En una conyentura en la que Argentina necesita inversiones extranjeras para industrializar sus reservas hidrocarburíferas, el marco regulatorio comienza a jugar un rol preponderante a la hora de brindarles garantías a los potenciales inversores. Dentro del sector energético, el estudio Martínez de Hoz & Rueda es una referencia ineludible a la hora de plantear temas jurídicos y regulatorios. TRAMA conversó con los socios fundadores de dicho estudio, los abogados José Martínez de Hoz, Pablo Rueda y Tomás Lanardonne, quienes analizaron qué tipo de legislación debe dictar la Argentina para promover el desarrollo energético y qué experiencias regionales exitosas pueden tomarse como referencia a la hora de diseñar un nuevo marco jurídico.   

El Gobierno planteó a través del secretario de Energía, Darío Martínez, que tiene intención de enviar al Congreso una nueva Ley de Hidrocarburos para promocionar inversiones en el sector. ¿Qué ejes cree que indefectiblemente tienen que estar incluidos en un proyecto de esta naturaleza? 

José Martínez de Hoz: Creo que debe contemplar cuatro pilares fundamentales. El primero es la posibilidad de exportar gas y petróleo en forma libre y no en forma interrumpible, básicamente por las necesidades y urgencias locales de corto plazo. Sin eso no hay proyecto de exportación viable, no hay nadie que vaya a hundir cientos o miles de millones de dólares si esas condiciones no están dadas. Asociado a eso está la segunda pata, que es la eliminación de los derechos de exportación. Es absolutamente impensable un proyecto de esta naturaleza con esas condiciones. Sean altos o sean bajos, la mera posibilidad de tener derechos de exportación que alteren la ecuación económica es fulminante. Además, termina encareciendo la competitividad del proyecto. La tercera pata es la famosa libre disponibilidad de divisas. Esta es otra cuestión absolutamente crucial. No hay forma de que se pueda desarrollar una inversión de estas características sin libre flujo de entrada y salida de capitales. El cuarto pilar puede ser leguleyo pero no es menos importante, y más en un país con la debilidad institucional que tiene la Argentina: contar con un foro neutral internacional para resolver las potenciales disputas que puedan surgir.   

Algunos referentes del sector toman el caso de Camisea, en Perú, como un ejemplo de marco regulatorio que incentivó la llegada de inversiones. ¿Es aplicable para la Argentina ese caso? 

Pablo Rueda: El caso de Perú conviene compararlo porque es muy parecido al de Argentina. Es un país que inició un proceso de atracción de inversiones con una historia de extrema volatilidad y rompimiento de compromisos. Con esos antecedentes, lo que hizo Perú fue reformar la Constitución. De esta manera, les dio a los inversores garantías jurídicas de raigambre constitucional, con derechos adquiridos a un marco regulatorio con garantías cambiarias y firmeza de autorizaciones de exportación. Todo, en un contrato entre el Estado y el inversor con arbitraje internacional. Esto no representó ninguna entrega de Perú, todo lo contrario. Significó la oportunidad que tuvo el país para desarrollar su mercado, sacar gente de la pobreza y generar riqueza.  

Hay algunas cuestiones que generan cortocircuitos, al margen de lo jurídico. Por ejemplo, el no cumplimiento del pago de la deuda prevista por el decreto 1053/18. ¿Qué sensaciones creen que generan en el mercado del gas ese tipo de acciones? 

JMH: Creo que en el afán de ser positivos y que las cosas salgan adelante no decimos lo que se necesita. Además de la creación de un marco jurídico adecuado, hay que tener en cuenta las cosas que no hay que hacer. El no cumplimiento del pago de la deuda prevista por el decreto 1053 fue una coincidencia muy desafortunada con el Plan Gas 4, porque las similitudes entre el decreto 1053 y el Plan Gas son bastante evidentes. Y en definitiva, la derogación del decreto 1053 en la Cámara de Diputados, en la Ley de Presupuesto, genera dudas con respecto a por qué lo que ocurrió con ese decreto no podría repetirse con el Plan Gas o con cualquier otro proyecto. Por eso es importante el concepto  
de seguridad jurídica en el sentido de estabilidad de reglas de juego, de previsibilidad y de transparencia. Y eso también se traslada al tema fiscal. Con la actual administración se crearon 14 impuestos. Además de afectar la competitividad de la economía argentina, genera un problema de credibilidad porque demuestra que la variable de ajuste son los impuestos que afectan los proyectos en curso y la economía. Estas son las cosas en las que es importante ser cuidadosos para no afectar el ambiente de inversiones.  

Hay proyectos para exportar gas primero hacia Chile o Uruguay y en una segunda etapa quizás a Brasil u otros mercados. ¿Dónde creen que tiene que estar puesto el foco a la hora de diseñar un marco regulatorio que pueda cubrir este tipo de exportaciones? 

PR: Hay dos elementos fundamentales. El primero es crear un marco jurídico vía contratos de inversión que garanticen que esas grandes inversiones, con costos hundidos que se necesitan para hacer proyectos de inversión, van a ser respetadas. En un ámbito no solo regulatorio energético sino también cambiario y fiscal. Y lo segundo es solucionar el tema de la demanda prioritaria. Las grandes crisis que hubo en la Argentina en el mercado mayorista del gas se dieron a partir de devaluaciones que impactaron en lo que es el mercado mayorista de gas, incrementando el precio que debía pagar la demanda prioritaria o vía una regulación que congeló los precios a los cuales podían vender el gas los productores. El problema de la demanda interna hay que solucionarlo como condición para cualquier desarrollo del negocio exportador. Porque si no se tiene un remedio para los problemas que puede haber en el mercado interno, siempre se termina destruyendo el mercado exportador. 

