El subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, se reunió ayer por videoconferencia con representantes de las empresas distribuidoras de gas para disipar dudas e interrogantes de ese segmento del negocio con relación a la implementación de un nuevo programa estímulo de la producción del hidrocarburo. Hoy por la mañana será el turno de las productoras y después quedará el encuentro con representantes de las provincias petroleras.
Carbajales y otros funcionarios que responden al Ministerio de Desarrollo Productivo quieren avanzar con rapidez hacia la instrumentación del denominado Esquema Gas 2020-2024, que apunta a contractualizar a un precio competitivo (de entre 3,40 y 3,90 dólares por MMBTU en función de cada cuenca) la oferta de gas para cubrir la demanda residencial y de las generadoras eléctricas.
El genuino interés de los funcionarios busca atajar un problema concreto: si la perforación y completación de pozos no se reactiva en los próximos meses, durante el próximo invierno la importación de LNG (gas licuado) podría superar los US$ 1800 millones, seis veces más que este año (US$ 320 millones). De ahí la premura con la que trabajan los colaboradores del ministro Matías Kulfas.
Contrapuntos
Es evidente que aún existen contrapuntos internos dentro del gobierno. En una entrevista con El Cronista publicada hoy, justo cuando el gobierno presenta formalmente el Esquema 2020-2024 ante las petroleras, el interventor del Enargas, Federico Bernal, evitó respaldar formalmente la iniciativa; declaró que sigue trabajando en un sistema de subastas de gas para asegurar la provisión de ‘gas convencional’ para los hogares, y dio a entender que espera que el Ejecutivo incluya modificaciones antes de lanzar el nuevo programa. La falta de respaldo del interventor hacia el proyecto es inequívoca. Pese a eso, el gobierno sigue adelante.
La última semana, Carbajales realizó una última ronda de consultas entre las empresas. En esa recta final, los productores pusieron la atención en una serie de puntos que, a su entender, es necesario precisar antes de publicar el decreto que dará origen al programa. En esa lista figuran:
- El establecimiento de un formato de pagos provisorios. Los privados solicitaron continuar con el concepto incluido en resolución 46/2017 del Ministerio de Energía, que estableció que 30 días después de finalizado el mes de entrega del gas el Estado debe pagar un 85% de los subsidios correspondientes a cada empresa. El 15% restante se liquida cuando el Enargas verifica la inyección efectiva de cada petrolera. Fue el esquema que encontró el gobierno anterior para acortar el plazo de pago y de ese modo, reducir el riesgo cambiario que se disparó desde la primera devaluación durante abril de 2018. Fuentes gubernamentales indicaron a EconoJournal que es probable que el gobierno acceda al planteo de los privados, aunque resta definir la metodología para facilitar los trámites administrativos (uno de los problemas de la R46 es que burocratizó el sistema de pagos porque depende del aval de diferentes estamentos, como la Secretaría de Energía y el Enargas).
- Fondo de garantía: el articulo del decreto que envió la Subsecretaría de Hidrocarburos a empresas y provincias petroleras prevé la creación de un fondo de garantía que funcionará como una instancia adicional para asegurar el pago de subsidios a las petroleras que inviertan para sostener la producción del hidrocarburo. Está pensado como una especie de Foder del gas en referencia al fondo que creó el gobierno anterior para garantizar el pago de los contratos de compra venta de energía renovable (PPA’s) firmados por Cammesa. Algunas empresas solicitaron que esas compensaciones puedan utilizarse, si el gobierno se demora en el pago, como crédito fiscal para cancelar obligaciones impositivas de los privados. También solicitaron que el fondo garantice el pago del gas que se destinará al sector de generación eléctrica, dado que, en un principio, el fondo de garantía sólo estaba pensando para cubrir los compromisos de las distribuidoras. Sobre este punto, en un despacho oficial indicaron que esa opción no está en los planes porque Cammesa —la encargada de despachar el mercado eléctrico— posee su propio esquema de garantías.
Carbajales es quien lidera la negociación con la industria para reactivar la inversión.
- Disponibilidad de la capacidad de transporte. A partir de la gran estacionalidad mercado argentino de gas, que en verano consume en promedio unos 120 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/día) de gas y en invierno alcanza picos de 170 MMm3/día, productores consultados por este medio entienden que para que el sistema pensado por el gobierno funcione Cammesa debe asegurarse la disponibilidad de transporte de gas suficiente para despachar esos volúmenes durante el invierno. La capacidad de regular el acceso al sistema de gasoductos (transporte) está en cabeza del Enargas. Por eso, empresas de la cadena de gas coinciden en que es necesario precisar cómo se regulará el acceso a transporte en época invernal; máxime cuando de las declaraciones públicas de Bernal se desprende que el ente regulador no está lo suficientemente consustanciado con el éxito del programa.
- Especificar el sistema de penalidades. El decreto que distribuyó el gobierno precisa una serie de penalidades económicas que se aplicarán para las empresas que no cumplan con los compromisos de inversión y producción asumidos en el programa. Varias petroleras transmitieron al gobierno que, al mismo tiempo, es necesario definir mejor qué pasará si quien incumple los términos del esquema es el propio Estado. Lo que en definitiva solicitan los privados es que si el Estado se demora en exceso en el pago de las compensaciones a los inyectores de gas, se incluya una cláusula gatillo que permita a las petroleras redireccionar el gas hacia otros mercados más competitivos como el industrial.
