El Ministerio de Economía volvió a tensar este viernes la relación con las principales empresas del sector eléctrico y escaló al máximo nivel un conflicto que podría complicar seriamente el acceso de las compañías energéticas al mercado de capitales local e internacional. En una videollamada realizada hoy al mediodía con la primera línea del negocio de generación —Pampa Energía, Central Puerto, AES, MSU Energy, Albanesi e YPF Luz, entre otras—, Diego Aduriz, jefe de asesores del ministro Luis Caputo, planteó que el gobierno pretende patear hacia adelante la cancelación de una deuda millonaria en favor de los privados. Se trata de un pasivo que se acumuló durante los meses de diciembre y enero por la decisión de Economía de no pagar la transacción económica de Cammesa, que cubre los costos de producción y transporte de energía. Caputo pisó los pagos a las generadoras desde que asumió —es decir, dejó en default los compromisos contractuales con las generadoras— como parte de un esquema para alcanzar el superávit fiscal de las cuentas públicas a partir del primer mes del año. Son unos US$ 1200 millones que se tendrían que haber desembolsado a las empresas durante los últimos cuatro meses, según cuantificaron fuentes consultadas por este medio.
Con ese tablero de fondo, Aduriz, hombre de máxima confianza del ministro Caputo, señaló hoy que el Estado apunta a normalizar el envío de fondos a Cammesa, la empresa que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), a partir de abril, tal como informó EconoJournal, pero que necesita encapsular y prorrogar para adelante el pago del stock de deuda correspondiente al bimestre diciembre-enero. La de este mediodía fue una conversación con pasajes de alto voltaje en la que Aduriz, que es primo del titular del Palacio de Hacienda (es hijo de Manuel Aduriz, hermano de la madre de Nicolás Caputo y tío de Luis ‘Toto’ Caputo), llegó a mencionar que “las generadoras no saldrán indemnes de esta situación”.
Mariano Palacios, abogado y representante en el cónclave virtual del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, que por motivos de salud se mantuvo al margen de las negociaciones, intentó forzar argumentos legales para defender la posición del gobierno. “Sostuvo que los contratos PPA son contratos ‘regulados’ que el Estado podría modificar unilateralmente y afirmó que los generadores deberían aceptar liquidaciones con fecha de vencimiento a definir, que es lo mismo que aceptar unos papeles sin aplicación efectiva”, indicó otra de las fuentes consultadas. Ni el kirchnerismo más duro se animó a tanto.
Entramado legal
Aduriz repitió hoy lo mismo que les había dicho el miércoles personalmente a los directivos del sector en una reunión en el Palacio de Hacienda. Los privados escucharon la propuesta, pero advirtieron que la implementación de una solución de ese tipo desembocaría en la ruptura de los contratos de compra de energía vigentes (PPA’s, por sus siglas en inglés), una medida inédita desde que se empezaron a utilizar dos décadas atrás como herramienta para ampliar el parque de generación de energía en tiempos de congelamiento de tarifas y precios atrasados de la energía.
Las generadoras intentaron explicarle al funcionario de Economía que el incumplimiento de los contratos desembocaría, incluso más allá de la voluntad de las empresas eléctricas, en un potencial conflicto de alcance internacional porque esos compromisos están calzados sobre préstamos y créditos financiados por los principales fondos de inversión del planeta. “Los contratos PPA de Cammesa (firmados por instrucción de la Secretaría de Energía a través de las resoluciones 220/2007, 21/2016 y 287/2017) sirven de respaldo de bonos que cotizan en Nueva York por unos US$ 5000 millones«, explicó un experto legal que trabaja en uno de los principales estudios jurídicos de la city porteña. «Por eso, la profundidad de las consecuencias de una decisión como la que propuso el Ministerio de Economía pueden ser tan complicadas”, añadió.
Sobregirados
De ahí que si finalmente el Ejecutivo avanza por la vía que formuló esta semana, las compañías deberán informar de manera formal sobre el hecho a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Security Exchange Comission (SEC) de Nueva York. De hecho, este viernes la CNV empezó a intimar a algunas empresas a que aclaren a la Bolsa porteña mediante un hecho relevante cuál es el estado de las acreencias que poseen con Cammesa. “¿Cuál es el sentido de poner en alerta al mercado financiero local y a los mayores fondos de inversión del mundo cuando el gobierno aspira a levantar el cepo en los próximos meses y para hacerlo precisará del acompañamiento de esos actores?”, se interrogó sin respuesta un alto ejecutivo del sector.
En el fondo, las empresas entienden la necesidad fiscal del gobierno, pero afirman que el atraso en los pagos —que ronda los 120 días— podría encauzarse bajo del paraguas legal contemplado por los contratos vigentes, sin la necesidad de crear una nueva regulación para dejar sin pagar —encapsulada— la deuda generada en diciembre y enero. “Sería preferible seguir rolleando la deuda para adelante. No queremos que se pongan al día, sabemos que no hay fondos para hacerlo. Por eso planteamos que si Cammesa empieza este mes a girar los fondos, esa plata se impute al pago de la transacción de diciembre y no a la de febrero como pretende Economía. Es un tema de naturaleza legal, porque hacer lo que propuso Economía afectaría el funcionamiento de los contratos”, se sinceró uno de los principales ejecutivos del sector.
El tema escaló en las últimas horas a la primera línea de la administración de Javier Milei. Incluso YPF, accionista mayoritario de YPF Luz, una de sus subsidiarias junto con GE, se vería afectada por la decisión que puso sobre la mesa Economía. «Se entiende la posición de Caputo, pero uno puede hacer lo que pretende como un carnicero o puede buscar mecanismos de acuerdo. Da la impresión que fueron por la primera opción», se lamentó otro hombre de negocios.
