Las negociaciones por el acuerdo de barril criollo ingresaron en etapa de definiciones. Petroleras y gobernaciones productoras admiten que si esta semana no hay precisiones acerca de cómo se liquidarán las regalías de marzo, la situación fiscal y gremial de las provincias comenzará a resquebrajarse rápidamente.
Frente a ese contexto, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo, que dirige Matías Kulfas, buscan alinear a todos los actores que participan de la tratativas. Son tres grupos: refinadoras (YPF, Raízen, que opera la marca Shell en las estaciones de servicio; Pan American Energy, controlante de Axion Energy, y PUMA, de Trafigura), productores no integrados (Pluspetrol, Capsa, Tecpetrol, Vista Oil&Gas y Chevron, entre otras); y provincias productores de hidrocarburos, con Neuquén, Chubut y Santa Cruz a la cabeza.
El principal pedido del gobierno nacional es sencillo desde el inicio. Pretende que la industria —productores y refinadores— lleguen a un acuerdo de forma voluntaria sobre cómo determinar el precio interno del petróleo durante los próximos meses mientras se extiendan los efectos de la pandemia del Covid-19. El Ejecutivo quiere evitar la discusión legal que implicaría fijar por decreto o resolución un precio artificial del barril en el mercado doméstico. Por eso intenta desde hace varias semanas articular los diferentes intereses de las empresas del sector.
¿Cuál es el estado actual de las negociaciones?
Si bien el gobierno mantiene la intención de que el acuerdo salga por consenso, abre la puerta a que se resuelva a través de una resolución. Fuentes gubernamentales relevadas por EconoJournal indicaron que se apunta a lograr un acuerdo “sistémico” hasta fines de 2020 que incluya revisiones periódicas en el precio del barril y en surtidor (de los combustibles) si hay cambios significativos en el escenario.
En Desarrollo Productivo quieren que los privados se comprometan a algún tipo de objetivo concreto hasta fines de 2020, que podrá estar cuantificado en cantidad de producción de hidrocarburos, nivel de actividad o cantidad de empleos activos.
- ¿Qué significa eso en la práctica?
Que el gobierno quiere cerrar un esquema de precios por los próximos 60-90 días y contempla una modificación de los términos del acuerdo (precios del crudo y volúmenes de producción comprometidos) si cambian los indicadores del mercado. En especial, será clave saber cómo evoluciona el consumo de combustibles en la Argentina y a nivel global. Si la cuarentena se extiende y la demanda en surtidores continúa en los niveles de hoy, las refinadoras advierten que el acuerdo decantará en abstracto. Aún así, el escenario que manejan hoy las petroleras es diferente.
Dos refinadoras consultadas por este medio coincidieron en pronosticar que:
-Durante abril el volumen de combustibles despachado seguirá en los niveles de marzo (cuando se decretó el aislamiento).
-En mayo el consumo de naftas y gasoil se ubicará un 35-40% por debajo de los niveles de antes de la crisis del coronavirus.
-En junio/julio será un 20% inferior.
-En el segundo semestre seguirá la recuperación hasta alcanzar los volúmenes de venta pre-crisis recién en el último bimestre del año.
¿A qué precio se fijará el barril criollo?
Las provincias y productoras reclamaban un precio de 52 dólares, el mismo al que facturaron en febrero. Pero en los últimos días accedieron a recibir una cifra cercana a los 46 dólares. En gobierno creen que la cifra puede ser algo menos. Las refinadoras argumentan que tras la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) —aumentó un 30% y erosionó al margen de refinación en 4 dólares por barril—, están en condiciones de pagar 37 dólares por el barril que se produce en Neuquén.
En ese punto tienen razón: el alza del ICL lo único que hizo fue ampliar la brecha entre lo que proponen productores y refinadores. Hubiese tenido lógica con un mayor impacto en la recaudación fiscal, pero la suba sólo reportará entre 12 y 15 millones de dólares adicionales a las arcas del Tesoro durante abril
El gobierno intenta en estas horas alinear a YPF, la mayor petrolera del mercado, controlada por el Estado, pero que se vio perjudicada por la suba de los impuestos a la venta de combustibles. Sin el aval de Guillermo Nielsen, presidente de YPF, que en las últimas semanas se opuso a convalidar un precio de 45 dólares por barril, el consenso parece inalcanzable.
“Tenemos que buscar alternativas de acuerdo por fuera para la caja de YPF, porque no nos es indiferente la situación financiera de la empresa pública”, explicó una fuente oficial. Antes del viernes se sabrá si esos intentos fueron fructuosos o no.
