El gobierno difundió entre los gobernadores y legisladores la nueva versión de la Ley de Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos, cuya versión anterior había sido rechazada en el Congreso. Una de las novedades en materia energética es que el Poder Ejecutivo retiró la Sección IV de Biocombustibles, que establecía modificaciones a la Ley 27.640 que regula al sector.
Fuentes de una provincia productora de bios señalaron a este medio que “el apartado para biodiesel y bioetanol no está en la nueva versión. Entendemos que (el gobierno) va a esperar el texto de las provincias”. La última versión de la Ley Bases es más acotada que la original (contiene 177 páginas y 268 artículos). Al quedar afuera por decisión del gobierno, la nueva normativa para el biodiesel y bioetanol, que se mezclan por ley con el gasoil y las naftas, respectivamente, podría tratarse a partir del proyecto que impulsan seis provincias productoras, tal como publicó EconoJournal.
Los gobernadores Maximiliano Pullaro de Santa Fe, Martín Llaryora de Córdoba, Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Osvaldo Jaldo de Tucumán, Gustavo Sáenz de Salta y Carlos Sadir de Jujuy impulsan un proyecto de ley que planean presentarlo en la reunión del Pacto de Mayo, la convocatoria a los gobernadores que impulsa Javier Milei.
El texto lo está impulsando, sobre todo, Santa Fe, pero está bajo el paraguas de la Liga Bioenergética de Provincias Argentinas. De todos modos, los gobiernos de Buenos Aires, San Luis y La Pampa, donde hay plantas de biodiesel, no apoyan la iniciativa. Los tres mandatarios entienden que excluyen a las pymes de biodiesel que están alejadas de Santa Fe y que en las licitaciones se verían perjudicadas porque tienen costos de fletes más elevados para transportar la materia prima (aceite de soja) desde Rosario hacia sus instalaciones.
Proyectos de las provincias
El proyecto de las seis provincias plantea una desregulación del sector y el ingreso de los grandes jugadores del agro al mercado local como Cargill, Bunge, Dreyfus, AGD y Cofco, entre otras, que según la Ley 27.640 sólo les permite exportar.
En los hechos, la iniciativa propone licitaciones privadas como mecanismo de abastecimiento del mercado local, hoy regulado por cupos y precios desde la Secretaría de Energía. El proyecto también plantea la postergación para producir bios para las refinadoras de hidrocarburos como YPF, Raízen, Axion Energy, Puma y productores de crudo que evalúan desembarcar en el negocio.
Recién las habilitaría cuando el porcentaje de mezcla con las naftas (hoy en 12%) sea superior al 18% en el caso del bioetanol y 15% en biodiesel con gasoil (hoy 7,5%), algo que en varias refinerías ven muy lejano, ya que en la Ley Ómnibus estaba previsto que se llegue a estos porcentajes recién a partir de 2028.
