos no son cumplibles. No podemos hacer el pass through (pasaje) del precio del gas en boca de pozo (que hoy promedia los US$ 4,68 por millón de BTU, según el sendero de referencia que fijó el Ministerio) a las tarifas que pagan los usuarios de gas natural. Habrá buscar una alternativa”, explicó el gerente comercial de una distribuidora.
La negociación no será sencilla. De un lado, están las grandes petroleras, con YPF, Pan American Energy (PAE), la francesa Total, la alemana Wintershall (subsidiaria del gigante petroquímico BASF) y Pampa Energía a la cabeza. Del otro, las distribuidoras: Metrogas, Gas BAN, de la española Gas Fenosa; Camuzzi, controlada por un holding de Alejandro Macfarlane; y EcoGas, la distribuidora de los accionistas de Central Puerto, como Guillermo Reca, Guillermo Perez Moore y Rolando Strazzolini.
Las gasíferas pagan el hidrocarburo 75 días después de que lo reciben de las petroleras. Por eso, recién ahora están pagando el volumen despachado en febrero. Ese es el plazo que tardan, en promedio, en cobrarle el gas a los hogares, comercios y PyMEs que toman el gas de la red.
A partir del abril, cuando se aplicó el último aumento de las tarifas de gas, el tipo de cambio para liquidar el gas que despachan las distribuidoras aumentó: pasó de $ 18,33 a 20,35 pesos. Ese valor de referencia debería aplicarse entre abril y junio, según los contratos entre partes. Las petroleras desconocen esas cifras. La lógica de su argumento es simple: incluso a $ 20,35, ese tipo de cambio es un 20% más barato que el real. Las operadoras iban a reunirse este viernes en la cámara de empresas productoras (Ceph) para fijar una posición común. Pero finalmente la convocatoria se aplazó hasta que los grandes productores elaboren un entendimiento común.
En jaque
Desde el Ministerio de Energía y el Enargas, el ente regulador del sector, monitorean la situación, pero aún no intervinieron formalmente. En cualquier caso, se descuenta que en los próximos días el Ejecutivo tomará cartas en el asunto.
“Estamos todos en el mismo barco, unidos no por el amor, sino por el espanto. Quizás el error fue dolarizar los contratos en diciembre del año pasado, porque no estaban dadas las condiciones. Pero ahora debemos negociar para encontrar una solución”, analizó el director de una distribuidora.
La recontractualización entre productores y distribuidores de gas fue una de las principales apuestas de Aranguren para terminar con la intervención de mercado que se impuso durante los gobiernos kirchneristas por el congelamiento de tarifas. Hoy, esa estrategia cruje por el brusco desplazamiento del tipo de cambio. Es la cadena de pagos de todo el sector la que está cuestionada. Tal vez sea la energética la política de Cambiemos que más precisaba de un ancla cambiario para ser efectiva. Las distribuidoras comprometieron millonarias inversiones —el equivalente a casi US$ 4000 millones en cinco años— para ampliar la red de gas, pero siempre y cuando sus ingresos permanezcan constantes en dólares. La posición de las petroleras es similar: en la práctica, la devaluación de la moneda provocará una caída del precio en boca de pozo medido en dólares. El escenario anticipa —según coinciden la mayoría de los empresarios— una ralentización de las inversiones en la industria hasta no conocer el alcance de la crisis cambiaria de estas dos semanas.