¿Qué balance hacen en términos regulatorios de lo que fue el funcionamiento del barril criollo?  

JMH: Tengo una visión crítica del barril criollo. Creo que fue una decisión desafortunada, que metió ruido en el sistema. En los meses de abril, mayo y junio, los productores no integrados tenían dificultades para colocar su producción. Y muchas más dificultades pasaron a tener con un precio de barril a u$s 45. Esto en definitiva causó problemas en el mercado, causó reclamos de las provincias y el saldo que nos deja es de batallas legales entre las compañías petroleras y las provincias por las regalías. El otro impacto que dejó, en línea con lo que considero no hay que hacer, fue incertidumbre en el mercado. Nuevamente, cuando hay dificultades se rompen las reglas de juego. Lo que hizo el decreto 488, en definitiva, fue un aumento de las regalías. Calculó ese 12% que era ficticio, artificialmente más alto que el precio real, lo que redunda en un aumento de la tasa efectiva. Creo que esto fue una mancha más a la estabilidad y al cumplimiento de las reglas de juego por parte del Estado argentino. 

Uno de los capítulos novedosos que tiene el Plan Gas 4 es el Valor Agregado Nacional. Sin embargo, genera incertidumbre saber cómo va a funcionar ese capítulo que busca garantizar la participación de empresas nacionales en el desarrollo de proyectos en el upstream. ¿Qué opinión tienen acerca de los desafíos regulatorios que generan este tipo de decisiones? 

PR: Mi visión es que está armado muy ligeramente. Parece haber sido escrito a las apuradas ya que está lleno de contradicciones y genera muchas dudas que afectan innecesariamente el éxito del Plan Gas. No me parece un proyecto serio de promoción de la utilización de recursos locales en la industria. Tiene contradicciones en lo que hace a lo que es nacional, regional y local. Genera choques con otras normas. Creo que es una parte del Plan Gas a la que le faltan un montón de definiciones.  

Estamos en un momento en el que el país necesita generar divisas para cumplir con sus obligaciones de deuda y lograr un balance comercial adecuado para que haya estabilidad cambiaria. ¿Creen que estamos en condiciones de dar vuelta la página a pesar de todas las turbulencias y las dificultades macroeconómicas?  

JMH: Creo que acá se aplica lo de querer es poder. No hay ninguna maldición que pese sobre la Argentina. No hay ninguna razón por la que el país no pueda tomar las decisiones correctas. Creo que el tema pasa por priorizar el mediano y largo plazo por sobre el corto plazo. Por la urgencia fiscal creamos nuevos impuestos que apenas mueven la aguja de la recaudación, pero hacen que las grandes empresas argentinas se estén yendo del país. O por lo menos que las que no se van piensen cuatro veces antes de invertir. Nuevamente la Argentina tiene que parar la pelota, tiene que pensar a dónde quiere ir. Creo que es oportuna la propuesta del secretario de Energía de debatir una nueva Ley de Hidrocarburos porque da la posibilidad de generar un consenso de largo plazo. Y cuando hablo de un consenso hablo de un consenso multipartidario. Más allá de las diferencias de opinión que puedan tener los partidos sobre la economía, me parece que nadie puede no coincidir en la necesidad de desarrollar Vaca Muerta y el negocio de la exportación hidrocarburífera. Es importante tener la cabeza fría y darse cuenta de que en la medida en que sigamos priorizando las urgencias fiscales de corto plazo vamos a sacrificar el crecimiento de la Argentina, vamos a sacrificar la salida de esta crisis tremenda en la que estamos. Esto solamente se puede hacer con políticas de Estado que gocen de un amplio consenso. Este es el momento para hacerlo. No esperemos más. 

Los perjuicios del «compre provincial» 

Con el objetivo de fomentar la industria local, algunas provincias petroleras dictaron regulaciones que privilegian a empresas locales a la hora de prestar servicios a las operadoras. Sin embargo, en algunas circunstancias, iniciativas de este tipo generan efectos colaterales no deseados, ya que entran en contradicción con resoluciones o leyes nacionales o también generan escenarios que terminan afectando la productividad de los proyectos. Tomás Lanardonne es Manager de la Oficina Neuquén dentro del estudio Martínez de Hoz & Rueda, y por lo tanto conoce bien lo que sucede con este tipo de normativas en la Cuenca Neuquina. «En un país con diez provincias productoras; si cada una establece una ley de compre local, convierte la situación en un caos», afirma.  

Para el letrado, regímenes de este tipo son anticonstitucionales, ya que «la Constitución Nacional prohíbe las aduanas internas y promueve el comercio entre las provincias». Incluso, destaca que hay jurisprudencia de la Corte Suprema que busca restringir estos regímenes locales. «El proyecto de ley de Neuquén de modificación del Compre Neuquino básicamente prevé que tiene que otorgarle el contrato a una empresa de servicios neuquina a pesar de que oferte un precio 15% superior al de una empresa rionegrina. Esto encarece los proyectos y afecta la productividad. Está muy bien incentivar la industria local y esto se discute en todo el mundo, pero generalmente se hace en función de consensos, a través de medidas como bajar impuestos, brindar facilidades financieras. Se promueven mecanismos de zanahoria, no de palo, como terminan generando muchas veces este tipo de resoluciones», considera Lannardone.