“Puede ser un 7%, un 9% o un 15%. Es un número que no va a afectar el poder adquisitivo de los salarios”, aseguró el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, en referencia al aumento que podría autorizar el gobierno en la tarifa eléctrica luego de las audiencias públicas que tendrán lugar el 29 y 30 de marzo. En diálogo con el programa «Pasaron Cosas» de «Radio Con Vos», el funcionario analizó los pedidos de aumentos de Edesur y Edenor, reconoció que el gobierno va a seguir apuntalando el funcionamiento del sector con subsidios y aseguró que trabajan en la posibilidad de avanzar con una segmentación tarifaria, pero no dio precisiones sobre cuándo podría implementarse.
–La semana que viene son las audiencias públicas y las empresas eléctricas pidieron aumentos elevados, ¿qué piensa hacer el gobierno?
-Efectivamente, las audiencias públicas son el lunes y martes. El lunes de transporte eléctrico y el martes de distribución. Para nosotros es un hecho muy importante la audiencia en sí. Estamos organizando para que tengan una participación todos los actores que se ven afectados e incluidos en este servicio público. Van a participar pymes, clubes de barrio, asociaciones de usuarios, electrodependientes, los sectores de la cultura como centros culturales y teatros para expresar su situación y sus necesidades. Si bien es cierto que no son vinculantes, es un ejercicio público ciudadano que nos interesa revalorizar dado que está muy asociada la audiencia pública a los ajustes tarifarios. En el pasado las audiencias públicas se intentaron dejar en un lugar secundario porque son la antesala de un ajuste tarifario. No es el caso de las audiencias de lunes y martes porque el gobierno no va a tomar una política de ajuste tarifario y en ese sentido nos interesa la participación de toda la ciudadanía.
-¿Qué quiere decir que el gobierno no va a tomar una política de ajuste tarifario?
-La política tarifaria del gobierno va a acompañar la recuperación de la economía y el poder adquisitivo de los trabajadores. En ese sentido digo que no va a ser un ajuste del poder adquisitivo ni que impacte de sobremanera en los costos de la actividad económica.
-¿Cuánto es sobremanera?
-Los requerimientos que las empresas presentaron al ENRE, me refiero a Edenor y Edesur, son mucho mayores a los mencionados. Edenor plantea recomponer sus ingresos en un 100% y esto se logra con un aumento promedio en la factura del 34%, pero si uno observa en detalle la propuesta de Edenor a los Residenciales 1 y 2, que explican cerca del 80% de la demanda residencial, se le aumenta al Residencial 1 un 157% y al Residencial 2 un 65%.
-¿Ellos dicen que la factura tiene que aumentar más de un 100%?
-No, sus ingresos anuales.
-¿Eso se consigue con un aumento de la factura de cuánto?
La propuesta de ellos es aumentarle a los residenciales entre un 65% y un 157% y a los comercios un 58%.
-¿Y el gobierno cuánto está dispuesto a conceder?
-El gobierno no va a tomar en cuenta esta senda propuesta por las concesionarias sino que en función del programa económico va a adecuar las tarifas de manera tal de acompañar la recuperación. Obviamente no te puedo decir un número, lo que quiero decir es que puede ser un 7%, un 9% o un 15%. Es un número que no va a afectar el poder adquisitivo de los salarios.
-Si el aumento sale en esta banda del 7% al 15%, ¿esto significa que el Estado se va a hacer cargo de los cargos del mantenimiento o parte de la operación?
-Por los números que solicitan las empresas resulta inviable el proceso tal cual lo presentan los concesionarios. Con lo cual, efectivamente, se aumente un 7, un 9%, un 15% o un 40% el Estado va a tener que intervenir económicamente en el funcionamiento sectorial. De hecho, ya lo está haciendo. Nosotros venimos de un 2020 muy complejo en términos del esfuerzo del Estado para sostener el funcionamiento del sistema eléctrico y esto se refleja en el nivel de endeudamiento que Edesur, Edenor y el resto de las distribuidoras registran con CAMMESA, que es la que les vende la energía. Un elemento más para cerrar el cuadro de requerimientos de las empresas es que además de solicitar una recomposición de ingresos en el caso de Edenor de 100% y en el caso de Edesur de 250%, solicitan que le flexibilicemos los parámetros de calidad del servicio. Esto quiere decir que baje la calidad del servicio de la distribución eléctrica en el AMBA.
