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Reunión en la Secretaría de Energía
Distribuidoras cargan contra petroleras por la reforma del mercado del gas
17 de enero
2019
17 enero 2019
Alejandro Macfarlane, presidente de Camuzzi, cuestionó la decisión de acortar (de 75 a 30 días) el plazo de pago a las productores. La medida representa, en su opinión, una transferencia de renta a las petroleras. Reforma regulatoria en un negocio de $ 5000 millones mensuales.
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El gobierno recibió ayer a representantes del universo de empresas que componen el sector gasífero. Ejecutivos de productores, distribuidores y comercializadoras desfilaron ayer por distintos despachos del edificio de Hipólito Yrigoyen donde funciona el Ministerio de Hacienda y también la Secretaría de Energía. ¿El motivo? La discusión de la nueva regulación que prepara el gobierno para incentivar la recontractualización del mercado de gas. Son un conjuntos de normativas que modificarán los mecanismos de determinación de precios y tarifas del gas y establecen cambios importantes en el funcionamiento técnico-económico de la industria.

Las distribuidoras de gas —Metrogas, Naturgy (ex GasBAN), Camuzzi y EcoGas— se oponen enfáticamente a uno de los puntos que están sobre la mesa. Según los textos que sacó en consulta el Ejecutivo para que los privados realicen los comentarios del caso, las gasíferas ya no tendrán 75 días para pagar la factura del gas que le compran a las petroleras. A partir de marzo tendrán sólo 30 días, si se aprueba la nueva regulación. La decisión, que para el gran público puede parecer apenas una cuestión menor, afectará de lleno a la economía de las distribuidoras. ¿Por qué? Porque, en la práctica, las gasíferas tardan entre 62 y 70 días en cobrar el gas que entregan a hogares y comercios. Una vez que finaliza ese ciclo de recaudación abonan la factura de gas a productores. La reforma regulatoria que plantea el gobierno obligará, en los hechos, a las distribuidoras a recurrir a financiamiento externo para anticipar los pagos. 

Alejandro Macfarlane, presidente de Camuzzi, cargó duramente contra las petroleras por lo que entiende es una transferencia de renta desde el segmento de distribución al de la producción.

Macfarlane es dueño de Disvol, accionista mayoritario de Camuzzi.

“La decisión de acortar el plazo de pago a las petroleras (de 75 a 30 días) funciona como una transferencia de renta de las distribuidoras a las productoras. Nos están obligando a salir al mercado a financiarnos a una tasa del 50% anual, es decir, cerca de un 4,5% mensual, con el objetivo de que las petroleras de cubran de una eventual devaluación. En la práctica, si prospera este cambio regulatorio, las distribuidoras de gas transferirán recursos a las petroleras sin ningún sentido. No puede pasar algo así”, advirtió en diálogo con EconoJournal.

Financiamiento impagable

La visión del empresario refleja la posición del sector, según cotejó este medio a partir de un relevamiento entre empresas gasíferas. “No hay forma de financiar para pagar por anticipado a las petroleras. Lo que sucederá, si se aprueba esto, es que las petroleras directamente tomen el control del flujo de caja de las distribuidoras”, cuestionó el director de otra gasífera, que pidió la reserva de nombre.

Los montos en juego no son menores. Las distribuidoras pagan, en conjunto, unos $ 5000 millones mensuales por el gas que compran a las petroleras. La reforma las obligaría a salir a buscar financiamiento en la plaza local por unos $ 2000 millones para adelantar los pagos a las petroleras.

Ejecutivos de petroleras y distribuidoras estuvieron ayer analizando el texto en cuestión —denominado “Metodología de traslado a tarifas del precio de gas y procedimiento general para el cálculo de las diferencias diarias acumuladas»— con Carlos Casares, vocal primero del Enargas y enlace con la Secretaría de Energía y el Ministerio de Hacienda— y con Patricio Pinnel, hombre de confianza de Gustavo Lopetegui en la Secretaría.

Fuentes del sector petrolero señalaron que históricamente las distribuidoras pagaban a 30 días la factura de gas a los productores. Eso cambió en 2005 cuando se publicó la resolución 752 de la Secretaría de Energía, que mediante un proceso de unbundling le quitó a las gasíferas la venta de gas a industrias y se lo transfirió al productor o comercializador. “Hasta ese momento, las distribuidoras tenían dos vías de ingresos: los grandes usuarios de la industria, que pagan a 30 días, y el segmento R (residencial), que pagaba a 60. Con lo que facturaban a la industria aseguraban la caja para pagar a las petroleras. Hoy su situación es más endeble”, reconoció el gerente de una petrolera. “Sólo tienen una vía de ingreso por la venta de gas a hogares y comercios. Y además la factura bimensual tiene dos troqueles mensuales (por decisión de la actual administración). Eso también afecta su flujo de caja”, agregó.

 

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