El Decreto de Necesidad y Urgencia 566/19 que congeló el precio del crudo y de los combustibles por 90 días y puso en pie de guerra a la industria petrolera lleva la firma del presidente Mauricio Macri y sus ministros, pero quien estuvo a cargo de su redacción es el jefe de Legales del Ministerio de Hacienda, Ignacio Pérez Cortés. El dato no tendría mayor relevancia sino fuera porque el mismo profesional fue quien en marzo de 2008 redactó la resolución 125/08 que le fijó retenciones móviles a los principales cultivos del agro y motivó una rebelión de productores rurales contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que incluso llegó a poner en jaque su continuidad al frente del Poder Ejecutivo.

Si bien Pérez Cortés es un profesional reconocido por los abogados de las empresas, el destino lo ha llevado a tener que redactar dos normas que, aún con diferencias significativas, tienen la particularidad de estar dirigidas a sectores con mucho poder dentro de la estructura productiva argentina. Está claro que la decisión política, antes y ahora, pasa por otro lado y este abogado lo único que hizo en ambos casos fue darle forma y buscarle la mejor argumentación legal posible. Primero cuando era asesor de Martín Lousteau en el Ministerio de Economía y ahora cuando trabajó bajo las órdenes de Nicolás Dujovne.

En 2008, Lousteu duró en el cargo apenas un mes y medio luego de impulsar aquella polémica resolución 125. Ahora Dujovne renunció al día siguiente de la publicación del decreto, luego de dejar trascender que estaba en contra de varias de las medidas que se tomaron en las últimas horas e incluso filtrar ese malestar a la prensa antes de que el presidente llegara a encontrarle reemplazante.

La resolución 125/08 provocó un terremoto social y político que sacudió a la Argentina en aquel primer semestre de 2008. Cristina Fernández de Kirchner había asumido la presidencia apenas tres meses antes y aquel conflicto cambió para siempre al kirchnerismo. Ahora la situación es diferente, por más que en las localidades petroleras hablan del DNU 566/09 como “una nueva resolución 125”, lo cierto es que la onda expansiva que puede generar este sector está lejos de poder equiparar la extensión e influencia que el agro tiene en la Argentina. Además, Macri no está dando sus primeros pasos sino más los últimos, luego de una dura derrota electoral, en un escenario de profunda inestabilidad económica, con un dólar disparado y los precios fuera de control.

Más allá de esas diferencias, está claro que también hay puntos de contacto y el principal es la reacción que esas normas generaron en los sectores a los que iban dirigidas. En este caso, el sector petrolero, sobre todo en Vaca Muerta, dejó en claro que un precio del crudo con un dólar de referencia de 45,19 pesos cuando el tipo de cambio se acaba de disparar a cerca de 60 pesos, borra la rentabilidad de la producción shale en Vaca Muerta y fuerza la paralización de equipos y el inicio de las suspensiones. Ahí es cuando entran en escena los gremios que no están dispuestos a permitir despidos masivos sin antes tomar medidas de fuerza. A su vez, los gobernadores se pliegan a la resistencia para tratar de negociar algún paliativo que limite el impacto social.

En el primer semestre, las petroleras pusieron en producción 43 pozos de shale oil y ahora están adelantando que con estos precios no seguirán perforando. Solo ese dato deja en evidencia la magnitud que tendrá este congelamiento en el precio del crudo. El gobierno convocó a la industria para este martes a las 17 horas para tratar de contener la reacción, pero las empresas desconfían e irán sin expectativas a la cita. Mientras tanto, la rebelión va tomando forma, fundamentalmente en la Patagonia.

Actividad de Shale oil en Vaca Muerta

Pozos enganchados, primer semestre de 2019.