-¿En qué sentido qué baje? ¿Qué se relajen qué requisitos de calidad?
-Que se relaje tanto el requisito de duración como de cantidad de cortes.
-¿Las empresas abiertamente les dijeron a ustedes que va a haber más cortes de luz y que ustedes lo habiliten porque sino tienen que aumentar mucho más la tarifa?
-No dicen que va a haber más cortes de luz. Lo que dicen es “no me exijas tanto”.
-¿Ustedes hasta qué tope van a subsidiar? Guzmán en las últimas entrevistas que dio está diciendo que la hoja de ruta es el presupuesto y el presupuesto fija un techo para los subsidios del 1,7% del PIB.
-Existe la necesidad de ir adecuando las proyecciones y el funcionamiento del sector energético a las posibilidades del Estado, pero nuestra hoja de ruta además del presupuesto es nuestra plataforma electoral.
-¿En qué sentido?
-Uno de los puntos más importantes de nuestra plataforma electoral estuvo vinculado con la política tarifaria del gobierno anterior y con la necesidad de reformular esa política tarifaria. Hoy estamos asistiendo a una renegociación tarifaria que nos va a permitir dejar atrás la RTI del macrismo e iniciar un camino de una política tarifaria que tenga foco en la recuperación del poder adquisitivo y de la actividad económica.
-El ENRE dice que el esquema tarifario aprobado por el gobierno anterior estaba mal hecho. Si hubo una transferencia de los hogares y las pymes a las distribuidoras de energía eléctrica y esa RTI se cae, ¿existe la obligación de las concesionarias de devolverles la plata a los usuarios?
-No, simplemente la RTI inaugurada por el gobierno de Macri en términos prácticos nunca se aplicó dado que lo proyectado siempre fue recortado por el mismo gobierno de manera tal que la RTI termina siendo, incluso después del congelamiento tarifario, una entelequia que no tiene relación con la realidad. Nosotros estamos tomando cartas en el asunto y estableciendo una hoja de ruta por dos años de una transición tarifaria que nos permita acoplar la política energética y tarifaria a los principios económicos de nuestro gobierno.
-Si bien ahora se abre una etapa de transición, está como objetivo la posibilidad de que el Estado intervenga más, ya sea tomando el control o dirimiendo mucho más la operación en el día a día de las empresas.
-Claramente, hoy los servicios públicos están atravesando una situación en donde el marco regulatorio y de control necesita una discusión profunda para su reforma. En cuando a la intervención del Estado, la intervención del Estado hoy en el sector energético, en el eléctrico y en el de gas, es muy importante. De hecho, si uno mira el presupuesto está después de Seguridad Social en términos de cantidad de fondos destinados del Estado a la actividad energética. En ese sentido, nuestro objetivo es ordenar las capacidades del Estado para que esos fondos destinados sean utilizados de la manera más eficiente y como norte esta política que les comento de acompañar la recuperación económica.
-Los acusan de volver a subsidiar a las clases medias y medias altas, de malgastar recursos que podrían ir a los sectores más pobres.
-Maneras de mejorar hay. El presidente lo planteó. Una política de segmentación que permita retirarle el subsidio a los usuarios de mayores ingresos que puedan pagarlo, pero nosotros partimos de una realidad donde el 50% está por debajo de la línea de pobreza y un 20%/25% pelea todos los días para no caer. En ese sentido, nosotros vamos a acompañar con la política energética la recuperación de esas familias y obviamente vamos a desarrollar los instrumentos para hacerlo de la manera más eficiente y la política de segmentación es una de ellas.
-¿En el aumento que va a regir desde abril se va a aplicar una segmentación?
-En el aumento que va a regir ahora desde abril no, pero paulatinamente vamos a ir trabajando en un proceso gradual de segmentación. Más que una política es un proceso porque implica una inteligencia estatal muy importante y una capacidad de vincular a distintos organismos del Estado para este fin.
-¿Esto se barajó hacer y no se hizo o nunca fue posible?
-La segmentación es una idea que ronda en el sector energético desde hace muchos años. De hecho, en 2012 el gobierno de Cristina lo implementó de manera parcial por los amparos que se presentaron. Luego de eso no hubo ninguna otra experiencia y nosotros estamos trabajando para hacerlo más especializado, en el sentido de ir usuario por usuario.
