El escenario más temido por las grandes generadoras eléctricas y en menor medida por empresas petroleras se terminó de confirmar este jueves por la tarde cuando el ministro de Economía, Luis ‘Toto’ Caputo, blanqueó a unos 50 ejecutivos del sector energético que el gobierno pagará con un bono una deuda millonaria consolidada en Cammesa, la empresa que se encarga del despacho de energía, porque el Estado no pagó los costos de producción y transporte eléctrico durante los últimos cuatro meses.  

Flanqueado por Diego Aduriz, jefe de Asesores del Palacio de Hacienda, y por el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, que pese a ser la autoridad de aplicación en la materia prácticamente no emitió opinión en la reunión, Caputo afirmó la intención de cancelar con el bono AE38, un título en dólares que hoy cotiza un 50% por debajo de la par, un pasivo de unos U$S 1200 millones acumulado por las empresas, tal como había adelantado EconoJournal el 9 de marzo.

A su vez, a las generadoras que acumularon acreencias en pesos se les ofreció un bono tipo dólar linked, aunque por la mitad del valor nominal del pasivo. En ambos casos, lo que se deja traslucir es que el gobierno quiere que las empresas aceptan una quita del 50% del capital que deberían cobrar. Los intereses por el atraso de pago no llegaron ni siquiera a discutirse. En una extraña interpretación, Aduriz señaló que como Cammesa no llegó a emitir las facturas de pago a las generadoras (cobran por la producción de energía) y a las petroleras (se les remunera la venta de gas para centrales termoeléctricas) no corresponde abonarlos.

Respaldo

En la reunión de este jueves se conversó únicamente por la cancelación de la deuda de Cammesa. Resta saber qué hará el gobierno con la deuda en poder de los productores por los incumplimientos en los pagos del Plan Gas, que explican un pasivo del Estado de otros US$ 900 millones. Se estima, sin embargo, que esa deuda —que, en rigor, que se viene acumulando desde 2022— se cancelará por la misma vía con una quita similar.

Si ese es el caso, el plan de la administración de Javier Milei consistiría en pagar con bonos que hoy tienen un valor de mercado de cerca de US$ 1000 millones una deuda total cercana a los US$ 2000 millones. En los hechos, implica que los privados acepten una reestructuración compulsiva de los contratos de venta de energía y provisión de combustible (gas natural) que están expresados en dólares.

El gobierno se aseguró de tener el apoyo de dos peso pesado de la industria: en la reunión de ayer tanto Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, como Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group (PAE), las dos mayores empresas de energía del país, avalaron la propuesta que puso sobre la mesa el ministro de Economía. Para YPF, el mayor productor de gas del país y por lo tanto el mayor acreedor de la deuda que negocia Caputo, el dinero que le debe el Estado es importante, pero lo central en la agenda con el Ejecutivo es garantizar la continuidad de la recomposición de precios en surtidor para que el valor de los combustibles medido en dólares no se atrase en los próximos meses.

En contra

En la otra vereda, el resto de los directivos de las empresas productoras de gas —Tecpetrol, petrolera del grupo Techint, la francesa TotalEnergies, Pampa Energía, el holding que encabeza Marcelo Mindlin, Wintershall Dea, y las locales Pluspetrol y CGC, entre otras— se mantuvo en silencio durante el encuentro, aunque de un relevamiento realizado por este medio se desprende que la gran mayoría de las empresas se opone a lo formulado.

Las más perjudicadas son las empresas generadoras como Pampa, Central Puerto, MSU Energy, Albanesi e YPF Luz, que tomaron deuda en dólares en el exterior para financiar la construcción de centrales termoeléctricas. Sus directivos tendrán la difícil tarea de explicar a los tenedores de sus bonos de deuda —en buena medida fondos de inversión a los que el gobierno debería convencer de que sigan prestando dinero para construir infraestructura en la Argentina— por qué un gobierno libertario como el del presidente Javier Milei desconoció la letra chica de acuerdos vigentes y forzó una reestructuración de contratos PPA de Cammesa por primera vez en 20 años, tal como publicó este medio el viernes pasado.

“El ministro hizo dos cosas que no hay que hacer en este tipo de negociaciones: nos desconoció la deuda, porque sólo ofrece pagar la mitad, y nos tomó de rehén, porque señaló que el Estado ya transfirió a Cammesa los fondos para pagar la transacción económica de febrero (unos US$ 400 millones que tendrían que haberse abonado el 15 de abril), pero advirtió que sólo habilitará la transferencia de los fondos si las empresas aceptan las condiciones del gobierno”, cuestionó un alto directivo del sector.

El director de otra petrolera siguió la misma línea: “No vamos a aceptar lo que propuso el gobierno, lo recurriremos administrativa o judicialmente”, adelantó. “El dinero es importante, pero más lo es el pésimo antecedente de que no respeten lo firmado. No se puede convalidar algo así”, agregó. A última hora del jueves, el director de Legales de una petrolera seguía perplejo. «Nos tuvieron dos meses evaluando distintas alternativas para llegar a que el ministro nos diga que nos van a pagar con un bono que hoy cotizan un 50% por debajo de la par. Ni siquiera nos dieron algo por escrito para poder leer. Es demasiada improvisación», cerró.