El gobierno postergó la suba de los impuestos a los combustibles siete veces seguidas (cuatro veces en 2021 y tres en 2022) fundamentalmente por una decisión política, a fin de evitar el año pasado un impacto en el precio de las naftas y el gasoil en plena campaña electoral. La prórroga este año se explica por la necesidad de hacerle espacio en el precio al aumento de la materia prima (el petróleo crudo, que registra una fuerte suba) y al mismo tiempo, obedece también a evitar que la suba de los precios en surtidores que presione aún más a la inflación, que en 2021 fue de 50,9% y este año podría superar el 90 por ciento.
La decisión del gobierno de Alberto Fernández no fue gratuita para las arcas del Estado. Al contrario. Por las sucesivas postergaciones, el Estado dejará de recaudar US$ 1.770 millones en 2022, un monto cercano al ahorro fiscal que espera lograr el gobierno con la quita de subsidios energéticos a las tarifas de gas y electricidad a partir del esquema de segmentación que se está implementando con demoras.
Los datos surgen de un informe de la consultora Economía y Energía que dirige Nicolás Arceo, que señala que la postergación de los incrementos en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto a Dióxido de Carbono (IDC) “significó una importante ampliación de la brecha entre el valor real del impuesto y lo que correspondería según normativa”.
Según los anuncios realizados por el ministro de Economía, Sergio Massa, y la secretaria de Energía, Flavia Royón, el ahorro fiscal de la segmentación tarifaria será de $ 455.000 millones para todo 2023. Según el tipo de cambio oficial que se proyecta para el año que viene, que se ubica en torno a los 230 pesos según las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA, la quita de subsidios representaría unos US$ 1.978 millones para el próximo año. En números redondos, y teniendo en cuenta los US$ 1.770 millones que el Estado no recaudó por las impuestos a los combustibles, la quita de subsidios de la segmentación tarifaria para la electricidad y gas sería sólo de US$ 200 millones más de lo que el Estado pudo percibir si se actualizaban el ICL y el IDC.
El objetivo del gobierno de no subir estos impuestos para evitar el impacto en el precio de los combustibles y que esto genere más inflación puede terminar con un efecto inverso, ya que el Estado se perdió de recaudar una suma considerable. Todo el esfuerzo que le está llevando al gobierno la implementación de la segmentación tarifaria podría tener finalmente un impacto muy bajo en el ahorro fiscal del próximo año por las sucesivas postergaciones de la suba de los impuestos a los combustibles.
Impuestos a los combustibles
Estos impuestos se actualizan trimestralmente en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Se encuentran pendientes las actualizaciones de los impuestos correspondientes a todo 2021 y del primer semestre de 2022, pero en diciembre se sumará la actualización del último trimestre de este año.
La última postergación concluyó el 1° de septiembre, día donde se debía incrementar el ICL e IDC, pero el gobierno definió patear para adelante la actualización una vez más. Lo hizo a través del Decreto 561 publicado en el Boletín Oficial el miércoles 31 de agosto. El decreto estableció que las actualizaciones del primer y segundo trimestre de 2021 se aplicarán a partir del 1° de octubre. Las actualizaciones de los impuestos a los combustibles del segundo semestre de 2021 y de los tres trimestres de 2022 se implementarán el 1° de enero de 2023.
