El gobierno oficializó a fines de diciembre la eliminación de la tarifa social eléctrica como subsidio nacional. A través de la resolución 366/2018, que fijó los nuevos precios de referencia de la potencia y el precio estabilizado de la energía, derogó la resolución 1091/2017 que fijaba precios diferenciados para los beneficiarios de la tarifa social. En el Consenso Fiscal suscripto en septiembre con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires se acordó que cada jurisdicción definiría a partir del 1 de enero la tarifa social eléctrica. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, los gobiernos de la Ciudad, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, y de la Provincia, que encabeza María Eugenia Vidal, todavía no resolvieron qué características tendrá ese beneficio. Mientras tanto, Edesur y Edenor mantienen el descuento tal como se lo venía aplicando, pero no está claro quien se hará cargo del costo, pues CAMMESA ya no le aplica ningún descuento a ese universo de beneficiarios que suma 1,2 millón de usuarios en el AMBA y más de 4 millones en todo el país. «Hay localidades en el Conurbano en el que la tarifa social alcanza al 50% o 60% del total de los usuarios«, explicaron desde una de las empresas.En el Consenso Fiscal dice “que en el marco de la reducción de subsidios nacionales destinados a servicios públicos se prevé que, a partir del 1 de enero de 2019 y en función de sus posibilidades: (…) (b) cada jurisdicción defina la tarifa eléctrica diferencial en función de las condiciones socioeconómicas de los usuarios residenciales”. Allí queda claro el compromiso asumido por las distintas jurisdicciones, pero el texto remarca que se harán cargo “en función de sus posibilidades”.
EconoJournal consultó a las empresas sobre qué pasaría si tanto la Provincia como la Ciudad decidieran que la tarifa social fuese más acotada con respecto a la qué venía otorgando el gobierno nacional: “¿Quién se haría cargo de la diferencia entre el beneficio que ustedes continúan otorgando desde el 1 de enero y lo que la provincia o la Ciudad se muestren dispuestas a cubrir, en caso de ser más acotado?”. “La Provincia y la Ciudad en algún momento nos tienen que decir cómo hacer. Cuando llegue ese momento veremos, mientras tanto nosotros no podemos dejar de otorgar la tarifa social”, respondieron desde una de las compañías.
En el artículo 103 de la ley 15.078 del Presupuesto Provincial 2019, el gobierno provincial explicitó que “el costo de la implementación de la tarifa social de energía eléctrica establecido por la resolución 6/2016 del ex Ministerio de Energía y Minería de la Nación, aplicable a aquellos usuarios que carecen de capacidad de pago suficiente para hacer frente a los precios establecidos con carácter general, será asumido por la Provincia”. Ese artículo representa una garantía para las empresas de que la jurisdicción que comanda María Eugenia Vidal se hará cargo del costo del subsidio, pero las semanas pasan y siguen sin recibir una directiva ni los fondos para compensar esa tarifa diferencial.
Algo similar ocurre en la Ciudad de Buenos Aires donde el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta adelantó que asumirá el costo de la tarifa social eléctrica, pero a más de un mes de haber quedado bajo su responsabilidad sigue sin haber definiciones precisas. Fuentes del mercado de distribución eléctrica indicaron que el costo de la Tarifa Social rondará los $ 15.000 millones en 2019.  
En el Consenso Fiscal también se acordó que desde el 1 de enero de este año Edesur y Edenor pasen a estar sujetas a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires y de CABA, en línea con lo que ocurre con las distribuidoras eléctricas de las demás jurisdicciones, pero por ahora tampoco a habido novedades y Edesur y Edenor siguen reportando al Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) que depende del gobierno nacional.