Luego de la reunión del área económica del gobierno con directivos de Coninagro, entidad de la Mesa de Enlace que agrupa a algunas organizaciones de la agroindustria, la secretaria de Energía, Flavia Royón y el ministro de Economía, Sergio Massa, anunciaron la extensión del corte del 12,5% en el biodiesel para la mezcla obligatoria con el gasoil. La definición, anunciada este miércoles por Royón en sus redes sociales, se concretó a espaldas de las petroleras que refinan y venden los combustibles en surtidores.

En ese segmento —que es liderado por YPF, Raízen, Axion Energy y Puma— la medida del gobierno cayó como un balde de agua fría. Primero, por la mecánica inconsulta de la decisión. Por lo general, antes de tomar una decisión de este tipo, el Estado suele sondear la opinión al menos de la petrolera controlada por el propio gobierno. Eso no pasó esta vez. No existió ninguna reunión de Royón o del nuevo equipo de la Secretaría de Energía con las refinadoras para analizar el escenario. Segundo, porque la extensión de un corte tan alto de bios en los combustibles requiere un esfuerzo logístico que las petroleras no están en condiciones de realizar.

«La medida es de difícil sostenibilidad. Dado los esfuerzos logísticos para garantizar el abastecimiento de la demanda que todo el mercado está haciendo, no es viable materializar el retiro equivalente al corte propuesto. Por lo que si finalmente el gobierno decide extender el corte del 12,5% haremos los mejores esfuerzos en cumplir haciendo primar el abastecimiento final al cliente por sobre los retiros«, explicó un encumbrado directivo del sector de refinación.

En otras palabras, lo que está dejando entrever es que la red de camiones de la empresa se utilizará para cubrir, en primer lugar, el despacho de naftas y gasoil en todo el país. La cobertura del corte de biocombustibles será, en su defecto, una meta de segundo orden. Eso es, en los hechos, lo que estuvo pasando en los últimos meses. Pese a que la alícuota vigente es del 12,5%, la mayoría de las petroleras sólo pudo llegar al 10% de corte. Alguno cortó biodiesel en gasoil incluso por debajo de esa cifra.

«La demanda de gasoil aflojó un poco, pero en los sitios donde la logística no esta estresada. En el NOA y el NEA, en provincias de fronteras, el consumo sigue muy demandante, por lo que la logística sigue intensa», explicó otro ejecutivo de la industria.

Escenario

El biodiesel es un producto que se elabora a base de aceite de soja y los mayores beneficiarios de la medida que anunció este miércoles el gobierno son las grandes cerealeras exportadoras y algunas pymes.

La ampliación del corte obligatorio de biodiesel en el gasoil fue una medida de urgencia que el gobierno adoptó en junio en plena crisis de abastecimiento para contrarrestar la faltante de gasoil, sobre todo para abastecer al sector agroindustrial, el principal demandante de este combustible. El plazo de urgencia que había fijado el gobierno venció el 16 de agosto. Para sobrellevar la crisis, YPF, el mayor jugador del mercado, tuvo que importar a pérdida gasoil para abastecer al sector agropecuario.

A principios de junio, la Secretaría de Energía elevó al porcentaje de la mezcla del gasoil del 5% al 7,5% para las pymes que abastecen sólo el mercado local, sobre todo las plantas instaladas en las provincias de Santa Fe y Córdoba. La Ley 27.640 aprobada el año pasado regula los cupos y el precio del biodiesel (gasoil) y bioetanol (que se mezcla con las naftas). En el país hay 18 pymes productoras de biodiesel que abastecen hasta 50.000 toneladas anuales.

Beneficiados por la prórroga

Pero, al mismo tiempo, en ese momento el gobierno también implementó por decreto una medida aún más extraordinaria al habilitar también a las grandes cerealeras a abastecer con un 5% en el corte del biodiesel con el gasoil (y a un precio de paridad de importación), cuando por ley no estaban habilitadas. Ahora, las grandes cerealeras exportadoras como Cargill, Aceitera General Deheza (AGD), Bunge Argentina, LDC, Molinos y Cofco seguirán abasteciendo el mercado local de biodiesel. Por denuncias de “antidumping”, estas empresas tuvieron el cierre del mercado de Estados Unidos, que investigó un trato impositivo diferencial en la Argentina.

Entre las compañías beneficiadas sobresalen las firmas del empresario del juego Juan Carlos Bojanich, que cuenta con seis plantas constituidas individualmente: Biobahía, Biobin, Bio Ramallo, Biobal Energy, Bio Corba y Refinar Bio. En conjunto, este grupo abarca el 27,4% del mercado local de biodiesel. Otro grupo pyme lo constituyen Rosario Bioenergy, Bionogoya y Establecimiento El Albardón, todas plantas del grupo Essential Energy Holding.

Massa, Royón y Bahillo

Tal como informó EconoJournal, el gobierno había habilitado una mesa de trabajo para evaluar con todos los actores involucrados qué hacer con los biocombustibles. El ex secretario de Energía Darío Martínez había prometido la creación de esta instancia. De ahí el malestar de las refinadoras que se enteraron de la medida por el tweet de Royón.

La secretaria de Energía anunció la medida afirmando: “Estamos convencidos que debemos apostar a los biocombustibles que nos permiten un ahorro de divisas. Es por eso que hemos decidido, junto al ministro de Economía, Sergio Massa, y la Secretaría de Agricultura, prorrogar el corte al 12,5% de biodiesel”. Luego, el titular de la Secretaría de Agricultura, Juan José Bahillo, indicó en su cuenta de Twitter: “Celebramos la medida de prorrogar el corte de 12,5% del biodiesel. Esto marca el excelente trabajo coordinado entre las secretarías que componen @Economia_Ar y del acuerdo generado con la Mesa de Enlace en las reuniones de trabajo que venimos manteniendo”. En el mismo sentido, Sergio Massa replicó el mensaje desde sus redes sociales.

Fuentes de las refinadoras indicaron a EconoJournal que la prórroga al biodiesel “no permite al ahorro de divisas” y aclararon que el biodiesel es 115% más caro que el gasoil, que sólo por la exención del impuesto a los combustibles líquidos el Estado perdió el año pasado cerca de $ 23.000 millones y en 15 años de vigencia del esquema de fomento a los biocombustibles (que comenzó en 2007) el Estado perdió casi US$ 7.500 millones en impuestos no cobrados.