En medio de la crisis que atraviesa el gobierno luego de la histórica derrota en las PASO, el ministro de Economía, Martín Guzmán, envío el miércoles por la noche el proyecto de ley de Presupuesto 2022. El análisis del gasto por finalidad, muestra que la partida destinada a servicios económicos en el rubro “energía, combustibles y minería” se reducirá de 2,2% a 1,7% del PBI. Ese ajuste supone una baja de los subsidios y, por consiguiente, un aumento cercano al 30% de la tarifa promedio que pagará el conjunto de los usuarios.
Las cifras del presupuesto
Este año esa partida demandó 971.794 millones de pesos y la proyección es que en 2022 se elevará a 1024.718 millones, un 5 por ciento en términos nominales, lo que supone una caída de 0,5 puntos del PBI.
Dentro de esa canasta, el principal concepto es la partida destinada a la sustentabilidad del mercado eléctrico asociada a las transferencias a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) que absorberá 609.197 millones de pesos, casi el 60% del total.
El propio texto del presupuesto aclara que las transferencias a CAMMESA tienen como propósito cubrir los costos que no son atendidos directamente por los usuarios de la electricidad. En la actualidad, el conjunto de los usuarios del sistema eléctrico cubre con la tarifa aproximadamente el 37% de los costos mayoristas y en el presupuesto dice que para 2022, se prevé que el 43% de los costos sean cubiertos por la tarifa.
La suba porcentual no sería tan significativa si los costos permanecieran congelados, pero la inflación y la variación del tipo de cambio en un contexto de tarifas residenciales pisadas ha hecho que el porcentaje de esos costos que cubre CAMMESA venga en ascenso durante los últimos años.
Aumento tarifario
Fuentes del mercado eléctrico aseguraron a EconoJournal que si el año próximo las tarifas permanecieran congeladas, el monto destinado a CAMMESA no sería de 609.197 millones de pesos sino que treparía como mínimo a 720.000 y como máximo a 780.000 millones, dependiendo de la disponibilidad y la evolución de los precios de la energía. Por lo tanto, los 609.197 millones suponen que habrá un ajuste de tarifas. Fuentes del sector estimaron que el supuesto detrás de esos números es que las tarifas eléctricas subirían entre 30 y 35 por ciento en promedio.
En el caso de los usuarios residenciales, el gobierno tiene previsto avanzar con un esquema de segmentación. Por lo tanto, los que terminen afrontando el aumento, se estima que será al menos un tercio de los usuarios residenciales de mayor poder adquisitivo, probablemente tengan que soportar una suba más cercana al 50%.
De este modo, Guzmán insiste con el planteo que este año lo llevó a enfrentarse al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, y al interventor de Enargas, Federico Bernal, delegados de Cristina Fernández de Kirchner en el área energética. El cristinismo pugnó con fuerza para limitar los aumentos y la carta que distribuyó el jueves la vicepresidenta deja en claro que mantiene esa postura.
